La economista Cecilia Cifuentes, directora del centro de estudios financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, plantea modificar la recién aprobada reforma previsional para mitigar su impacto en el mercado laboral. Su propuesta central consiste en que el incremento de cotización destinado a las cuentas de capitalización individual pase a ser de cargo del trabajador y no del empleador, como quedó establecido en la ley.
En un estudio titulado «Desafíos en la implementación de la reforma de pensiones», Cifuentes advierte que el principal riesgo macroeconómico de la nueva normativa es el alza de los costos laborales para las empresas. La ley establece un aumento gradual de 6,5 puntos porcentuales en la cotización, distribuido en nueve años y asumido completamente por las empresas. Cifuentes señala que, en un escenario de informalidad elevada, este mayor costo podría reducir la contratación formal, aumentar el desempleo, fomentar la evasión previsional y comprimir los salarios reales.
Cifuentes respalda su análisis con estadísticas que indican que el Índice Real de Costo Laboral ha aumentado más rápido que el Imacec durante los últimos años. Para aliviar esta presión, que se suma a la reducción de la jornada laboral y al fuerte aumento del salario mínimo, sugiere que el incremento destinado a las cuentas individuales lo paguen los trabajadores.
La economista sostiene que, como la elasticidad de la oferta laboral es usualmente inferior a la de la demanda, el peso de la cotización termina trasladándose a los trabajadores con el tiempo. Si el empleador asume la cotización, el trabajador la paga con mayor informalidad y cesantía. En cambio, si es el trabajador quien la paga, el efecto es directo sobre su salario neto, algo que Cifuentes estima menos dañino, pues ese monto no es un tributo, sino un ahorro extra en su fondo individual.
BENEFICIO FISCAL Y EFECTO EN EL SISTEMA
Con la modificación propuesta, el costo que los empleadores enfrentan por concepto laboral se reduciría, pero el total de recursos que ingresa al sistema previsional se mantendría sin cambios. Además, tendría un beneficio fiscal significativo. De acuerdo con el Informe Financiero de la reforma, reducir la carga previsional de los empleadores implicaría un ahorro fiscal de aproximadamente US$ 1.300 millones al año para el Gobierno Central una vez en régimen. Este ahorro se derivaría del menor costo laboral y de la mayor recaudación del impuesto a la renta, producto de menores costos laborales en las empresas, a lo que se sumaría la reducción de costos en instituciones descentralizadas del Estado.
En régimen, al noveno año (2033), la normativa dispone que 4,5 puntos de la cotización extra se destinen a las cuentas de capitalización individual, 1,5 puntos al préstamo con rentabilidad protegida y 2,5 puntos al Seguro Social. Del total de 8,5 puntos, cerca de 2 puntos ya eran cotizados por los empleadores para financiar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), según precisa el informe de Cifuentes.
La gradualidad prevista podría extenderse a once años si la evaluación de la Ley de Cumplimiento Tributario, programada para fines de 2027, refleja una menor recaudación a la esperada. De hecho, el Gobierno actual ya ha señalado que hubo una sobreestimación de los ingresos esperados por dicha ley para 2026.
OTROS DESAFÍOS DE LA REFORMA
El estudio de Cifuentes también aborda otros aspectos críticos de la implementación. En primer lugar, señala que la reforma ha logrado parcialmente sus objetivos principales. La legitimidad social del sistema ha mejorado y las pensiones ya no encabezan la lista de prioridades ciudadanas. Sin embargo, los avances en materia de ahorro individual son aún limitados.
Cifuentes sostiene que el alza en las pensiones a partir de 2018 se debe a la PGU, no al ahorro personal, dejando en evidencia el perjuicio causado por los retiros de fondos durante la pandemia. Esta dependencia del pilar solidario plantea un riesgo fiscal de largo plazo.
También considera que la edad de jubilación es el aspecto omitido más relevante de la reforma y que debiera ajustarse. La conjunción de una edad legal baja, una expectativa de vida elevada y escasos años de cotización produce una tensión permanente sobre las tasas de reemplazo que la reforma no resuelve. Los estímulos para retrasar la edad de retiro no han tenido un efecto significativo hasta el momento.
Respecto a la organización del sector previsional, Cifuentes señala que las medidas apuntan en la dirección correcta, pero su puesta en práctica implica desafíos relevantes. Los plazos son acotados y aspectos como la rotación de carteras, la definición del benchmark y la licitación de afiliados necesitan una supervisión regulatoria cuidadosa.
Las modificaciones buscan resolver dos problemas centrales identificados en el diagnóstico previo: la escasa competencia en comisiones, causada por la tendencia de los afiliados a mantenerse en su administradora pese a diferencias de precio, y una gestión de inversiones ineficiente, originada en una regulación excesivamente detallada con límites de inversión y los inconvenientes de los cambios masivos de cartera en el esquema de multifondos.
Para abordar estas fallas, la ley contempla una licitación del 10% de los afiliados no pensionados cada dos años, la sustitución de los multifondos por fondos generacionales, y un mecanismo que premia o castiga a las AFP según el rendimiento de sus inversiones en comparación con una cartera de referencia.
No obstante, Cifuentes alerta que el calendario legal es exigente: la publicación del nuevo Régimen de Inversión está prevista para septiembre de 2026; la transición a fondos generacionales, para abril de 2027; la primera licitación, para diciembre de 2027; el traspaso de afiliados, para junio de 2028; y el inicio del sistema de premios y castigos, para abril de 2029. La economista advierte que los riesgos de este proceso son múltiples.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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