La oposición parlamentaria anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para impugnar las indicaciones que el Ejecutivo ingresará al proyecto de ley que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. El plazo de 24 horas bastó para que diputados de oposición advirtieran vicios de constitucionalidad en los cambios propuestos por los ministros de Justicia y Seguridad, Fernando Rabat y Martín Arrau, respectivamente.
Los anuncios se produjeron tras la cuenta pública del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Rabat adelantó que las enmiendas abordarán materias como el lugar de residencia de los adolescentes mayores de 17 años seis meses que deban cumplir condena por delitos graves. Arrau, en tanto, precisó que para un catálogo de 17 ilícitos se eliminará el límite de cinco años de condena aplicable a menores de 14 y 15 años, homologando ese tope al que rige para adolescentes de 16 y 17 años.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
La diputada Lorena Fries (Frente Amplio) fue la primera en alertar sobre una posible infracción al artículo 5 de la Constitución Política. Sostuvo que no puede fusionarse el sistema especializado para adolescentes con el régimen penal de adultos, pues ello vulneraría estándares internacionales de derechos de la infancia. “Cualquier cosa que tienda a borrar ese límite, como por ejemplo homologación de penas con los adultos, sería en principio una violación a derechos de niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto también una inconstitucionalidad”, afirmó.
El jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, calificó las enmiendas de “absolutamente inconstitucionales”. A su juicio, atentan contra las normas del debido proceso y la Convención Internacional sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. “Debe existir un juez natural y también un procedimiento que sancione el desarrollo de una investigación, y no puede aplicarse uno u otro”, precisó. Agregó que el interés superior del menor debe prevalecer, y que la indicación gubernamental desconoce ese principio.
Por su parte, el diputado independiente Bernardo Salinas, integrante de la comisión de Seguridad, reconoció que “bajar la edad de responsabilidad penal viene a resolver el tema del nivel de violencia y actos delictuales”, pero advirtió que se debe analizar con rigurosidad “sin quitarles derechos garantizados constitucionalmente a los jóvenes, no empujándolos a la marginalidad ni llevándolos a la escuela del crimen a través de las cárceles”.
ANTECEDENTES DE DERROTA GUBERNAMENTAL EN EL TC
La amenaza de recurrir al organismo contralor revive una de las derrotas legislativas más significativas del actual Gobierno: la declaración de inconstitucionalidad de varias normas del proyecto “Escuelas Protegidas”. Durante la tramitación de esa iniciativa, diputados de oposición Juan Santana (PS), Emilia Schneider (FA) y Daniela Serrano (PC) ya anticiparon que impugnarían ciertos artículos, y finalmente el Tribunal Constitucional acogió sus requerimientos.
El TC declaró contrario a la Constitución el artículo 6 que creaba una nueva inhabilidad para acceder a la gratuidad educacional. También tumbó la norma que permitía la revisión forzosa de mochilas, aunque admitió la inspección voluntaria. Otra disposición declarada inconstitucional fue la que calificaba como afectación grave a la convivencia escolar los actos estudiantiles que impidieran la realización de clases y paralizaran las labores docentes.
Asimismo, el Tribunal eliminó la prohibición de usar accesorios o vestimentas que promovieran, hicieran apología o alusión a la violencia, drogas o conductas delictuales. Finalmente, cayó la norma que permitía excluir de los procesos de admisión a alumnos que hubieran sido expulsados o cuya matrícula hubiera sido cancelada en otros establecimientos educacionales.
El precedente de “Escuelas Protegidas” marca el escenario en que la oposición ahora busca detener las modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente, utilizando el mismo mecanismo constitucional. El Gobierno deberá esperar el ingreso formal de las indicaciones al Senado la próxima semana para conocer la respuesta del Tribunal Constitucional.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
