El primer proyecto de Ley de Presupuestos del gobierno de José Antonio Kast entró al Congreso y ya acumula flancos abiertos. La iniciativa fija un gasto público de $91,2 billones para 2027, un alza real de 1,5% respecto de la ejecución proyectada para este año, en un escenario de estrechez fiscal donde el Ejecutivo busca compatibilizar la reactivación económica con la contención del gasto. El debate, advierten los actores, no se limitará a los montos.
LOS CUATRO EJES DEL GASTO
Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), la propuesta se ordena en cuatro ejes: crecimiento, empleo y reconstrucción; seguridad; protección de la niñez; y resguardo de los beneficios sociales. En el primero, el Gobierno anunció una cartera extraordinaria de 241 obras públicas para iniciar en enero de 2027, además de recursos para empleo y reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes.
En seguridad, la cartera sube 9,1%, con foco en policías, Gendarmería y crimen organizado. La niñez crece 4,1% y el Ejecutivo sostiene que mantendrá los beneficios establecidos por ley, aunque reforzará su fiscalización.
LAS PARTIDAS QUE MÁS CRECEN
Salud concentra el mayor aumento absoluto: $829.568 millones adicionales y un alza real de 4,7%, hasta $18,3 billones, con foco en atención primaria y red asistencial. Le siguen Trabajo y Previsión Social, con $232.785 millones más, y Seguridad Pública, con $227.413 millones sobre la base comparable de 2026.
En porcentajes lideran Deporte (39,8%) y Bienes Nacionales (38%), aunque el alza de Deporte depende de las Olimpiadas Especiales de 2027: sin ese evento, quedaría cerca de 3% bajo el año anterior. Justicia y Derechos Humanos sube 20,5%; Obras Públicas, 8,9%; Defensa, 6,8%; el Ministerio Público, 5%, con recursos para la Fiscalía Supraterritorial; Vivienda y Urbanismo, 5,8%; y Educación se mantiene con 0% real.
LOS RECORTES QUE ABRIERON FLANCOS
El término del programa «Yo elijo mi PC», que entrega computadores a estudiantes vía Junaeb, encendió el debate: sumó cuestionamientos transversales, incluidos oficialistas, mientras diputados de oposición advirtieron que podía afectar la igualdad de oportunidades. El Gobierno se abrió a evaluarlo.
Otro foco es el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, ligado a la Ley Cholito, cuyos recursos caerían de $3.634 millones en 2026 a $514,4 millones en 2027, un 86% menos. El gobernador metropolitano Claudio Orrego criticó el ajuste: «menos vacunas, menos esterilizaciones, menos chipeos. Al contrario, más abandono, más inseguridad».
El eventual cierre de la Fundación Prodemu escaló entre los puntos más sensibles. La propuesta contempla recursos para su funcionamiento hasta el 31 de marzo de 2027 y gastos de cierre y disolución. Exministras y senadoras pidieron a la ministra de la Mujer, Judith Marín, buscar una alternativa para mantenerla; la ministra respondió que la oferta programática se redireccionaría a organismos especializados y que se evaluará si Prodemu puede seguir con fondos privados o donaciones.
LOS PRIMEROS REVESES EN EL CONGRESO
Las subcomisiones mixtas ya revisaron Educación, Ministerio Público, Servicio Electoral y gobiernos regionales. En Educación, la cuarta subcomisión, presidida por la senadora Yasna Provoste (DC), rechazó el capítulo de la Subsecretaría de Educación Superior y postergó la votación de Educación General ante dudas de legisladores opositores y de rectores universitarios. El Servicio Electoral sufrió un revés: su partida fue rechazada a petición de las propias autoridades del organismo, que la consideraron insuficiente.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, cuestionó la estructura presupuestaria de la Fiscalía Supraterritorial y los compromisos asociados a los equipos contra el crimen organizado. «La autonomía constitucional hay que cuidarla», sostuvo, alertando sobre el riesgo de que un gobierno persiga preferentemente a sus opositores; la instancia derivó la partida a la comisión mixta.
Los gobiernos regionales también quedaron pendientes: la fricción está en flexibilizar la destinación de recursos del Fondo de Apoyo Regional (FAR). Provoste planteó dudas sobre su constitucionalidad, pues una ley anual no puede modificar una norma de carácter permanente, y pidió un informe a la Biblioteca del Congreso.
QUIÉNES DEFIENDEN Y QUIÉNES FISCALIZAN
En el Ejecutivo, la defensa recae en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al titular de la Segpres, José García Ruminot. El trabajo técnico involucra al subsecretario Sebastián Vallebona, al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y a los coordinadores Tomás Bunster (Regulación Económica) y Alejandro Guin-Po (macroeconómico).
En el Congreso, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la encabeza el senador Javier Macaya (UDI) y recibirá los informes de las cinco subcomisiones, presididas por Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodolfo Carter y Agustín Romero (Partido Republicano), Yasna Provoste (DC) y Paulina Vodanovic (PS). La cuarta subcomisión concentra las principales dudas por el empate entre oficialismo y oposición.
EL CRONOGRAMA Y LA REGLA DE LOS 60 DÍAS
El Ejecutivo presentó el proyecto el 30 de septiembre y el 5 de octubre la Cámara de Diputadas y Diputados dio cuenta de su ingreso. Al día siguiente, Hacienda y Dipres expusieron el Estado de la Hacienda Pública y el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre.
Durante octubre, las cinco subcomisiones revisarán las partidas ministerio por ministerio y remitirán sus informes. Entre fines de octubre y noviembre, la Comisión Especial Mixta votará las partidas antes del paso por la Cámara y luego por el Senado; si ambas cámaras introducen diferencias, se resolverán en una comisión mixta. El Congreso tiene 60 días para despachar la iniciativa: si no lo logra, regirá el proyecto del Presidente Kast. El Presupuesto aprobado entra en vigencia el 1 de enero de 2027.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Economia/2026/10/11/1213781/claves-presupuesto-gobierno-kast-recortes.html
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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