Gobierno estudia postergar la entrada en vigencia de la ley de protección de datos personales
El gobierno está en conversaciones con parlamentarios para evaluar la viabilidad de presentar un proyecto que postergue en hasta un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales, despachada por el Congreso en agosto de 2024. La ley comienza a regir el próximo 1 de diciembre y establece obligaciones para servicios públicos y empresas en el tratamiento de información privada, reconociendo los derechos de los titulares de los datos.
LA LEY Y SU IMPLEMENTACIÓN
Los gremios de grandes empresas han argumentado que existe falta de certeza jurídica porque aún no se ha implementado la agencia estatal especializada en supervisar la ley, que debió haber estado operativa a más tardar el 1 de junio de 2026. El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que la ley es «bien importante» y que su implementación debe ser «de la mejor forma posible», por lo que están conversando con los parlamentarios para determinar si se necesita más tiempo. «En los próximos días vamos a tener noticias al respecto», afirmó.
SANCIONES Y AGENCIA
La iniciativa establece un régimen de infracciones con sanciones económicas que fluctúan inicialmente entre $358 millones (5 mil UTM) y $1.400 millones (20 mil UTM). Esos valores pueden triplicarse o llegar al 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios de una firma si la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) que crea la ley detecta conductas reincidentes y agravantes. Sin embargo, la agencia no ha comenzado a funcionar: la terna propuesta por el gobierno fue rechazada por el Senado en mayo pasado, entre otras razones porque los candidatos no representaban sensibilidades del mundo político. El Ejecutivo también ha alegado dificultades para encontrar profesionales que cumplan con los requisitos de dedicación exclusiva e inhabilidades, con remuneraciones calificadas como bajas.
LOS CAMBIOS QUE EVALÚA EL GOBIERNO
De acuerdo a fuentes al tanto de las tratativas, la idea del gobierno es que la agencia empiece a operar el próximo 1 de diciembre y que la ley entre en vigencia un año después, es decir, el 1 de diciembre de 2027. El plazo de postergación podría ser menor si no se encuentra el respaldo requerido en el Congreso. Este diseño es resistido por el senador Matías Walker, del partido Demócratas, quien considera «muy negativo» aplazar la ley por la falta de capacidad del poder político de ponerse de acuerdo en el consejo que debe velar por su implementación. El Ejecutivo planea presentar el proyecto la próxima semana, aunque antes debe resolverse una reunión pendiente entre el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y el biministro Mas. Además, se evalúa aumentar el número de consejeros de tres a cinco y subir las remuneraciones, que actualmente son equivalentes a las de un subsecretario para el presidente del consejo y al 85% de ese valor para los restantes consejeros. Un informe de la comisión asesora ministerial de 2025 señaló que esos salarios están muy por debajo del promedio de jefaturas de servicios de organismos fiscalizadores comparables.
REUNIONES Y PRÓXIMOS PASOS
El presidente de la Asociación Chilena de Profesionales en Protección de Datos Personales (AGPD), Marcelo Drago, se reunió este lunes con el ministro García Ruminot para abordar los cambios que evalúa el gobierno. Tras la cita, Drago comentó que «se nota un ánimo de implementar la ley» y que las medidas que se están barajando son «en general, muy positivas».
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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