Las reducciones que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla para los ministerios de Agricultura y de Energía son el eje de una columna firmada por Beatriz Bustos Gallardo y Daniella Gac Jiménez, académicas de la Universidad de Chile, publicada en Diario y Radio Universidad de Chile. Las autoras sostienen que la discusión presupuestaria no se agota en las cifras: detrás de cada partida que sube o baja hay prioridades, modelos de desarrollo y definiciones sobre qué territorios y poblaciones reciben la atención del Estado.
LOS RECORTES EN AGRICULTURA
En el sector agrícola, el texto consigna una disminución de 15,2% en los ingresos totales de INDAP y caídas de 33,7% y 42,2% en los recursos de PRODESAL y PDTI, respectivamente, medidas en comparación con 2026. Para las firmantes, el caso de PRODESAL merece atención particular, porque se trata de una de las principales vías por las que el Estado llega a localidades donde su presencia es limitada.
PRODESAL Y SU HISTORIA DE EVALUACIÓN
La columna reconoce que el programa arrastra una historia compleja en materia de evaluación presupuestaria: la Dirección de Presupuestos (DIPRES) cuestionó en evaluaciones anteriores aspectos de su diseño, implementación y resultados, lo que a juicio de las autoras evidencia la necesidad de revisarlo. También consigna que para 2027 su reformulación obtuvo una recomendación favorable de DIPRES. Aun así, plantean que la importancia del programa no se reduce a la asistencia técnica ni a los resultados productivos, sino que abarca la continuidad del acompañamiento, la articulación local y los vínculos construidos con las comunidades, y preguntan qué señal deja en esos territorios una reducción de esta magnitud.
EL CONTRASTE CON OTRAS PARTIDAS
Las académicas advierten que, a seis meses del inicio de la actual administración, todavía no se conocen orientaciones claras sobre el lugar que se asigna a la agricultura familiar campesina e indígena (AFCI) en la gestión. En ese marco escriben que «el Estado habla a través de su presupuesto»: mientras caen los recursos para ese segmento, el proyecto contempla un aumento de 53,2% en las partidas asociadas a las inspecciones de exportaciones silvoagropecuarias del SAG y de 38% en el programa de manejo del fuego de CONAF. Sobre ese punto precisan que ambas funciones son necesarias y no excluyentes, y que la pregunta relevante es qué lugar ocupa la agricultura que sostiene las economías locales, la producción de alimentos y la vida cotidiana de miles de familias rurales.
UNA TRAYECTORIA INSTITUCIONAL
El texto sitúa la discusión en una trayectoria más larga. Desde el retorno a la democracia, Chile fue construyendo una institucionalidad de desarrollo rural que atravesó administraciones de distinto signo político, con aportes de los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera a los instrumentos de apoyo a la pequeña agricultura, al desarrollo local y a la infraestructura productiva. Ese recorrido coexistió con la consolidación de un modelo agroexportador, y las autoras observan que ambas orientaciones no avanzaron de manera equivalente: la competitividad agroalimentaria se consolidó como prioridad económica, mientras el desarrollo rural quedó frecuentemente subordinado a programas fragmentados. La Política Nacional de Desarrollo Rural, aprobada en 2020, recogió parte de esa mirada, pero persiste una brecha entre ese reconocimiento y una acción pública capaz de abordar integralmente las necesidades de esos territorios.
ENERGÍA Y TERRITORIOS RURALES
La misma tensión aparece en la cartera de Energía. Las partidas analizadas muestran reducciones de entre 36% y 49% en recursos para energías renovables no convencionales y energización rural, mientras la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aumentaría su presupuesto en 4,7%. Las firmantes subrayan que la transición energética es necesaria frente a la crisis climática, pero que su despliegue ocurre en espacios donde se desarrollan actividades agrícolas, existen comunidades, hay sistemas hídricos y se mantienen relaciones históricas con el paisaje. De ahí que vinculen la soberanía alimentaria con la competencia por el suelo y los cambios en el acceso al agua, y adviertan que las reducciones propuestas en programas clave le quitan al Estado capacidad para liderar esa conversación.
EL CRITERIO DEL PRESUPUESTO
Hacia el cierre, la columna afirma que los territorios rurales son estratégicos para producir alimentos, generar energía, sostener las exportaciones y conservar ecosistemas, pero que esa importancia económica no se traduce automáticamente en mejores condiciones de vida ni en mayores capacidades de decisión para quienes los habitan. Las autoras concluyen que el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 es una oportunidad para discutir qué lugar ocuparán esos territorios en las prioridades del Estado y qué concepción del desarrollo orienta esas decisiones.
En nuestra lectura, el contraste entre las partidas que se reducen y las que se amplían permite seguir la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 con una pregunta concreta sobre las capacidades institucionales que se decide sostener. Sería prudente que ese debate considere tanto las cifras como las alertas que las autoras formulan sobre el acompañamiento en terreno.
Beatriz Bustos Gallardo es profesora asociada del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Daniella Gac Jiménez es académica del Departamento de Gestión e Innovación Rural de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la misma casa de estudios y del Centro de Investigación para la Transformación Agroalimentaria (CITAGRO), centro de interés nacional financiado por ANID. El texto original consigna que el contenido de la columna es de exclusiva responsabilidad de sus autoras y no refleja necesariamente la posición del medio.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/23/ruralidades-lo-que-el-presupuesto-revela-y-las-tensiones-que-no-resuelve/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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