Un funcionario del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago fue detenido esta jornada por su presunta participación en la filtración de información reservada a una organización narcotraficante que operaba en San Bernardo. La detención ocurre en el marco de diligencias coordinadas entre la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones.
De acuerdo con los antecedentes recabados, el funcionario habría recibido beneficios económicos a cambio de entregar datos sobre el desarrollo de diligencias y la solicitud de medidas intrusivas, lo que permitía a los criminales adelantarse a la acción de las autoridades. La medida de entrada y registro fue autorizada por el propio tribunal donde el imputado se desempeñaba, a petición de la fiscal de San Bernardo, Alejandra Vargas.
DILIGENCIAS EN EL TRIBUNAL
Las diligencias ejecutadas durante la jornada incluyeron medidas intrusivas en dependencias del Poder Judicial, una decisión procesal que requirió orden de entrada y registro emitida por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. El procedimiento fue solicitado por la fiscal Alejandra Vargas, titular de la investigación, y ejecutado por unidades especializadas de la PDI.
La acción policial se enmarca en una causa que el Ministerio Público mantiene contra una banda narcotraficante de San Bernardo. En el curso de esa investigación, los persecutores comenzaron a detectar que los integrantes de la organización recibían información oportuna sobre el avance de las diligencias en su contra, lo que les permitía adelantarse a la acción de las autoridades.
La filtración, según los antecedentes preliminares, tenía como origen a un funcionario público que habría accedido a antecedentes judiciales reservados y los habría puesto a disposición de la asociación criminal a cambio de un pago. Este esquema habría permitido a la banda anticiparse a las medidas de investigación.
LA INVESTIGACIÓN POR FILTRACIÓN
La causa que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Occidente junto a la PDI busca establecer la magnitud de la filtración y el grado de participación del funcionario detenido. Según los antecedentes, la información entregada habría estado relacionada con el desarrollo de diligencias judiciales y la solicitud de medidas intrusivas, es decir, decisiones procesales que por su naturaleza deben mantenerse en reserva para garantizar su eficacia.
La revelación de estos antecedentes habría permitido que los imputados de la banda narcotraficante conocieran con antelación las actuaciones del Ministerio Público, y en particular las gestiones orientadas a obtener autorizaciones judiciales para allanamientos, interceptaciones u otras medidas de investigación. Este conocimiento previo permitía a los criminales adelantarse a las autoridades.
El caso coloca en el centro de la investigación a un integrante del propio Poder Judicial, la institución llamada a resguardar la legalidad del proceso penal. La eventual participación de un funcionario de un tribunal oral en lo penal en la entrega de información a una organización criminal será objeto de la investigación penal.
DETENCIÓN Y FORMALIZACIÓN
El funcionario detenido pasará este martes a control de detención y posterior formalización en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, instancia en la que el Ministerio Público comunicará formalmente los cargos en su contra. Según los antecedentes, será imputado por los delitos de cohecho, revelación de secreto como funcionario público y revelación de secreto en el marco de la Ley 20.000.
La imputación por cohecho apunta a la recepción de beneficios económicos a cambio de la entrega de información. La revelación de secreto, por su parte, sanciona la divulgación de antecedentes reservados conocidos en razón del cargo público que desempeña el imputado.
IMPACTO INSTITUCIONAL
La detención de un funcionario del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago se enmarca en la investigación que la Fiscalía Metropolitana Occidente y la PDI realizan por la eventual filtración de información reservada. La causa busca esclarecer si antecedentes judiciales fueron entregados a la organización criminal a cambio de beneficios económicos.
La coordinación entre la fiscalía local y las unidades especializadas de la policía civil se mantiene en desarrollo. La investigación continúa en curso mientras el imputado permanece bajo custodia de las autoridades, a la espera de la audiencia de formalización que definirá su situación procesal.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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