La coordinación con Gendarmería de Chile y las condiciones de seguridad e infraestructura de los recintos donde se cumplen sanciones juveniles concentraron la exposición del Ejecutivo ante la Comisión de Desarrollo Social. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, y la directora del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, detallaron el funcionamiento de los centros y admitieron problemas de coordinación institucional, seguridad y habitabilidad, junto con las medidas que se encuentran en curso.
LA FOTO DEL SISTEMA
Según las cifras entregadas por el servicio, a septiembre de 2026 la institución atendió a 8.334 adolescentes y jóvenes en todo el país. De ese total, 1.481 cumplen medidas o sanciones privativas de libertad, y cerca de la mitad de ellos tiene 18 años o más. La entidad opera con 18 centros privativos de libertad y más de 220 programas distribuidos a nivel nacional.
COORDINACIÓN CON GENDARMERÍA
Uno de los puntos que abordó el subsecretario fue el vínculo entre el servicio y Gendarmería de Chile. Explicó que la custodia perimetral de los centros está a cargo de Gendarmería, mientras que el servicio administra el funcionamiento interno. Aunque esa división exige altos niveles de coordinación operativa, reconoció que en la práctica no siempre se alcanza de manera eficiente.
Por eso anunció el trabajo en un convenio destinado a formalizar y reforzar la colaboración entre ambas instituciones, con especial énfasis en materias de seguridad.
SEGURIDAD E INFRAESTRUCTURA
Silva manifestó preocupación por situaciones detectadas en distintos recintos: ingreso de elementos prohibidos, conflictos al interior de los centros y condiciones que afectan la seguridad tanto de funcionarios como de los usuarios. Destacó que en algunos establecimientos se implementaron medidas para reforzar los controles de acceso y reducir vulnerabilidades operativas.
Faúndez, en tanto, expuso los resultados de evaluaciones que arrojaron televigilancia insuficiente, conflictos críticos entre jóvenes, agresiones al personal, redes de emergencia sin certificación vigente y deficiencias en infraestructura básica. Para enfrentarlos, el servicio impulsa planes de modernización de los sistemas de control de ingreso, fortalecimiento de la seguridad y certificación de las redes de emergencia.
En materia de infraestructura, los diagnósticos identificaron baños y duchas en mal estado, filtraciones, falencias en calefacción y agua caliente, e instalaciones que no responden adecuadamente a las necesidades de habitabilidad de adolescentes y funcionarios.
INVERSIONES
Para hacerse cargo de esas brechas, la directora informó que el servicio contempla inversiones por más de $2.700 millones durante 2026 y más de $5.100 millones para 2027. Los recursos se destinarán a reparaciones estructurales, normalización eléctrica, mejoras en los sistemas de agua caliente y otras intervenciones en distintos centros del país.
DESAFÍOS PROGRAMÁTICOS
En el plano de la intervención, las evaluaciones detectaron talleres socioeducativos insuficientes, escasa capacitación laboral, rezago escolar y dificultades para asegurar la continuidad de las intervenciones. También se advirtieron listas de espera y limitaciones en los programas de tratamiento del consumo de drogas. Frente a ello, el servicio desarrolla nuevas estrategias de intervención, alianzas para ampliar los talleres y medidas orientadas a sostener la continuidad educativa y formativa de los jóvenes.
MAYORES DE EDAD Y CAPACIDAD FUTURA
Otro desafío planteado es el aumento de personas mayores de edad que cumplen condenas dentro de los centros de reinserción social juvenil. La autoridad sostuvo que la convivencia entre jóvenes de distintas edades genera complejidades y que el Ejecutivo trabaja para potenciar el uso de secciones juveniles en recintos penales de adultos, con el fin de reducir esa situación.
Asimismo, indicó que una eventual modificación al régimen de responsabilidad penal adolescente podría elevar el número de jóvenes sujetos a sanciones privativas de libertad. Por eso, el Ministerio de Justicia y el servicio ya trabajan en la planificación de capacidades e infraestructura para responder a futuros requerimientos del sistema.
INQUIETUDES DE LOS DIPUTADOS
Durante la sesión, las y los diputados plantearon inquietudes sobre el sistema. Pidieron más antecedentes sobre las cifras de reincidencia juvenil, con una mirada de largo plazo que permita evaluar su evolución como política de Estado. También expresaron preocupación por las condiciones de seguridad en los centros y por las dificultades que ha enfrentado la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, en particular respecto de la disponibilidad y contratación de profesionales.
Ante esas consultas, la comisión acordó solicitar un informe detallado por región que aborde cada uno de estos temas.
En nuestra lectura, la exposición deja a la vista un sistema que todavía ajusta piezas entre dos instituciones con responsabilidades entrelazadas, y que reconoce sus brechas de infraestructura con montos y diagnósticos concretos. Parece razonable que el informe por región solicitado por la comisión sea la instancia para dimensionar esas diferencias antes de discutir nuevas capacidades.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/10/27/reinsercion-social-juvenil-exponen-desafios-en-seguridad-e-infraestructura/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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