Diputada propone delimitar el régimen de exclusiva confianza en la Contraloría General de la República.
La diputada Ana María Gazmuri Vieira ha presentado un proyecto de ley que busca acotar el régimen de exclusiva confianza que actualmente se aplica a la totalidad de los funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR). La iniciativa, que modifica la Ley N° 10.336 mediante un artículo único que incorpora un inciso final al artículo 3°, pretende que los empleados de los estamentos administrativo, de mayordomo, auxiliar y técnico queden sujetos a las normas generales del Estatuto Administrativo, dejando de depender de la voluntad discrecional del Contralor General para su permanencia en el cargo.
El proyecto, ingresado a trámite en el Congreso Nacional con fecha 15 de junio de 2026, fecha en que fue presentada la moción, y cuyo primer trámite constitucional data del 22 de junio de 2026, aborda una anomalía institucional que ha sido objeto de creciente debate. La Contraloría, un órgano de rango constitucional autónomo, encargado de fiscalizar la legalidad de los actos de la Administración y la correcta utilización de los recursos públicos, mantiene a todos sus trabajadores bajo un esquema de remoción sin expresión de causa, sin necesidad de procedimiento disciplinario ni causal objetiva de cese.
La autora de la moción argumenta que esta situación, que en sus orígenes pudo justificarse para asegurar la lealtad de los altos cargos, se ha generalizado de manera desproporcionada. En la actualidad, personal que no tiene incidencia alguna en las decisiones estratégicas ni en los criterios de fiscalización comparte el mismo régimen de precariedad laboral que los funcionarios de la cúpula directiva. La iniciativa distingue entre el abogado o auditor que elabora informes de control, donde la confianza tiene una justificación funcional, y el auxiliar que realiza labores de aseo, el técnico informático o el mayordomo a cargo de recintos, cuyas funciones no requieren dicho vínculo.
FUNDAMENTOS DE LA REFORMA
El proyecto se sustenta en cuatro consecuencias que, a juicio de la parlamentaria, la aplicación indiscriminada de este régimen genera. En primer lugar, se produce una ruptura del principio de proporcionalidad, ya que una potestad diseñada para la cúpula se aplica a funciones operativas sin justificación. En segundo término, se erosiona el principio de carrera funcionaria consagrado en el artículo 38 de la Constitución, excluyendo a estos trabajadores de la estabilidad y promoción que el Estatuto Administrativo garantiza al resto de los servidores públicos.
En tercer lugar, la iniciativa advierte que la precariedad estructural afecta el ejercicio imparcial de funciones, incluso en labores técnicas o administrativas que requieren objetividad. Finalmente, se señala un desajuste con el resto del sistema institucional chileno, donde otros órganos autónomos como el Banco Central, el Ministerio Público o el Servicio Electoral circunscriben el régimen de confianza a los cargos de mayor responsabilidad.
EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN LEGAL
La propuesta es concreta y se limita a un artículo único. Este incorpora un nuevo inciso final al artículo 3 de la Ley N° 10.336, que textualmente señala que «quedan excluidos del régimen de exclusiva confianza a que se refieren los incisos anteriores, los funcionarios pertenecientes a las plantas administrativa, de mayordomo, auxiliar y técnica de la Contraloría General de la República, cualquiera sea su calidad jurídica». A partir de esa modificación, la permanencia en el servicio y la cesación en el cargo de este personal se regirá por las normas generales de la Ley N° 18.834, el Estatuto Administrativo, en todo aquello que no sea incompatible con las disposiciones especiales de la CGR.
De esta forma, los trabajadores señalados pasarían a gozar de la estabilidad en el empleo propia de la función pública, solo pudiendo ser removidos por las causales y mediante los procedimientos establecidos en la ley, como la calificación o el sumario administrativo. La iniciativa no altera el estatus de los funcionarios de planta directiva o de fiscalización, quienes mantendrían su condición de exclusiva confianza.
La moción, que forma parte del período legislativo 2026-2030, se encuentra en el primer trámite constitucional y fue derivada a las comisiones de Hacienda y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su estudio y discusión. De ser aprobada, significaría un cambio sustancial en la cultura organizacional de la Contraloría, alineando su régimen interno con los principios de proporcionalidad y estabilidad que rigen en el resto de la administración pública chilena.
Rol N° 18258-06 y 18383, Congreso Nacional (Cámara de Diputados).
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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