El pleno de la Corte Suprema resolvió los cinco procedimientos de remoción abiertos contra integrantes del Poder Judicial. El resultado: tres magistrados removidos y dos solicitudes rechazadas, todo sobre la base del artículo 80 de la Constitución Política de la República. La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, dio cuenta del acuerdo en un punto de prensa difundido por el canal de YouTube Poder Judicial Chile.
Chevesich recordó que la deliberación se inició el 19 de octubre y que en esa fecha no pudo concluirse porque el ministro Contreras se encontraba con feriado legal. En la sesión de este 28 de octubre se computó su voto, sin que el ministro supiera cómo se habían pronunciado los otros 17 integrantes del pleno.
El detalle del acuerdo es el siguiente: se aprobó por unanimidad la remoción de un integrante del Poder Judicial, por no mantener el buen comportamiento que exige la norma constitucional invocada; por votación dividida se aprobó la remoción de otros dos, por la misma consideración. En tanto, se rechazaron dos solicitudes: una porque no reunió la mayoría de los miembros del pleno, y otra porque el afectado no tenía la calidad de juez al momento de tomar el feriado médico con el que viajó al extranjero.
Los procedimientos, explicó la presidenta, venían demorados porque habían sido suspendidos por orden del Tribunal Constitucional mientras ese órgano conocía requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por los propios jueces.
ESCRITO SOBRE EL ORDEN DE VOTACIÓN
Consultada por un escrito del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, relativo al orden de la votación, Chevesich precisó que el pleno fue convocado únicamente para terminar el proceso iniciado el 19 de octubre. Añadió que el documento fue dado a conocer por el relator, pero se estimó que su análisis corresponde a una sesión ordinaria que se citará en su oportunidad.
Frente a la consulta sobre la confianza del tribunal en el respeto al debido proceso, considerando que investigados y removidos han anunciado recursos ante organismos internacionales, la presidenta enumeró las actuaciones realizadas: informes pedidos a los jueces afectados y a las respectivas Cortes de Apelaciones, incorporación de las hojas de vida y lectura de un informe en audiencia pública. En esa instancia, agregó, cada inculpado pudo exponer sus argumentos de forma personal, por tratarse de abogados, o mediante representante legal, todo conforme a la regla constitucional.
Respecto del fuero gremial invocado por algunos magistrados, señaló que la materia se planteó en su momento y se concluyó que no resulta aplicable en este caso.
Ante la insistencia de los medios por conocer la identidad de los removidos, la presidenta mantuvo la postura del tribunal: los nombres no se divulgarán mientras las resoluciones no estén dictadas y se harán públicos en su oportunidad, conforme al acuerdo que regula este tipo de procedimientos.
HACIENDA, TRIBUNALES AMBIENTALES Y DOTACIÓN
Consultada por la reunión que el ministro Quiroz mencionó durante ENADE, Chevesich afirmó que se trató de una audiencia agendada, solicitada por el titular de Hacienda, para abordar la demora en causas de los tres tribunales ambientales del país que, estando en estado de sentencia, no registraban resolución. Contó que conversó antes con la ministra visitadora de esos tribunales, González, quien compartía la preocupación, y que propuso levantar un diagnóstico y sostener un encuentro.
En esa cita estuvieron el titular de Hacienda con su jefe de gabinete, la autoridad de la cartera de Medio Ambiente, la mencionada ministra visitadora y la propia presidenta. Chevesich subrayó que los tribunales ambientales permanecieron largo tiempo sin dotación completa y que ese proceso concluyó con el nombramiento de ministros titulares unas semanas antes. Adelantó nuevas reuniones para evaluar de qué manera apoyar la labor de esos órganos.
En la misma línea, dijo haber planteado las demoras en la dictación de resoluciones en los tribunales ordinarios, atribuidas a una dotación insuficiente y no reforzada orgánicamente, a leyes que impactaron las competencias de familia y penal y al aumento de la población y de la demanda. Sostuvo que se requiere presupuesto para ese objetivo, que el monto asignado al Poder Judicial no resulta del todo suficiente y que desde febrero mantiene un plan para la tramitación oportuna de las causas.
ACUSACIONES CONSTITUCIONALES Y RESERVA DE AMPAROS
Sobre la controversia por las rebajas de penas, se le consultó por los dichos del presidente del Partido Libertario, Johannes Kaiser, quien planteó extender una eventual acusación constitucional contra la ministra Rabat a los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema que sostienen la misma postura. La presidenta respondió que el Congreso Nacional, y en particular los diputados, tienen la facultad de presentar acusaciones constitucionales, y que no le corresponde comentar esa materia.
También se le preguntó por la solicitud de la Subsecretaría de Justicia para que algunas acciones de amparo de condenados por violaciones a derechos humanos que buscan rebajas de pena se tramitaran con reserva. Chevesich indicó que no es la primera vez que toma conocimiento de una situación de ese tipo, que la transparencia es el principio orientador del Poder Judicial y que, si no existe norma que establezca reserva legal, no advierte cómo podría aplicarse.
Frente a la consulta sobre el criterio para analizar esas solicitudes y el peso de la legislación nacional y de tratados como el Estatuto de Roma, señaló que el máximo tribunal, y en particular la Segunda Sala, aplica el principio de convencionalidad, y que estima que así se ha recogido en cada una de las decisiones adoptadas sobre la materia.
En nuestra lectura, la comparecencia muestra a un tribunal que distingue con cuidado entre lo que comunica y lo que resguarda. Parece razonable que ese límite quede explicitado cada vez que el pleno enfrenta procedimientos de esta naturaleza.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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