La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado retomó el estudio del proyecto de ley que prohíbe la propaganda electoral fabricada con plástico no compostable, en una sesión en que el Servicio Electoral advirtió que carece de herramientas para verificar la materialidad de los carteles y en que el Ejecutivo propuso acotar la prohibición al PVC en lugar de vetar todo plástico. La instancia fijó plazo de indicaciones hasta el 6 de noviembre de 2026 y acordó volver sobre el texto el 9 de noviembre.
La sesión, difundida por el canal de YouTube TVSenado Chile, tuvo como expositora a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, acompañada por el jefe de gabinete del ministerio, Eduardo Méndez, y el asesor legislativo Gabriel Bravo. Por el Servicio Electoral compareció el subdirector de control del gasto y financiamiento electoral, Guillermo González, después de que se excusara la presidenta del organismo, Pamela Figueroa. También se excusó el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri.
La iniciativa, individualizada como boletín 14.024-12, cumple su segundo trámite constitucional y llega con un nuevo primer informe. Modifica los artículos 35 y 36 de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que regulan la ubicación de la propaganda electoral. Añade la prohibición de letreros de propaganda hechos con cualquier tipo de plástico en el espacio público y extiende esa regla a los lugares privados, además de incorporar una definición de plástico que el Ejecutivo cuestionó por la dispersión normativa existente en la materia.
Según se recordó en la sesión, la moción fue presentada el 19 de enero de 2021 por los entonces diputados Cristian Girardi y Félix González y por la diputada Pamela Giles. El texto tuvo respaldo unánime en la comisión de la Cámara de origen, una abstención en esa sala y 21 abstenciones en la Sala del Senado, sin votos en contra. La comisión senatorial lo aprobó en 2023, pero el 13 de marzo la Sala lo devolvió para un nuevo primer informe ante las dudas que generaba.
El diagnóstico expuesto apunta a que la propaganda se fabrica mayoritariamente con PVC de bajo costo, material que se deteriora por el viento, el traslado y el vandalismo, termina en relleno sanitario y es el plástico más difícil de reciclar: posee cloro que genera gases que oxidan los equipos de reciclaje mecánico y contamina otras resinas. Se citó que el PVC representa un 2% de las resinas que se reciclan, frente a un 62% del polietileno y un 20% del polipropileno.
La propuesta del Ejecutivo, expuesta por Méndez, es excluir el PVC y privilegiar materiales reciclables como el polietileno y el polipropileno, sin exigir compostabilidad. El argumento es doble: el costo, ya que el material compostable o biobasado ronda un 50% más, y las condiciones de resistencia, pues en zonas de lluvia los soportes de papel o cartón se destruyen y acaban produciendo más residuos. También planteó remitir la definición de plástico al artículo 2 letra J de la ley N° 21.368, en lugar de crear una nueva, y valoró el avance que significó la ley N° 20.900.
Guillermo González describió un uso intensivo de la propaganda instalada. En las elecciones de 2024 y 2025 se habilitaron 2.700 espacios públicos a nivel nacional; se recibieron 137.000 autorizaciones de espacio privado en 2024 y casi 19.000 en 2025. Recordó que en agosto de 2024 la definición de propaganda electoral incorporó las plataformas digitales, aunque advirtió que allí el contenido se distribuye según patrones de uso, con riesgo de sesgo. En regiones y zonas rurales, sostuvo, la plaza pública sigue siendo el punto de encuentro donde se instala la cartelería.
Sobre la fiscalización, explicó que el SERVEL dispone de 100 fiscalizadores en terreno y que hoy controla ubicación, número de elementos y dimensiones: 2 metros cuadrados en espacio público y 6 en espacio privado. Determinar con qué material se fabricó un cartel excede su capacidad técnica, dijo, y sugirió que el fabricante certifique la composición ante el servicio. Agregó que las campañas se financian en promedio en un 60% con aporte fiscal vía reembolso, de modo que un mayor gasto elevaría el desembolso estatal, y vinculó la discusión con las reglas de control del gasto electoral.
Los senadores presentes coincidieron en la necesidad de reducir el plástico, pero manifestaron reparos. Se insistió en que sin fiscalización efectiva la norma queda como declaración incumplible, en la falta de un informe financiero que fortalezca al SERVEL y en el riesgo de que el mayor costo beneficie a quienes tienen más financiamiento. Se objetó que el artículo 35 exceptúe la información oficial de las respectivas municipalidades, que usan plástico durante todo el año, y se pidió distinguir entre propiedad pública y privada, considerando que dentro de un inmueble particular el servicio no puede fiscalizar y que cualquier limitación al dominio debe ser proporcionada. Otras intervenciones defendieron avanzar, aunque fuera de forma gradual, como señal política coherente con la ley de plásticos de un solo uso y con la regulación de bolsas, y calificaron de irrelevante el impacto de la medida frente al plástico que usa la gran industria.
En nuestra lectura, la jornada deja a la vista la dificultad de traducir una señal ambiental en una regla aplicable, sobre todo cuando el propio órgano llamado a fiscalizarla describe sus límites técnicos y presupuestarios. Sería prudente que la discusión de indicaciones se detenga tanto en la materialidad de los carteles como en los medios con que se contará para verificarla.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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