A menos de tres meses de que la Ley 21.719 de protección de datos personales comience a regir, el país enfrenta una paradoja: nunca antes se había legislado con tanto detalle sobre el tratamiento de la información privada, pero la institucionalidad creada para fiscalizar su cumplimiento sigue sin instalarse. Esa ausencia disparó las alertas en el mundo empresarial y abrió el debate sobre si la entrada en vigencia, fijada para el 1 de diciembre, debe postergarse.
La norma consagra los derechos de los titulares de los datos e impone obligaciones a servicios públicos y empresas. Su régimen sancionatorio contempla multas iniciales de entre $358 millones y $1.400 millones, equivalentes a 5 mil y 20 mil UTM. Esos montos pueden triplicarse o alcanzar el 4% de los ingresos anuales por ventas y servicios si la futura Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) detecta conductas reincidentes o agravantes.
CUENTA REGRESIVA
Desde diciembre de 2024, las organizaciones corren contrarreloj. Las grandes compañías aseguran que empezaron a prepararse de inmediato, mientras pymes y medianas empresas recién ahora buscan asesoría. Los estudios de abogados reportan una avalancha de consultas en los últimos meses.
El gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), Luis Opazo, afirma que los bancos trabajan en la implementación y que el gremio creó un grupo de trabajo para definir recomendaciones. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, explica que las empresas más grandes han revisado protocolos, adecuado sistemas y fortalecido sus modelos de cumplimiento, con grados de avance desiguales según el tamaño de cada compañía.
El exsubsecretario del Interior y socio de H&CO Abogados, Felipe Harboe, uno de los autores de la moción que originó la ley, dice que han diagnosticado o adaptado a más de 90 empresas. «Estamos con alta demanda tanto en adecuación legal como tecnológica», señala, aunque advierte que medianas, startups y pymes son las más rezagadas.
Marcelo Drago, socio de Data Compliance y presidente de la AGPD, cuenta que las solicitudes de asesoría aumentaron con fuerza desde hace unos dos meses. Las grandes partieron hace un año y medio, «apenas la ley se estaba despachando», afirma. Los sectores más atrasados, según él, son el Estado, los municipios y los órganos autónomos, con excepción de Carabineros y las Fuerzas Armadas.
SIN AGENCIA A LA VISTA
El principal problema es que la APDP no existe. El plazo legal para instalarla venció el 1 de junio y el ministro de Economía, Daniel Mas, admitió que «ha costado encontrar a las personas que integren el consejo».
En marzo, el gobierno envió al Senado una primera terna integrada por Constanza Pasarin, Benjamín Saenz y Leonardo Soto, que retiró tras los cuestionamientos. La segunda nómina, con Joselyn Biermann, Roberto Godoy y Matías Larraguibel, fue rechazada en mayo por no alcanzar el quórum de dos tercios. Los senadores primero alegaron inhabilidades, luego cuestionaron la idoneidad de los candidatos y, según fuentes de la negociación, el rechazo se debió a que no representaban sensibilidades del mundo político.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, advirtió que es difícil encontrar profesionales que cumplan los requisitos legales, como la dedicación exclusiva y las incompatibilidades, y calificó las remuneraciones de «bajas». Una comisión asesora ministerial proyectó sueldos de $7,1 millones para la presidencia del consejo y $6 millones para los consejeros, muy por debajo de otras jefaturas fiscalizadoras, y propuso elevarlos a $13,5 millones y $12 millones, respectivamente.
En ese escenario, el gobierno evalúa postergar la entrada en vigencia mediante una ley corta, aunque la decisión no está cerrada. El Ministerio de Economía prefirió no comentar.
GREMIOS PIDEN APLAZAR
Las grandes asociaciones empresariales han pedido correr la fecha. Susana Jiménez sostiene que la ley debiera comenzar a regir cuando la Agencia esté plenamente operativa. La presidenta de Sofofa, Rosario Navarro, coincide en que es esencial contar con institucionalidad preparada y criterios claros, aunque eso no impide que las empresas sigan avanzando.
Luis Opazo argumenta que la falta de la Agencia genera incerteza jurídica y abre espacio a interpretaciones en materias como bases de licitud, contratos con proveedores, evaluaciones de impacto y transferencias de datos. Sin directrices, añade, el régimen sancionatorio establece «multas altísimas» evaluadas con criterios aún no disponibles. También menciona la falta de coordinación con la ley fintech y la de deuda consolidada (Redec), sobre todo en los consentimientos para usar datos financieros.
Una mirada distinta tiene el presidente de Asech, Nicolás Shea. «La mayoría de las pymes no está lista para la Ley 21.719, pero no por eso hay que postergarla», dice. Recuerda que la ley entrega a las pymes un régimen de amonestaciones y no multas hasta fines de 2027.
ASEGURADORAS EN ALERTA
Las aseguradoras plantean una preocupación de fondo. El director ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile (Aach), Marcelo Mosso, explica que la nueva ley no recoge la habilitación explícita para usar datos personales con fines estadísticos y de tarificación, esenciales para evaluar riesgos. A su juicio, Chile debería seguir el ejemplo de España, que protege los datos con estándares altos pero habilita las bases de datos comunes del seguro.
Según Mosso, el efecto llegaría a las personas: con menos información, los riesgos se estimarían con mayores márgenes de seguridad, las primas podrían subir, se debilita la prevención del fraude y se dificulta la entrada de nuevos competidores que no cuentan con registros propios de siniestralidad.
EXPERTOS PROPONEN SALIDAS
Felipe Harboe propone que el gobierno envíe un proyecto para ampliar el consejo de tres a cinco integrantes, con dedicación exclusiva, y que se postergue solo el capítulo sancionatorio, de modo que las empresas puedan seguir adecuándose sin aplazar toda la ley.
La AGPD, presidida por Drago, advirtió que una postergación excesiva pondría en riesgo la certeza jurídica y desconocería a las organizaciones que ya han invertido en planes de cumplimiento. El gremio propone un aplazamiento acotado de máximo seis meses y que la Agencia quede instalada antes del 1 de diciembre.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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