El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó las razones jurídicas que llevaron a conceder, mediante decretos, 56 rebajas de condenas a agresores sexuales de menores, y anunció que el Gobierno presentará un proyecto de ley propio, además de respaldar mociones parlamentarias en trámite, para impedir que la situación se repita. En entrevista con T13, la autoridad sostuvo que la decisión se adoptó tras un análisis de orden jurídico y afirmó que su actuar se ajustó a la Constitución y a la ley.
LA EXPLICACIÓN TEMPORAL
El eje de la defensa del ministro es la fecha de los hechos. Rabat recordó que la normativa que regula esta materia fue modificada y que en febrero del año 2022 se excluyó expresamente a las personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra menores. «Desde esa fecha, no se ha otorgado este beneficio a ningún condenado», subrayó.
Los casos que derivaron en los decretos, en cambio, corresponden a situaciones anteriores a esa modificación legal. Respecto de ellos, el secretario de Estado invocó una prohibición de rango constitucional. «Lo que ocurrió es que para los casos sucedidos con anterioridad a esa modificación legal, hay una prohibición constitucional que impide aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un condenado», señaló.
Según su relato, las leyes anteriores obligaban al ministerio a conceder el beneficio vía decreto cuando un fallo de la Corte Suprema lo ordenaba, escenario que, a su juicio, quedó acotado con la reforma de 2022.
EL ANÁLISIS JURÍDICO
El ministro mencionó una norma sustantiva del Código Penal, tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Suprema como los elementos que concurrieron en la decisión. «Por lo tanto se hizo un análisis de orden jurídico y en ese análisis, se concluyó que era procedente otorgar esos beneficios», enfatizó.
En la misma línea, Rabat puso el acento en el cumplimiento normativo de su cartera. «Lo relevante es estar tranquilo en que se ha respetado la Constitución y la ley y eso es lo que nos corresponde a nosotros como funcionarios públicos», dijo, y añadió que «lo que yo juré el 11 de marzo fue respetar la Constitución y la ley y a eso me he ajustado».
EL PROYECTO ANUNCIADO
Junto con la explicación, el titular de Justicia adelantó una respuesta legislativa. «Le vamos a dar una discusión urgente a los proyectos de ley, y nosotros también vamos a presentar nuestro propio proyecto de ley, precisamente para que los requisitos para obtener este tipo de beneficios deban analizarse al momento de la solicitud», anunció.
El compromiso incluye el respaldo a iniciativas que ya tramitan en el Congreso Nacional. «En el Congreso Nacional vamos a apoyar mociones y vamos a evitar que existan nuevamente beneficios que se otorguen a estos condenados por delitos graves, y por lo tanto vamos a abordar el problema y vamos a evitar a futuro que se repita esta situación», afirmó.
Rabat también delimitó el rol que le atribuye al Ejecutivo frente a los tribunales. «Una forma de abordar el problema no es dejarle este asunto a los tribunales de justicia, eso no corresponde. Yo como colegislador debo adoptar las medidas colegislativas, que es lo que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast va a hacer, darle urgencia a estos proyectos, que son mociones parlamentarias en la Cámara de Diputados y en el Senado», planteó.
Sobre el contenido de la futura iniciativa, precisó: «También vamos a presentar nosotros una modificación para que los requisitos deban analizarse al tiempo de la postulación al beneficio, con lo cual se va a evitar cualquier tipo de interpretación basado en normas constitucionales y legales que impiden la retroactividad de la ley penal».
LAS REBAJAS EN PUNTA PEUCO
Consultado por otras rebajas de condenas, el ministro confirmó que se concedieron beneficios a dos internos de Punta Peuco condenados por delitos de tortura y secuestro. «Es cierto y de la misma manera se dieron estos beneficios en los últimos 20 años en gobiernos de distintos signos políticos porque se aplica la ley», enfatizó.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Los elementos que el ministro puso sobre la mesa ordenan el debate en tres planos. El primero es la prohibición constitucional de aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de un condenado, que según su explicación alcanza a los hechos anteriores a la modificación de febrero de 2022. El segundo es el conjunto de fuentes que, de acuerdo con su relato, concurrieron en la decisión: una norma sustantiva del Código Penal, tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Suprema. El tercero es la técnica legislativa propuesta: trasladar el análisis de los requisitos al momento de la solicitud del beneficio, con el objetivo declarado de evitar interpretaciones fundadas en las reglas sobre retroactividad de la ley penal. Para quienes litigan en materia penal, esos tres planos son los que quedan en juego mientras las mociones parlamentarias y el proyecto anunciado avanzan.
En nuestra lectura, el episodio muestra la dificultad de corregir por vía legislativa situaciones ya resueltas bajo normas anteriores, y el peso que en esa ecuación tiene la prohibición de retroactividad invocada por la autoridad. Parece razonable, además, que la discusión pública distinga entre el marco jurídico aplicado y el reproche sobre los hechos que motivaron esas condenas.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/10/23/rabat-explico-rebajas-de-condenas-y-anuncio-proyecto-para-evitar-que-se-repitan/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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