Tribunal Constitucional rechaza requerimiento del Gobierno y confirma artículo 31 de megareforma de servicios básicos
Este martes, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento del Gobierno y confirmó el artículo 31 de la megareforma de servicios básicos recientemente aprobada en el Congreso. El fallo se adoptó por nueve votos contra uno, con el único respaldo al Ejecutivo del juez Miguel Ángel Fernández.
EL FALLO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
La decisión contrasta con la del mismo tribunal hace dos semanas, cuando acogió parcialmente los requerimientos de la oposición por invariabilidad y dejó intacto el corazón de la reforma. El artículo 31, impulsado por la diputada Ana María Gazmuri y otros parlamentarios de oposición, introduce un nuevo artículo 2° bis a la Ley N° 16.282 sobre sismos y catástrofes.
LA NORMA CUESTIONADA
La disposición obliga a las concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y gas a reconectar gratuitamente a usuarios residenciales y a micro, pequeñas y medianas empresas en zonas declaradas en estado de catástrofe. El plazo es de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado. La norma también rige en las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, incluso cuando el suministro haya sido suspendido previamente por falta de pago.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
El Ministerio de Hacienda, impulsor de la megareforma, no respondió consultas sobre el resultado. Durante la audiencia, el abogado Joaquín Palma, en representación del Presidente José Antonio Kast, advirtió que fijar un plazo único de 48 horas para reconectar gas y electricidad, sin la debida fiscalización sectorial, expone a trabajadores y comunidades. Trascendió que el Gobierno quiere modificar al menos ese plazo y, según fuentes de La Moneda, esperará la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional para ingresar una nueva iniciativa. El senador Matías Walker se mostró abierto a discutir opciones y mencionó la posibilidad de una ley corta.
LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS
Abogados especialistas avizoran una mayor judicialización y ven la ley corta como la salida política más viable. Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional de la UDP, calificó la resolución como una derrota contundente e inapelable, y sugirió que el Ejecutivo impulse una ley corta para derogar el artículo 31. Francisco Zúñiga criticó la técnica legislativa y proyectó demandas contra el Estado por daños derivados de la actividad legislativa. Leslie Sánchez, en tanto, consideró complejo que el Gobierno presente una ley corta en el actual contexto político y propuso evaluar una salida vía reglamento. Gabriel Osorio llamó a analizar el fallo en detalle antes de definir los próximos pasos.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
