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La cuenta pública del primer semestre del Poder Judicial llegó ayer al Congreso Nacional con un balance que revela una ejecución presupuestaria del 55% y un déficit estimado de más de 106 mil millones de pesos, según lo informado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). La presentación fue encabezada por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ante la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, en una jornada en la que también se abordaron la alta carga de trabajo en los tribunales y el impacto de leyes recientes como la Ley Corta de Isapres y la Ley Karim.
La exposición se realizó el lunes 31 de agosto de 2026 y contó con la participación de la directora (i) de la CAPJ, Andreina Olmo; el subdirector (i), Alex Saravia; y el director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas, junto a las principales jefaturas de la institución. La instancia fue presidida por el diputado Agustín Romero, en su calidad de presidente de la subcomisión mixta.
CONTEXTO DE LA RENDICIÓN
La presentación corresponde a la ejecución presupuestaria del año 2026 durante sus primeros seis meses. En esta ocasión, la directora (i) de la CAPJ fue la encargada de exponer los principales hitos de la gestión financiera del período.
El presupuesto vigente para el año asciende a 808.376 millones de pesos. Según lo informado, la ejecución alcanzó los 444.349 millones de pesos, lo que representa un 55% del total presupuestado. La autoridad también dio cuenta de un déficit estimado de 106.497 millones de pesos, conforme a la programación vigente.
CIFRAS CLAVE POR SUBTÍTULO
Uno de los puntos centrales del informe fue el detalle de cada subtítulo presupuestario. En el Subtítulo 21, correspondiente a Gastos de Personal, la ejecución llegó al 56% al mes de junio, equivalente a 334.833 millones de pesos. En este punto, la CAPJ enfatizó la necesidad de mantener el proyecto de causas rezagadas, dado que resulta fundamental para atender las necesidades básicas de gestión de los tribunales.
Según lo expuesto, ese proyecto permitiría cubrir el déficit estructural de la dotación de personal, la entrada en vigencia de nuevas leyes, el crecimiento sostenido de las causas y la recarga laboral que afecta al sistema de justicia.
En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, la ejecución ascendió a 44.520 millones de pesos, equivalente al 44,7%. La proyección del gasto para el año alcanzó los 103.708 millones de pesos, con un déficit proyectado de 4.070 millones de pesos.
DÉFICIT Y PROYECCIONES
Respecto del Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, la ejecución del primer semestre fue de 6,9%. Las autoridades explicaron que el segundo semestre concentrará los gastos asociados a equipos que se encuentran en proceso de licitación y a programas informáticos cuyos contratos se renuevan a fines de año. Por ello, la ejecución se considera conforme a la programación, con un monto estimado de 10.183 millones de pesos.
En el caso del Subtítulo 31, dedicado a inversión, la ejecución alcanzó el 17,44%. El saldo por ejecutar es de 32.249 millones de pesos, de los cuales 20.240 millones corresponden a obras contratadas y proyectos en ejecución que se concretarán en el segundo semestre. Entre ellas se cuentan obras en construcción en las ciudades de Los Ángeles y Concepción, además del inicio de la edificación de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
Los restantes 12.010 millones de pesos están destinados a proyectos actualmente en licitación, considerando una reasignación de 2.134 millones de pesos para atender otras necesidades en materia de inversión. La exposición también incluyó un repaso por los demás subtítulos del presupuesto, como prestaciones de seguridad social y transferencias corrientes.
CONSULTAS DE LOS LEGISLADORES
Tras la exposición, los integrantes de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos formularon consultas relativas a la situación de la alta carga de trabajo en los tribunales de justicia del país y a los efectos de leyes como la Ley Corta de Isapres y la Ley Karim, entre otras. También se preguntó por el avance de ciertos proyectos de inversión particulares.
La presidenta de la Corte Suprema y la directora (i) de la CAPJ respondieron a las consultas realizadas en la sesión. Las preguntas específicas relacionadas con el Subtítulo 31, que no pudieron ser abordadas por falta de tiempo, serán respondidas por oficio en una etapa posterior, según se informó en la instancia.
Fuente: Sitio Web del Poder Judicial de Chile
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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