CÓMO OPERA LA UAF Y CUÁL FUE SU ROL EN LA OPERACIÓN TOKIO
Hace casi dos semanas, el Ministerio Público dio uno de los mayores golpes a la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile, tras destapar una red de lavado de activos por 75 mil millones de pesos, que terminó con la detención de más de 50 personas por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando de vehículos.
El dinero, según el equipo que encabeza el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, era movido en distintas cuentas bancarias para perder la trazabilidad y luego transformado en criptomonedas para su expatriación. Luego se conoció que los bancos habían enviado Reportes de Operaciones Sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero de algunos de los sujetos involucrados en la denominada Operación Tokio, incluso hace dos años, y que la UAF envió esos datos al Ministerio Público.
Expertos consultados coinciden en que el caso evidencia tanto aciertos como desafíos en el sistema antilavado. Tamara Agnic, exdirectora de la UAF entre 2009 y 2012, afirmó que lo que se conoce hasta ahora permite concluir que el sistema institucional en su conjunto está funcionando. Agregó que es importante entender que el sistema antilavado no se reduce a la UAF, sino que se trata de un ecosistema mucho más amplio en el que participan los sujetos obligados del sector privado, la UAF, organismos homólogos de otros países, las policías, el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Agnic advirtió que muchas veces la existencia de una organización criminal que logra operar durante algún tiempo no demuestra necesariamente que el sistema fracasó, sino que es precisamente porque existen mecanismos de detección, análisis e investigación que estos casos terminan siendo identificados y llevados ante la justicia.
Por su parte, Mauricio Fernández, exdirector de la Unidad Especializada en Delitos Económicos (Ulddeco) de la Fiscalía, estimó que el sistema requiere apriete de tuercas por distintos lados, especialmente en una mayor integración de la información y en los controles internos dentro de los sujetos obligados.
EL FLUJO DE INFORMACIÓN
Los bancos tienen sistemas tecnológicos que detectan algún tipo de operación sospechosa entre sus clientes. Eso luego pasa a un área de investigación interna de cada banco, para hacer un análisis más en detalle del caso y definir si es necesario generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la UAF. La ley define como operación sospechosa todo acto, operación o transacción que resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente. En los últimos dos años, al menos cuatro bancos enviaron distintos ROS a la UAF por algunos de los imputados de la Operación Tokio. El fiscal Barros confirmó que respecto a las alertas, los bancos reportaron. El año pasado, la UAF recibió 21.828 ROS de las 9.911 entidades reportantes. El 65% de esos reportes fueron enviados por los bancos. Luego de aplicar inteligencia financiera, la UAF detectó señales de indicios en 1.131 reportes, que fueron enviados al Ministerio Público a través de 62 Informes de Inteligencia Financiera (IIF).
LA UAF POR DENTRO Y LOS DESAFÍOS
La UAF es un servicio público descentralizado que se relaciona con el Presidente a través del Ministerio de Hacienda. Su objetivo es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero para la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 plantea un gasto de 5.768 millones de pesos para la UAF y una dotación máxima de 83 personas. El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, explicó que la Operación Tokio es una alerta grave y dramática que sugiere espacios relevantes de mejora tanto en la inteligencia estatal como en los controles y deberes de los sujetos obligados. Agregó que frente a organizaciones criminales que operan de manera sofisticada, el Estado no puede responder con información fragmentada.
Giovanna Gardella, directora ejecutiva de Compliance Global Consulting, consideró que la UAF debería tener atribuciones administrativas para solicitar más información y que se debería tener más recursos humanos. Mauricio Fernández también señaló que la UAF chilena es bastante escuálida y que el número de analistas es bastante chico en comparación a nivel mundial. Fernández destacó que el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica aumenta las multas y que es necesario actualizar la ley de beneficiarios finales.
CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA
Tamara Agnic resaltó que ningún sistema antilavados del mundo es perfecto, ya que las organizaciones criminales evolucionan permanentemente y los mecanismos de prevención deben revisarse y fortalecerse de manera continua. El subsecretario Rodríguez afirmó que el compromiso del Ejecutivo es trabajar para que uno de los legados de este gobierno sea un perfeccionamiento integral del sistema de prevención, detección y persecución de la ruta del dinero.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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