SEMINARIO DEL SENADO ANALIZA LA VIOLENCIA DIGITAL Y LOS DESAFÍOS LEGISLATIVOS PARA SU SANCIÓN
La Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado reunió el 13 de agosto de 2026 a expertas, autoridades policiales e investigadores en un seminario para examinar la violencia digital, sus efectos en mujeres y niñas, y la suficiencia de la normativa chilena vigente para prevenirla y sancionarla.
La jornada fue encabezada por la senadora Loreto Carvajal, presidenta de la comisión. También intervinieron la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y la senadora Claudia Pascual. Las tres coincidieron en que las agresiones cometidas a través de plataformas digitales tienen consecuencias reales en la vida de las personas y comprometen la participación política de las mujeres.
DATOS DEL FENÓMENO
Las cifras expuestas reflejan la magnitud del problema. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, dio cuenta de un monitoreo efectuado durante la última campaña parlamentaria, según el cual el 84,9% de los mensajes violentos detectados en redes sociales tuvo como destinatarias a candidatas al Senado.
En la apertura del encuentro, además, se citó una consulta ciudadana sobre violencia digital de género realizada en 2026. El sondeo indicó que cerca de la mitad de las mujeres encuestadas reconoció haber vivido algún episodio de violencia digital y que más del 60% opta por no denunciarlo, principalmente por desconfianza en la respuesta institucional.
Las expositoras coincidieron en que el fenómeno no solo vulnera derechos individuales, sino que también debilita la democracia. La senadora Claudia Pascual advirtió que la deliberación pública se ve afectada cuando las mujeres son descalificadas por su cuerpo o su vida privada, y recordó campañas de odio dirigidas contra candidatas presidenciales.
PRIMER PANEL: DIAGNÓSTICO Y PREVENCIÓN
El primer panel abordó las nuevas hipótesis de vulneración. Aluna Serrano, oficial de programas de IDEA Internacional, sostuvo que la violencia política de género en la esfera digital constituye una amenaza persistente para la democracia. Según señaló, un 80% de las mujeres que han sufrido agresiones en línea restringe su participación en redes sociales, y más de la mitad teme por su integridad física o por la pérdida de su empleo.
La académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Laura Mayer, expuso tres ejes de análisis. Planteó que existe una percepción cultural que minimiza la gravedad de la violencia digital respecto de la presencial, lo que invisibiliza el daño a las víctimas. También se refirió al ciberacoso escolar, recordando que un estudio de UNICEF España de noviembre de 2025 mostró que un 10,2% de los escolares consultados declaró haber sufrido ciberacoso.
En el plano penal, la académica criticó la sanción prevista en el artículo 161D del Código Penal para la difusión no consentida de imágenes de connotación sexual. A su juicio, la pena resulta desproporcionadamente baja frente al daño que genera la conducta, incluso si se compara con delitos patrimoniales como la extorsión.
Fabiola Gutiérrez, experta de Corporación Humanas, complementó el diagnóstico. Sostuvo que la ley 21.675, que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género, reconoce la violencia digital solo de manera implícita. Sobre el proyecto de ley que tipifica la violencia digital, boletín 13.928-07, criticó la ausencia de una perspectiva de género explícita en su articulado penal.
Entre sus recomendaciones, planteó incorporar una definición autónoma del fenómeno, establecer obligaciones vinculantes para las plataformas digitales y reconocer expresamente la violencia política como una modalidad de agresión.
SEGUNDO PANEL: NORMATIVA Y SANCIÓN
El segundo panel se preguntó si la normativa vigente es suficiente. La generala Mitza González Méndez, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros de Chile, describió las manifestaciones más frecuentes de la violencia digital, como el ciberacoso, el doxing, la suplantación de identidad, la sextorsión y los deep fakes. Sostuvo que la respuesta del Estado requiere un enfoque integral, que combine prevención, protección y persecución penal, y no se agote en la tipificación de conductas.
Karen Vergara, directora de la ONG Amaranta, centró su intervención en la responsabilidad de las plataformas. Denunció que la moderación de contenidos suele ser lenta y que las empresas no responden por las agresiones que circulan en sus servicios. Señaló que los ataques apelan principalmente al cuerpo y a la sexualidad de las víctimas, y que generan un efecto de disciplinamiento que se extiende al conjunto de las mujeres y a su participación en la vida pública.
Por la Biblioteca del Congreso Nacional, los investigadores Juan Pablo Cavada y Daniela Santana presentaron un análisis de derecho comparado. Explicaron que los ordenamientos extranjeros combinan modelos penales, administrativos y de protección integral. Respecto del proyecto de ley en tramitación, indicaron que reemplaza el artículo 161D del Código Penal, incorpora nuevos delitos como el hostigamiento digital y el doxing, y contempla medidas cautelares para ordenar el retiro expedito de contenidos. No obstante, advirtieron que su aplicación enfrenta dificultades cuando las plataformas no tienen representación en Chile.
CIERRE Y DESAFÍOS
El seminario concluyó con un llamado a impulsar la tramitación del boletín 13.928-07, actualmente en la Comisión de Constitución del Senado. Las panelistas insistieron en que la respuesta no puede ser exclusivamente penal y que se requiere educación digital, cooperación con las empresas tecnológicas y una gobernanza multiactor.
La senadora Loreto Carvajal comprometió gestiones para que el Ejecutivo otorgue urgencia al proyecto y anunció una nueva versión del encuentro para fin de año. La jornada fue transmitida por el canal TV SENADO CHILE.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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