Boletín N° 18.488-07
El Senado de Chile dio inicio a la tramitación de un proyecto de ley que busca endurecer la persecución penal y patrimonial contra el crimen organizado. La iniciativa, presentada por los senadores Moreira, Núñez, Araya, Longton y Squella, modifica el Código Penal, la Ordenanza de Aduanas y el Código Procesal Penal para crear nuevos tipos penales, agravar sanciones existentes y obligar al Ministerio Público a seguir la ruta del dinero desde las primeras diligencias investigativas en los delitos que crea o agrava. El proyecto responde a un diagnóstico de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) que estima que las economías ilícitas movilizan al menos US$5.700 millones anuales en el país, equivalentes a un 1,5% del PIB.
La moción se apoya en el mandato constitucional que establece que el Estado debe dar protección a la población. Sus autores citan la Convención de Palermo para definir al grupo delictivo organizado como aquel estructurado de tres o más personas que actúa de manera concertada y permanente para obtener beneficios económicos. El texto advierte que estas organizaciones no solo lesionan patrimonios, sino que erosionan las instituciones y ponen en riesgo la estabilidad democrática.
CONTEXTO ECONÓMICO ILÍCITO
El informe «Por un Chile sin Economía Ilícita», elaborado por la CPC junto a 30 gremios y cerca de 70 expertos y difundido en julio de 2026, señala que el contrabando es uno de los mercados ilícitos de mayor tamaño. Solo en el caso del tabaco, alcanza niveles cercanos al 60% del consumo nacional y ocasiona al Fisco una pérdida anual estimada en US$1.000 millones. El documento advierte que las rutas del contrabando se superponen con las del tráfico de drogas y armas, y plantea endurecer la persecución penal en recintos portuarios, aeroportuarios y fronterizos.
El estudio también identifica el crecimiento del fraude financiero impulsado por técnicas como el phishing y la clonación de sitios web, con tasas de fraude hasta 6,5 veces superiores al promedio europeo. La pérdida de recaudación fiscal por estas economías supera los US$1.500 millones anuales, y el sector privado gastó US$2.700 millones en 2022 solo para prevenir estos delitos.
EXTORSIÓN CONTRA FUNCIONARIOS
El proyecto incorpora un nuevo artículo 438 bis al Código Penal que agrava el delito de extorsión cuando se comete contra autoridades o funcionarios públicos en razón de su cargo. La pena se eleva a presidio mayor en su grado medio a máximo y multa cuando concurren ciertas circunstancias, como que el hecho se ejecute por dos o más personas concertadas, se empleen amenazas contra la familia del funcionario, o se cometa desde un recinto penitenciario mediante encargo de un privado de libertad.
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD FINANCIERA
También se crean los artículos 468 bis, 468 ter y 468 quáter para tipificar de manera autónoma la suplantación de identidad con fines financieros. El nuevo tipo penal sanciona con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo a quien use sin autorización el nombre, RUT, credenciales, firma electrónica, elementos biométricos u otros datos de una persona natural o jurídica para obtener un beneficio patrimonial indebido. La conducta se sanciona incluso si no se produce un daño efectivo, siempre que sea idónea para obtener el beneficio.
Las agravantes contemplan la ejecución masiva mediante inteligencia artificial, la afectación de tres o más personas, el tratamiento a gran escala de datos personales y el uso de técnicas como phishing, smishing, vishing o SIM swapping. La pena se eleva a presidio mayor en su grado mínimo cuando concurren estas circunstancias.
CONTRABANDO AGRAVADO EN PUERTOS Y ADUANAS
La iniciativa modifica la Ordenanza de Aduanas para crear un nuevo artículo 168 ter que sanciona el contrabando agravado cuando se ejecuta formando parte de una asociación delictiva o criminal dentro de recintos portuarios, aeropuertos, pasos fronterizos o en la cadena logística vinculada a estas operaciones. La pena es de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de tres a cinco veces el valor aduanero de la mercancía.
Se consideran conductas típicas alterar sellos y contenedores, hacer uso indebido de credenciales o proporcionar información reservada sobre rutas y controles para favorecer la comisión del delito. La pena se impone en su grado máximo y la multa no puede ser inferior a cuatro veces el valor aduanero de la mercancía cuando el hecho involucra armas, drogas o mercancías que afecten la salud o seguridad pública, o cuando participa un funcionario público con deberes de custodia o fiscalización.
LINEA INVESTIGATIVA PATRIMONIAL
El proyecto introduce un nuevo artículo 180 bis en el Código Procesal Penal que obliga al Ministerio Público a desarrollar una línea investigativa patrimonial desde las primeras diligencias en los delitos que crea o agrava, y también en investigaciones por otros delitos donde existan antecedentes que permitan presumir fundadamente la intervención de una asociación delictiva o criminal. El fiscal deberá identificar el origen, circulación y beneficiarios finales de los bienes y ganancias del delito, y podrá solicitar diligencias de análisis criminal, financiero, bancario, tributario y digital para determinar la ruta del dinero.
Cuando existan antecedentes suficientes, el Ministerio Público deberá solicitar medidas cautelares reales, incautaciones, retenciones y comiso de ganancias. Las diligencias que afecten derechos fundamentales o requieran levantar secreto bancario o tributario se sujetarán a autorización judicial previa. La norma se aplica sin perjuicio de las atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero.
La iniciativa actualiza además el catálogo de delitos base de la Ley N° 19.913 y de la Ley N° 21.595, de Delitos Económicos, para incorporar expresamente los nuevos tipos penales. De esta forma, los delitos de extorsión contra funcionarios, suplantación de identidad financiera y contrabando agravado quedarán sujetos al régimen de lavado de activos y delitos económicos.
PROYECTO DE LEY EN TRAMITACION
La moción fue presentada por los senadores Moreira, Núñez, Araya, Longton y Squella, y se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado. El texto completo incluye la modificación de cinco cuerpos legales y detalla las penas aplicables en cada caso. La iniciativa deberá ser discutida y votada por la Cámara Alta antes de pasar a la Cámara de Diputados.
Boletín N° 18.488-07, Senado de la República de Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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