La solicitud de indulto y el posterior fallecimiento del exlautarista Juan Aliste Vega pusieron nuevamente en el debate la posibilidad de que el Gobierno excarcele a militares y carabineros condenados por violaciones a los derechos humanos. Mientras el Ejecutivo evita adelantar fechas o criterios para concretar los indultos, tal como se lo han solicitado voces oficialistas, desde la oposición advierten que la medida constituiría una señal de impunidad.
Este martes 13 de octubre, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó que el Gobierno sienta una presión política desde los mismos partidos que lo apoyan para indultar. Según el secretario de Estado, hay un «derrotero» y una «forma de trabajo» fijados en esta materia que, a su juicio, «es delicada, y por lo tanto, hay que actuar sobre la base del caso a caso, sobre la base de los antecedentes que se recuperen y sobre la base de la convicción que con mucha precaución se adopte».
EL GOBIERNO EVITA PLAZOS Y CRITERIOS
En esa misma línea, Rabat evitó adelantar si es que se usará un «criterio humanitario», que permitiría excarcelar a reos por su situación de salud o incluso su edad avanzada, y recalcó que «no hay plazos fijados». «Lo ideal es poder resolverlo lo antes posible, porque entendemos que hay un interés legítimo de la ciudadanía», dijo.
LAS PRESIONES Y LOS PROYECTOS DE INDULTO
Las presiones para indultar a carabineros condenados por hechos del estallido social han sido recurrentes durante los últimos meses. En agosto, un grupo de senadores desde el Partido Nacional Libertario (PNL) hasta Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de indulto general. En el Congreso, además, hay otra iniciativa impulsada por el senador republicano Enrique Bassaletti, que promueve el indulto por razones humanitarias y podría beneficiar a violadores de derechos humanos durante la dictadura.
Todo lo anterior se intensificó luego de la solicitud de indulto de Juan Aliste Vega: condenado a 42 años de cárcel por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, pero que terminó falleciendo producto de un cáncer terminal. Su petición fue apoyada la semana pasada por el Partido Republicano.
EL CASO ALISTE VEGA Y LA POSTURA DE ROJO EDWARDS
El senador de la bancada de Renovación Nacional (RN) y exmilitante de Republicanos, Rojo Edwards, afirmó que respeta la idea del Gobierno de ir caso a caso y de no implementar un indulto general a uniformados condenados por hechos del estallido social.
Sin embargo, el senador también recalcó que lo «razonable» y lo que espera es que los indultos se concreten antes de final de año y que el 18 de octubre «pueda terminar siendo una fecha simbólica para empezar el proceso tanto de los indultos de carabineros por el estallido», como los que podrían beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura.
«No puede ser que se esté muriendo gente en la cárcel sin recibir la atención y no poder pasar los últimos días con su familia», agregó.
UNA SEÑAL DE IMPUNIDAD
En la oposición el rechazo a los indultos es categórico. La diputada del Frente Amplio (FA) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Fries, señaló que el Presidente José Antonio Kast debe tomar una decisión clave: «Si está por respetar las obligaciones legales que hay en esta materia, y que prohíben indultar a quienes hayan cometido violaciones graves de los derechos humanos, ya sea durante la dictadura o durante el estallido social, o dar una señal de impunidad».
Por su parte, la diputada del Partido Comunista (PC) y expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, criticó el «supuesto apoyo» del Partido Republicano al indulto de Aliste Vega. A su parecer, es un «aprovechamiento inmoral, descarado, sabiendo que ese indulto no se iba a dar y generando comunicacionalmente una idea de que respecto a todos se debe actuar por razones humanitarias».
«Eso es una gran mentira. Ellos no quieren indultos para la gente. Ellos quieren liberar a los genocidas, violadores de derechos humanos. Este Gobierno tiene comprometida su palabra con los violadores de derechos humanos», insistió.
La discusión que se abre ahora es política y judicial: el Ejecutivo mantiene sin plazos ni criterios definidos la eventual aplicación de indultos, mientras la oposición advierte que la medida constituiría una señal de impunidad.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/13/indultos-gobierno-descarta-presiones-oficialistas-y-oposicion-advierte-que-serian-una-senal-de-impunidad/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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