El debate sobre los efectos del Convenio 169 de la OIT y la Ley Lafkenche se ha instalado en el mundo empresarial. Los gremios evitan plantear una salida del tratado internacional, pero coinciden en que se requieren cambios para reducir la incertidumbre, acotar la discrecionalidad y evitar que iniciativas de inversión queden paralizadas por largos períodos.
La discusión tomó fuerza luego de que el ministro de Defensa, Fernando Barros, cuestionara la aplicación del Convenio 169 y planteara la posibilidad de que Chile se deshaga de este y de otras normas que, a su juicio, generan un riesgo para el país. El secretario de Estado calificó el asunto como un tema de preocupación para la defensa.
El Presidente José Antonio Kast, en tanto, señaló que existen ciertos temas debatibles en torno a estas materias, aunque descartó que su administración vaya a impugnarlas. De todos modos, reconoció que el Convenio 169 puede generar efectos en materias relevantes para Defensa y afirmó que existen abusos asociados a la Ley Lafkenche.
El Convenio 169 fue ratificado por Chile en 2008 y entró en vigencia al año siguiente. La Ley Lafkenche, promulgada ese mismo año, creó los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), destinados a reconocer y proteger el uso consuetudinario de determinados espacios del borde costero por parte de comunidades indígenas.
De acuerdo con antecedentes del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), actualmente hay siete proyectos, por un monto conjunto de US$2.418 millones, que esperan la conclusión de procesos de consulta indígena para continuar con su tramitación ambiental.
AGRICULTURA Y SALMONICULTURA APUNTAN A LA CERTEZA
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, sostuvo que el foco debe estar en perfeccionar la aplicación de estas normas para entregar mayor certeza jurídica, reglas claras y plazos razonables. En esa línea, agregó que se debe reducir espacios de discrecionalidad y compatibilizar adecuadamente los derechos de los pueblos originarios con el desarrollo productivo.
Walker también advirtió sobre los efectos de los procedimientos extensos: es necesario avanzar en criterios objetivos, mayor transparencia y procedimientos claros que eviten paralizaciones indefinidas de proyectos y actividades productivas. «El desafío es resguardar derechos legítimos, pero también generar condiciones para la inversión, el empleo y el desarrollo de las regiones», añadió.
La presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, puso el acento en perfeccionar la implementación de la Ley Lafkenche. «Chile necesita volver a crecer y una de las llaves para hacerlo está precisamente en resolver nudos regulatorios que hoy generan incertidumbre y retrasan inversiones», afirmó. Y planteó que no se trata de elegir entre derechos y desarrollo, sino de contar con reglas claras que resguarden el bien común y entreguen certeza a todos quienes conviven en el territorio.
El presidente de SalmonChile, Patricio Melero, afirmó que la aplicación de la Ley Lafkenche constituye un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo sostenible de la salmonicultura. Asimismo, sostuvo que existe un consenso transversal entre distintos sectores y organizaciones sobre la necesidad de modificar esta ley, por lo que manifestó la expectativa de que esa voluntad política permita concretar los cambios pendientes.
CPC PIDE REGLAS CLARAS Y CAMBIOS A LA LEY LAFKENCHE
La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, comentó que el Convenio 169 está vigente en Chile y tiene rango de ley, por lo tanto, hay que respetarlo. Sin embargo, planteó la necesidad de revisar la forma en que se aplica y contar con reglas más claras para su interpretación.
Desde la CPC han propuesto establecer un marco legal que otorgue mayor certeza, reduzca los espacios de discrecionalidad administrativa y permita compatibilizar adecuadamente los derechos individuales y colectivos. Para Jiménez, el problema es especialmente visible en la Ley Lafkenche, que constituye una traba importante al desarrollo de proyectos.
La magnitud del problema queda reflejada en que las solicitudes pendientes de ECMPO abarcan más de 2,3 millones de hectáreas y mantienen suspendidas más de 800 solicitudes de concesiones y áreas de manejo. Por ello, desde la CPC proponen establecer criterios objetivos para los ECMPO, precisar qué se entiende por uso consuetudinario, quién puede invocarlo y de qué manera debe acreditarse. También plantean elevar la transparencia y los antecedentes técnicos requeridos, además de que la suspensión de solicitudes productivas ocurra una vez que la Conadi haya verificado la existencia de dicho uso.
«El objetivo es que los derechos legítimos de los pueblos originarios convivan con el desarrollo de las regiones bajo reglas claras, criterios técnicos y plazos razonables. Ambas cosas son perfectamente compatibles», afirmó Jiménez.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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