Una radiografía de causas abiertas y cerradas, antecedentes penales y hasta datos de Interpol, ofrecida en dólares y con presencia en 16 países de América Latina, quedó bajo la lupa del Ministerio Público. La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) presentó una denuncia criminal para que se investigue a verificajudicial.com, plataforma que, según la entidad, ofrecería antecedentes obtenidos desde el sistema informático de la judicatura nacional.
LA DENUNCIA
El paso lo dio la CAPJ después de recibir tres denuncias bajo reserva de identidad. Con ese material, la corporación interpuso la presentación ante el organismo persecutor penal y solicitó que se indague a la empresa que ofrece servicios de búsqueda de antecedentes de causas abiertas y cerradas, los que obtendría desde el sistema informático del Poder Judicial.
La presentación ya fue remitida a la Fiscalía Regional Centro Norte, que quedará a cargo del caso.
QUÉ SE PIDE AL MINISTERIO PÚBLICO
La CAPJ requirió que se establezca si la información que comercializa la firma proviene del sistema del PJUD u otros organismos públicos. También pidió determinar si la empresa ejecutó “consultas automatizadas, accesos no autorizados, uso indebido de credenciales u otros mecanismos para obtenerla”.
Junto con ello, la corporación solicitó identificar “a quienes administran u operan la plataforma y quiénes participan en la obtención, almacenamiento, procesamiento y comercialización de los datos”. El objetivo declarado es que la fiscalía establezca si los hechos constituyen o no un delito.
LA PLATAFORMA
El sitio www.verificajudicial.com ofrece, para el caso chileno, información judicial actual, antecedentes penales, revisiones sobre Personas Políticamente Expuestas (PPE) y acceso a datos de Interpol y el FBI. Todo a cambio de un pago en dólares, y con operación en 16 países de América Latina.
De acuerdo con Infobae, verificajudicial.com “se conecta automáticamente a miles de bases de datos oficiales: tribunales, fiscalías, organismos policiales, unidades de inteligencia financiera y listas internacionales de sanciones”.
La vocera de la plataforma, citada por ese medio, sostuvo: “Nuestra tecnología unifica fuentes oficiales y las pone al alcance de cualquier persona o empresa en cuestión de segundos”.
LAS DENUNCIAS ANÓNIMAS
Una de las denuncias que llegó a la casilla de la CAPJ advierte que la web aludida y la ejecución de su negocio “podría constituir un aprovechamiento comercial de información judicial y generar confusión en los usuarios respecto de si se trata o no de un servicio oficial”.
El mismo escrito plantea que “esta situación podría afectar el derecho a la protección de los datos personales y a la vida privada de las personas”.
Otro recurrente fue más lejos: indicó que se encontraba directamente afectado “en su vida privada y honra” por los antecedentes que manejaba, perfilaba y difundía la plataforma. En ese sentido, aseguró que el servicio opera “mediante consultas automatizadas y sistemáticas”.
EL ANTECEDENTE DE JULIO
La CAPJ sostiene que no habría detectado consultas a gran escala de datos internos. Sin embargo, en julio pasado se conoció un episodio de ingreso de 38 mil solicitudes para el desarchivo de causas civiles y renuncias al patrocinio de empresas de cobranza, sin que la oficina judicial virtual lo hubiera impedido, lo que colapsó el sistema.
En su momento, distintos actores jurídicos y políticos apuntaron al uso de inteligencia artificial. Con el paso de los días, en cambio, se estableció el uso de un “agente externo” que automatizó un trámite procesal que se realiza caso a caso.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para los operadores jurídicos, la presentación es relevante en un doble plano. Por un lado, instala ante la Fiscalía Regional Centro Norte la pregunta por el origen de datos que la plataforma presenta como antecedentes verificados de causas judiciales. Por otro, pone el foco en los efectos que ese uso puede tener sobre la vida privada y la honra de las personas cuyos datos aparecen perfilados y difundidos, según los propios denunciantes.
Conviene precisar el estado del asunto: se trata de una denuncia criminal que solicita diligencias. La CAPJ no afirma que exista delito, sino que pide a la fiscalía determinarlo, junto con identificar a quienes operan la plataforma y participan en el tratamiento de la información.
En nuestra lectura, el caso muestra una tensión que el mundo legal chileno observará con atención: la distancia entre un servicio que se presenta como acceso ágil a información pública y la sospecha de que esa misma información pudo obtenerse por vías no autorizadas. Parece prudente, en todo caso, no adelantar conclusiones sobre la existencia de un ilícito.
Fuente: 24horas.cl
Documento original: https://www.24horas.cl/informe-especial/codigo/poder-judicial-pide-a-fiscalia-indagar-a-web-internacional-por-supuesto
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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