El exministro de Justicia José Antonio Gómez calificó como «un tanto confusas» las explicaciones entregadas por el Ejecutivo a raíz de las rebajas de condena que han beneficiado a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, y evaluó el futuro del actual titular de la cartera, Fernando Rabat, en medio de la polémica.
En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el extitular de la cartera abordó el debate público que se ha generado en torno a estas rebajas y cuestionó tanto la respuesta del Gobierno como el rol de los tribunales y de la comisión que revisa estos casos.
SOBRE LAS EXPLICACIONES DEL EJECUTIVO
A juicio de Gómez, la forma en que el Ejecutivo ha enfrentado el asunto no ha sido la adecuada. Sostuvo que lo que corresponde es asumir el problema de manera directa: «uno tiene que afrontar los problemas de golpe y decir, ‘bueno, me equivoqué, voy a hacer todo lo posible por corregirlo’».
En esa línea, consideró «difícil de entender» que el Gobierno entregue explicaciones en este caso. También apuntó a un elemento que, según dijo, ha molestado incluso a sectores del oficialismo: «a veces los decretos se firmaban después de que había un recurso judicial que lo obligaba, y que no había sido una política».
LOS DECRETOS QUE NO FIRMÓ EN 2015
El exministro recordó que debió enfrentar una situación similar en 2015, cuando asumió como ministro de Justicia durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Explicó que hubo 500 decretos que resolvió no suscribir: «yo finalmente decidí, por el análisis que hacía de los antecedentes, que no los iba a firmar».
Según su relato, esos decretos no cumplían con el objetivo de la ley. Esa decisión, agregó, derivó en una gran cantidad de amparos y en una disputa intensa con la Corte Suprema, porque, en su opinión, el tribunal «interpretan equivocadamente la ley» tanto en esa época como hasta hoy.
Sobre ese punto, afirmó que la interpretación de los tribunales no es única y que por eso resulta relevante insistir en la oposición a los decretos. «Es muy importante que se entienda que nadie está obligado a firmar nada, porque no hay jurisprudencia», planteó, añadiendo que en su periodo no hubo fallos favorables al Ministerio de Justicia.
A su juicio, el escenario actual presenta diferencias: «ahora sí hay fallos disidentes que establecen que este es un beneficio y no es un derecho y se deben cumplir esos requisitos y se han rechazado».
LA COMISIÓN Y EL REGLAMENTO PENITENCIARIO
Gómez también dirigió sus críticas hacia la comisión que revisa las rebajas de condenas. Afirmó que ese órgano, desde su época hasta el presente, opera mediante un checklist y no asume responsabilidad. Por eso propuso modificar el reglamento penitenciario de inmediato, con dos objetivos: obligar a la instancia a explicitar las razones por las que deja en libertad a personas como las involucradas en estos casos y exigir que sus votaciones sean unánimes, ya que actualmente se define por mayoría.
«Hay que buscar soluciones inmediatas, porque si no van a seguir saliendo violadores de niños y violadores de derechos humanos como está pasando», advirtió.
Junto con ello, distribuyó responsabilidades hacia el Poder Judicial. «Uno de los grandes responsables de esto también son los tribunales. En este caso no, porque se firmó directamente, pero cuando los propios tribunales te ordenan liberar a estas personas hay una responsabilidad también de ellos», señaló.
RABAT Y LA PRESIÓN POLÍTICA
Consultado por la eventual salida del ministro Fernando Rabat a través de presiones, Gómez describió el funcionamiento del mundo político: «el ámbito de la política es implacable». «Nadie es cariñoso en política, sobre todo con los antecedentes», agregó.
Reconoció, eso sí, que el secretario de Estado mantiene una buena relación con el Congreso y anticipó que «probablemente va a sobrevivir a la acusación constitucional«. Aun así, advirtió que ello no lo libraría de las presiones derivadas de la polémica. En su análisis, la responsabilidad política recae en el ministro Rabat y también en la comisión que revisa las rebajas de condenas.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
El caso pone sobre la mesa la discusión sobre la naturaleza jurídica de las rebajas de condena, que Gómez describe como un beneficio y no un derecho, y sobre el margen de las autoridades para oponerse a los decretos respectivos. También instala la discusión acerca del estándar de fundamentación y de la regla de votación de la comisión que revisa estos casos, hoy por mayoría, y la posibilidad de exigir unanimidad mediante una modificación al reglamento penitenciario.
En nuestra lectura, la intervención de un exministro de Justicia en un caso que combina decisiones administrativas, órdenes judiciales y presión política muestra que las soluciones puramente comunicacionales parecen insuficientes frente a un problema que la fuente describe con aristas en varios órganos del Estado. Sería prudente que la discusión pública se detenga en el diseño de los procedimientos antes que en las responsabilidades individuales.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/27/nadie-esta-obligado-a-firmar-nada-exministro-gomez-dice-que-rabat-sobreviviria-una-ac-pero-no-la-presion-politica/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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