La Moneda busca abogado para defender megarreforma ante TC

Gobierno afina estrategia jurídica para blindar megarreforma ante el TC y evitar nuevo revés

Mientras la Cámara de Diputados se prepara para votar este martes la megarreforma, la principal apuesta legislativa de la administración de José Antonio Kast, en La Moneda ya se enfocan en el siguiente frente: la defensa del proyecto ante el Tribunal Constitucional. La oposición ya anunció que impugnará parte del articulado, lo que abre un escenario de batalla jurídica que el Ejecutivo busca anticipar con la designación de un abogado de alto nivel. La experiencia reciente con el fallo adverso en Escuelas Protegidas ha instalado en Palacio la urgencia de no repetir errores.

LA OFENSIVA OPOSITORA

Durante la tradicional reunión de coordinación de este lunes, los presidentes de partido, secretarios generales, jefes de bancada y los abogados constitucionalistas del bloque opositor acordaron presentar tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional. Dos de ellos se ingresarán en el Senado: uno contra la norma de invariabilidad tributaria y otro por la indemnización prevista para inversionistas privados en caso de revocación de una Resolución de Calificación Ambiental. Un tercer requerimiento, que recoge ambos puntos, se presentará en la Cámara de Diputados. En el oficialismo la ofensiva se da por descontada desde hace meses y la consideran una herramienta legítima dentro del sistema de control de constitucionalidad.

LA BÚSQUEDA DEL ABOGADO

Ante la inminente impugnación, el Ejecutivo ya inició la búsqueda del abogado que asumirá la representación ante el TC. Hasta la semana pasada, en el gobierno se señalaba que el Ministerio de Hacienda revisaba una nómina de posibles candidatos y que la decisión final sería conversada con el Presidente. Es el ministro Jorge Quiroz quien ha liderado el diseño de la megarreforma durante toda su tramitación legislativa y conoce en detalle el contenido del proyecto. Sin embargo, en La Moneda recalcan que la elección será consensuada entre Interior, la Secretaría General de la Presidencia y Hacienda. En Interior en particular han seguido de cerca el proceso y esperan tener incidencia en la definición final, lo que refleja la relevancia que se le asigna a esta defensa.

TENSIONES INTERNAS

El interés de ambas reparticiones por influir en la designación no es casual. La relación entre Quiroz y el biministro del Interior, Claudio Alvarado, quedó resentida durante la recta final de la negociación de la reforma en el Senado. El punto de quiebre se produjo después de que fracasara el acuerdo alcanzado con el PPD. Aunque finalmente la norma sobre invariabilidad tributaria se votó en los términos pactados con esa colectividad, sus parlamentarios terminaron restándose luego de que Quiroz anunciara públicamente que el gobierno impulsaría una rebaja del impuesto corporativo al 22%. La situación obligó a Alvarado a intervenir y el Ejecutivo terminó retirando esa indicación. En Hacienda, por otro lado, resentieron que Alvarado fuera tan explícito en restarle respaldo a Quiroz. La tensión entre ambos ministros agrega una capa de complejidad a la decisión sobre quién llevará la voz del gobierno ante el TC.

LA SOMBRA DE ESCUELAS PROTEGIDAS

En La Moneda buscan evitar a toda costa un nuevo revés ante el Tribunal Constitucional. Hace algunas semanas, el órgano declaró inconstitucionales varios de los pilares de Escuelas Protegidas, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno para enfrentar la violencia escolar. En esa oportunidad, la defensa del Ejecutivo estuvo encabezada por el exministro secretario general de la Presidencia Juan José Ossa. La derrota instaló en Palacio la necesidad de preparar con antelación la estrategia jurídica para la megarreforma y de elegir un representante que pueda articular una defensa sólida.

Consultado este lunes por la ofensiva opositora, Alvarado sostuvo que la oposición está materializando un anuncio que hicieron hace tres meses, incluso antes de que se presentara la megarreforma al Congreso. Si bien reconoció que se trata de una herramienta legítima, agregó que al gobierno le habría gustado que la discusión se diera en el Parlamento y no en los tribunales. De todas formas, aseguró que el Ejecutivo está preparado para ejercer su legítima defensa.

En la misma línea, Quiroz afirmó que el gobierno siempre se está adelantando a las situaciones y que oportunamente darán a conocer quién irá a defender el proyecto. Consideró que los artículos impugnados son absolutamente coherentes y consistentes con el orden constitucional.

La definición del abogado que representará al Ejecutivo es clave no solo por la solidez técnica que se requiere, sino también por la necesidad de proyectar unidad entre Hacienda e Interior. El gobierno sabe que si la defensa falla, el costo político de un nuevo fallo adverso en el TC podría poner en riesgo la columna vertebral de su agenda legislativa.

Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.