La ausencia del proyecto de inteligencia económica de la agenda de seguridad del Ejecutivo marcó el inicio de la sesión de la Comisión Mixta del Boletín 15975-25, celebrada el 2 de septiembre de 2026. La instancia, transmitida por TVSenado Chile, reunió a senadores y diputados con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para revisar las discrepancias en torno a la iniciativa que busca perseguir el dinero del crimen organizado.
El proyecto nació de un mensaje del Ejecutivo ingresado el 31 de mayo de 2023. El Senado lo aprobó en particular el 25 de marzo de 2025; la Cámara de Diputados hizo lo propio en general el 5 de marzo de 2026, con modificaciones, y el Senado terminó rechazando esos cambios el 9 de junio de 2026. Ese bloqueo dio paso a la comisión mixta.
De acuerdo con la exposición de Vallebona, el texto busca seguir la ruta del dinero para desarticular la base financiera de delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el terrorismo. Para ello, crea un sistema de análisis integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
EL SISTEMA Y SUS HERRAMIENTAS
El diseño del proyecto contempla la entrega de facultades a esos servicios para recopilar, analizar e intercambiar datos personales, no personales y sensibles, bajo un régimen de reserva administrativa. El texto excluye expresamente el ejercicio de atribuciones propias del Ministerio Público o de los tribunales de justicia y mantiene la obligación de derivar antecedentes penales a esos órganos. También establece alertas tempranas, matrices de riesgo y modelos de análisis de conducta para anticipar escenarios delictivos. Se añade, además, una exención a la obligación general de denuncia del artículo 165 del Código Penal respecto de hechos ya informados al sistema.
Una de las normas más sensibles es la que modifica la Ley 19.913, que creó la UAF. El proyecto mantiene la solicitud de levantamiento del secreto bancario ante un juez de Corte de Apelaciones, con resolución en un plazo de tres días. Pero incorpora una vía excepcional: la UAF podrá pedir información directamente, sin autorización judicial, para analizar operaciones sospechosas que comprometan a personas jurídicas, a funcionarios públicos o a operaciones reportadas por bancos.
Ese punto es, junto con las reglas sobre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el comité estratégico del sistema, uno de los que la comisión mixta deberá resolver. La CMF, a diferencia de la UAF, mantiene la exigencia de autorización judicial previa. En el SII, en tanto, se contemplan medidas para diferir o revocar la autorización de facturas ante sospechas y multas más altas por documentación falsa. El proyecto también eleva los requisitos para controladores de bancos y aseguradoras e introduce reglas sobre máquinas de juego.
LAS RESERVAS DE LOS PARLAMENTARIOS
El senador Castro fue el primero en tomar la palabra. Cuestionó que la iniciativa no figure entre los 23 proyectos de seguridad anunciados por el Ejecutivo semanas antes, pese a haber recibido urgencia máxima el 7 de julio. A su juicio, el caso Operación Tokyo mostró cómo el crimen organizado avanzó en la infiltración del sistema financiero: mencionó transacciones por más de 80 millones de dólares, la participación del Tren de Aragua y a un alto ejecutivo de un banco local. Frente a ese escenario, preguntó si corresponde habilitar un mecanismo de congelamiento de cuentas ante señales de operaciones sospechosas, para actuar de forma anticipada y no solo cuando el delito ya se cometió.
La presidencia de la comisión sostuvo que nadie en la sala está contra el secreto bancario y que el problema es quién lo ejecuta. Planteó la necesidad de avanzar en el congelamiento de activos, en plazos más rigurosos para los bancos y en sanciones ante respuestas tardías. El senador Vial, por su parte, criticó que la ley actual solo exija a los bancos responder en el menor tiempo posible y pidió plazos definidos para las entidades y también para la UAF.
El diputado Cretón entregó antecedentes sobre el uso de la herramienta judicial: entre 2017 y agosto de 2025, la UAF presentó 64 solicitudes de levantamiento de secreto bancario y 63 fueron acogidas, lo que arroja un promedio inferior a cuatro por año. Para el diputado, la lentitud no está en los tribunales sino en la etapa administrativa. Citó al fiscal Ignacio de Barros, quien habría afirmado que los levantamientos solicitados siempre fueron concedidos.
El diputado Sorador diferenció el levantamiento en sede administrativa del que se tramita en una investigación penal. Explicó que la Cámara aprobó la facultad solo para personas jurídicas, funcionarios públicos y operaciones reportadas por la propia UAF, y señaló que la demora está en la preparación de los requerimientos, que puede tomar seis u ocho meses. Propuso evaluar una comunicación al tribunal y una regla para que la información tributaria obtenida por esa vía no pueda fundar después un procedimiento sancionatorio tributario. También preguntó directamente cuál es la posición del Ejecutivo frente al proyecto.
Al cierre, la presidencia anunció que las consultas continuarán en próximas sesiones, con la participación del ministro del ramo, y planteó la formación de una mesa de asesores para buscar un acuerdo.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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