La Corte Suprema acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa de dos funcionarios de la Municipalidad de Llay Llay y declaró ilegal el procedimiento que la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó en su contra durante el allanamiento a la casa edilicia, diligencia realizada hace casi dos meses en el marco de una indagatoria por presunto fraude al fisco.
Con esa decisión, el máximo tribunal dejó sin efecto la autorización verbal y las diligencias que llevó adelante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI en Los Andes. Junto con ello, ordenó restituir los objetos incautados «en el más breve plazo» y eliminar lo obtenido de esos dispositivos.
LOS DOS FUNCIONARIOS
El pronunciamiento del máximo tribunal se apoyó en razones distintas para cada uno de los amparados. En uno de los casos, la Corte defendió el secreto profesional del director jurídico Hernán Tapia, invocando su carácter de abogado. En el otro, se constató que la directora de control Gabriela Guzmán no tenía calidad de imputada al momento en que se produjo la incautación.
El fallo consignó esas razones respecto de cada amparado y dejó sin efecto la autorización verbal y las diligencias que de ella derivaron.
LA REACCIÓN DEL MUNICIPIO
El alcalde de Llay Llay, Edgardo González, se refirió al resultado del amparo y sostuvo que el fallo da cuenta «del sesgo y la poca diligencia» de la investigación.
La causa de fondo se mantiene bajo reserva, según consigna la información disponible hasta ahora.
LA POSICIÓN DE LA QUERELLANTE
La parte querellante sostuvo una lectura distinta respecto del alcance de la resolución. Su abogado, Raimundo Palamara, argumentó que en el caso de otros cuatro funcionarios municipales, incluido el alcalde, la legalidad de las diligencias se mantiene, y que esa posición fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
La fuente consultada no consigna un pronunciamiento del máximo tribunal que se refiera a esos otros cuatro funcionarios mencionados por la querellante.
LOS DELITOS DE LA QUERELLA
La indagación se desprende de una querella ingresada por siete delitos. Además de un presunto fraude al fisco, el libelo comprende eventual negociación incompatible, falsedad en declaración jurada, revelación de secreto o uso de información privilegiada, soborno, cohecho y tráfico de influencias.
El proceso legal se mantiene bajo reserva, según consigna la información disponible hasta ahora.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
En nuestra lectura, la resolución parece relevante porque muestra que el control judicial del procedimiento puede operar con independencia del mérito de la investigación de fondo, sin que ello permita anticipar cómo se resolverá la querella que permanece bajo reserva.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2026/11/04/suprema-declara-ilegal-diligencias-de-la-pdi-a-2-funcionarios-tras-allanamiento-a-muni-de-llay-llay.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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