El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) recomendó al Poder Ejecutivo perfeccionar el proyecto de ley que crea un registro nacional de personas beneficiarias finales, iniciativa que busca dotar de mayor transparencia a los vínculos entre los grupos empresariales, las personas naturales que los controlan y los dueños efectivos de esas estructuras. La propuesta fue dirigida al Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda y acoge los planteamientos formulados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en el procedimiento.
La decisión fue adoptada mediante una Proposición de Recomendación Normativa dictada esta jornada por el TDLC. Con ella, el tribunal recomienda fortalecer el boletín N° 16.475-05, actualmente en tramitación ante el Congreso Nacional, y pone término a un expediente que permanecía abierto desde septiembre de 2023.
ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN
En su pronunciamiento, el TDLC sostuvo que el proyecto de ley representa un avance significativo para que las autoridades sectoriales puedan acceder a información sobre los conglomerados económicos y sus beneficiarios finales, lo que contribuiría de manera sustantiva a la eficacia de sus labores de fiscalización. El tribunal agregó que, en materia de libre competencia, una persecución más efectiva de los ilícitos anticompetitivos opera como un factor disuasivo adicional para los agentes económicos, complementario a las sanciones contempladas en el D.L. N° 211.
Según el TDLC, contar con ese registro también permitiría caracterizar de mejor manera los mercados relevantes involucrados en casos concretos. La afirmación se apoya en las dificultades que la propia FNE ha reconocido para recabar información sobre los vínculos entre los distintos participantes de la economía nacional, una limitación que impacta su capacidad fiscalizadora y que, por extensión, afecta la libre competencia.
El tribunal estimó que ese riesgo puede ser mitigado de forma significativa con la implementación de la medida propuesta. La recomendación se enmarca en las facultades normativas del TDLC, que le permiten sugerir cambios legales o regulatorios cuando detecta ámbitos donde la competencia puede verse debilitada por vacíos de información o de regulación.
ORIGEN DEL PROCEDIMIENTO
El expediente se inició en septiembre de 2023, cuando el TDLC abrió una Recomendación Normativa a petición de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus). La organización solicitó al tribunal pronunciarse sobre la participación de conglomerados empresariales en distintos ámbitos de la economía nacional, lo que motivó un análisis del panorama corporativo y sus efectos sobre la competencia.
En el marco de ese proceso, la FNE presentó sus antecedentes y realizó una recomendación central: impulsar normas que brinden mayor transparencia respecto de la propiedad de los conglomerados. La Fiscalía sostuvo además que la institucionalidad de defensa de la libre competencia vigente en el país es robusta y que permite abordar adecuadamente los riesgos para la competencia derivados de la operación de estos grupos.
Esa postura fue recogida por el TDLC en su proposición final, que descartó otra clase de medidas que habían sido solicitadas en el expediente.
PETICIONES DESCARTADAS
El TDLC no acogió las demás solicitudes presentadas por Conadecus en el procedimiento. Entre ellas figuraba la posibilidad de imponer restricciones a las estructuras societarias piramidales de los grupos empresariales que superen un determinado tamaño, una medida que apuntaba a limitar la conformación de cadenas de control accionario.
También fue desestimada la petición de restringir la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros y otros sectores de la economía. Finalmente, el tribunal rechazó la solicitud de que se considerara la participación de los conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado.
Con esta resolución, el TDLC acota el alcance de su recomendación a la creación del registro de beneficiarios finales, dejando constancia de que la institucionalidad actual es capaz de enfrentar los desafíos que plantea la presencia de grandes grupos económicos, siempre que se fortalezca el acceso a información relevante sobre su estructura de propiedad.
El proyecto de ley contenido en el boletín N° 16.475-05 sigue su tramitación legislativa. Con la proposición del TDLC, el Ejecutivo cuenta ahora con una señal técnica adicional para respaldar el avance de la iniciativa, que apunta a cerrar las brechas de información que enfrentan los organismos fiscalizadores.
Fuente: Sitio Web de la Fiscalía Nacional Económica de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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