El grupo Sartor enfrenta un nuevo frente jurídico. Mientras su controlador, Pedro Pablo Larraín Mery, afronta una extensa audiencia de formalización por delitos económicos, la matriz del conglomerado registra 22 solicitudes de verificación de créditos ante el 13º Juzgado Civil de Santiago. Los acreedores reclaman pasivos impagos por poco más de 37 mil millones de pesos, en un proceso concursal que corre en paralelo a la investigación penal.
Asesorías e Inversiones Sartor S.A., sociedad controlada por Larraín con el 60 por ciento de la propiedad, es la deudora en este procedimiento. El plazo para presentar las verificaciones venció el sábado recién pasado. El listado incluye a los padres de la ex cónyuge del controlador y a sociedades ligadas al mundo financiero y a la salud privada.
LOS CINCO GRANDES ACREEDORES
La verificación más alta corresponde al fondo Sartor Táctico en Liquidación, con 8.002 millones de pesos. Le sigue Marinvest, sociedad vinculada a Eduardo Sánchez, CEO de Nexus Chile, con 5.483 millones. BCI Corredor de Bolsa verificó 5.444 millones. Luego aparece Inversiones ADM, del abogado Gonzalo Diéguez, con 3.369 millones, y cierra Nexus Chile, matriz de la Isapre Nueva Másvida, con 2.846 millones.
El monto, sin embargo, no es el único factor que el tribunal y el liquidador deberán ponderar. Algunas acreencias podrían ser desestimadas si no se encuentran correctamente fundadas. Y otras adquieren relevancia por el vínculo directo con el controlador.
EL VÍNCULO FAMILIAR
Entre los acreedores figuran Ximena Swett Lazcano y Carlos Carvallo Escola, padres de Ximena Carvallo Swett, quien trabajó en Sartor entre 2015 y 2023 y llegó a ser gerente de personas. La psicóloga de la Universidad Gabriela Mistral estuvo casada con Larraín entre el 13 de febrero de 2004 y el 10 de diciembre de 2025, cuando el 4º Juzgado de Familia de Santiago declaró el divorcio.
Su madre, Ximena Swett, presentó una verificación a título personal por 171.454.670 pesos. Además, junto a Carlos Carvallo, verificó una segunda acreencia por 260.883.524 pesos, en representación de Asesorías e Inversiones Llico SpA. En ambos casos, las cifras contemplan el capital bajo custodia y las ganancias devengadas impagas hasta el 2 de julio de 2026.
El origen de las deudas se remonta a los Contratos de Asociación para Inversiones, conocidos como CAI. En el escrito ante el tribunal, los acreedores sostienen que Sartor S.A. incumplió totalmente su compromiso, sin devolver el capital inicial ni las rentabilidades prometidas.
EL INFORME DE PASIVOS
El proceso concursal cuenta además con un informe del contador auditor Gabriel Yáñez, presentado en junio. El reporte totalizaba deudas por 28.195 millones de pesos al 30 de abril de este año.
Los acreedores bancarios y financieros concentran 9.521 millones de pesos. BCI Corredores de Bolsa lidera con 5.694 millones por operaciones simultáneas. Le siguen Sartor Fund SpC con un pagaré por 1.883 millones, Vector Capital con 1.183 millones por operaciones simultáneas y una línea de crédito con Banco de Crédito e Inversiones por 760 millones.
Esta última operación está garantizada con una hipoteca sobre 15 lotes del sector de El Molino, en San Francisco de Mostazal, con avalúo comercial de 1.247 millones de pesos.
El informe consigna además cuentas por pagar con empresas relacionadas por 1.558 millones de pesos, también vía CAI. Entre ellas figuran Inversiones Mar del Sur, de Oscar Alejandro Ebel Sepúlveda y María Paula Cid Berrocal, con 710 millones; Redwood Capital SpA, de Michael Clark, con 75 millones; Alfredo Harz, ex gerente de inversiones de Sartor AGF, con 26 millones; Rodrigo Bustamante, ex gerente general de Sartor Wealth Management, con 109 millones, y Carlos Larraín, ex socio de Sartor, con 22,5 millones.
EL CONTEXTO PENAL
Larraín Mery es uno de los 11 imputados en la audiencia de formalización que se desarrolla desde hace más de una semana. La Fiscalía le atribuye estafa, lavado de activos, administración desleal e infracción a la Ley del Mercado de Valores. El grupo, además, acumula decenas de querellantes por deudas impagas a aportantes de los fondos que administraba su AGF, en liquidación.
La CMF suspendió en noviembre de 2024 la captación de nuevos aportes y en diciembre los retiros, lo que marcó el inicio del colapso. Hoy los acreedores buscan recuperar sus dineros en sede concursal mientras la investigación penal sigue su curso.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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