Un grupo transversal de diputados oficialistas, libertarios y del Partido de la Gente envió una carta al Presidente José Antonio Kast para solicitarle que evalúe y conceda indultos particulares a funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. La misiva busca que el mandatario use sus atribuciones constitucionales para beneficiar a uniformados que actuaron en el contexto de la crisis iniciada el 18 de octubre de 2019.
La solicitud, firmada por parlamentarios de Republicanos, Chile Vamos, el Partido Social Cristiano, el Partido Libertario y el Partido de la Gente, plantea que el Estado debe considerar de manera integral las circunstancias excepcionales en las que estos funcionarios desempeñaron sus labores. Los diputados argumentan que las extensas jornadas, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en medio de violencia generalizada son factores que deben ser ponderados.
LA SOLICITUD FORMAL
El escrito dirigido al Presidente Kast comienza señalando que los parlamentarios se dirigen respetuosamente para pedir que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, se evalúe y conceda el indulto particular a los funcionarios de Carabineros de Chile, de Orden y de las Fuerzas Armadas. La petición alcanza a quienes hayan sido condenados por hechos vinculados al cumplimiento de sus funciones durante los graves acontecimientos iniciados el 18 de octubre de 2019.
La misiva recuerda que Chile enfrentó una de las crisis más complejas de su historia reciente. Miles de funcionarios fueron desplegados para proteger a la ciudadanía, resguardar el orden público, defender infraestructura crítica y enfrentar hechos de violencia que pusieron en riesgo la seguridad y la institucionalidad democrática del país.
LOS FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN
Los firmantes aclaran que la solicitud no pretende desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales. El objetivo, precisan, es que el Estado considere de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios, incluyendo las instrucciones recibidas, las extensas jornadas de servicio, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en un contexto de violencia generalizada.
Además, piden que respecto de aquellos funcionarios cuyas causas aún estén pendientes se impulsen las medidas legales que correspondan, respetando plenamente la independencia de los tribunales y el debido proceso. La idea, según el texto, es asegurar una solución justa y proporcional.
Los diputados reafirman su compromiso con la democracia, el estado de derecho y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. Sostienen que proteger a quienes tienen la misión de resguardar a Chile también constituye una responsabilidad del Estado.
LOS FIRMANTES
La carta está suscrita por 27 parlamentarios. Entre ellos aparecen Claudia Mora, René Manuel García, Rodrigo Ramírez, Daniel Valenzuela, Carlos Chandía, Francisco Orrego, Eduardo Durán y Juan Carlos Beltrán, todos de Renovación Nacional. Por la UDI firman Alejandro Valdebenito, Sergio Bobadilla, Omar Sabat, Marco Antonio Sulantay y Ricardo Neumann.
Del Partido Republicano suscriben Carlo Arqueros, Javiera Rodríguez, Valentina Becerra, Enrique Bassaletti y Fernando Ugarte. Por el Partido Libertario aparecen Pier Karlezi, Hans Marowski, Germán Verdugo, Cristóbal Urruticoechea, Álvaro Jofré y Erich Grohs. También firman Francesca Muñoz del Partido Social Cristiano y Alex Nahuelquín y Patricio Briones del Partido de la Gente.
El grupo representa un espectro político amplio dentro del oficialismo y sectores afines, con énfasis en partidos de derecha y libertarios. La iniciativa se produce en un momento en que las causas judiciales vinculadas a violaciones de derechos humanos durante el estallido social siguen generando debate público y jurídico.
La petición de indulto se enmarca en las facultades que la Constitución y las leyes chilenas entregan al Presidente de la República para conceder este tipo de beneficios. El indulto particular es una medida de gracia que extingue la pena impuesta por sentencia firme, sin eliminar la existencia del delito ni la responsabilidad declarada por los tribunales.
La misiva no entrega una lista de beneficiarios específicos ni detalla causas concretas, sino que plantea una solicitud general para todos los funcionarios que cumplan con las condiciones descritas. Tampoco se pronuncia sobre casos particulares en trámite, aunque insta a impulsar medidas legales para aquellos procesos aún pendientes.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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