La reforma constitucional de seguridad que el gobierno busca impulsar en el Senado no solo enfrenta votos en contra, sino que ahora también carga con una pregunta incómoda: quién redactó el texto, calificado como «trabajo poco serio» por el senador Araya y como reflejo de «inexperiencia en algunos equipos» por el senador Longton. Mientras el Ejecutivo intenta destrabar la negociación, parlamentarios apuntan bajo reserva al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, como el rostro de una redacción que ha generado reparos transversales.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha liderado el despliegue gubernamental en la llamada semana distrital, en busca de los votos necesarios para aprobar la idea de legislar. En ese marco, ha recibido en la cartera a parlamentarios de Republicanos, la UDI y Renovación Nacional, además de sostener reuniones bilaterales con el presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, y con los exintegrantes del Tribunal Constitucional Iván Aróstica y Marisol Peña. También se reunió con los abogados constitucionalistas Gonzalo Candia, Clemente Recabarren y Felipe Lizama.
El ministro participó además en el almuerzo convocado por la Segpres en La Moneda con los presidentes de los partidos de Chile Vamos y Republicanos, y recibió al senador Matías Walker, uno de los principales críticos de la iniciativa. Pese al encuentro, Walker reafirmó su postura contraria: «Yo mantengo mi postura de rechazar la idea de legislar esta reforma constitucional como se ha planteado, y concentrarnos de lleno en una agenda legislativa en la que estamos de acuerdo», dijo, señalando que esa vía sería más eficaz para perseguir la delincuencia, el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
Walker no es el único voto clave que ha anticipado su rechazo. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó al Ejecutivo a retirar el estado de excepción de seguridad pública que contempla la reforma. «La tarea no es alinear a los parlamentarios detrás de lo que termina siendo una mala idea, sino que, eventualmente, retirar esta medida», advirtió, y sostuvo que la iniciativa no contaría «con los votos ni siquiera del propio oficialismo».
Núñez también atribuyó a Arrau responsabilidad en las dificultades que enfrenta la propuesta y señaló que antes de ingresar la reforma se debieron incorporar las posiciones de los legisladores de gobierno. «No somos los parlamentarios los que tenemos que alinearnos detrás de lo que se nos pida porque estamos gobernando», afirmó.
En la misma línea, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, se sumó al llamado a retirar la reforma del Senado y advirtió que podría caer en una «lógica autoritaria». «El mismo Chávez construyó parte de su dictadura a partir de estados de excepción», relevó la autoridad de la UDI.
En medio de la controversia, una duda se instaló en el debate público: quién escribió el proyecto. Bajo reserva, parlamentarios imputan la principal responsabilidad al subsecretario Guerrero, quien participó en el diseño de la propuesta y ha sido parte de las tratativas con los legisladores en los últimos días.
Guerrero llegó a liderar la partición tras la reestructuración que Arrau concretó en el ministerio, luego de la salida de Trinidad Steinert. Antes, el abogado se desempeñaba como jefe de gabinete del ministro del Interior, Claudio Alvarado.
De hecho, en una reciente entrevista con El Mercurio sobre la reforma, el subsecretario se refirió a las «cirugías de belleza» como prestaciones de salud que deberían inhabilitarse para personas condenadas. Consultado por ello en Mesa Central de Canal 13, Alvarado leyó el ejemplo del subsecretario como una «ironía».
En el Senado, las críticas a la autoría han sido directas. El presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya, afirmó que «mi impresión es que hay algún asesor del Presidente de la República, del gobierno, probablemente del segundo piso, no sabemos en qué parte, que utilizó un chatbot de inteligencia artificial, que probablemente era la versión gratuita, y lo que hizo fue tomar distintas legislaciones de países».
Araya agregó que «es un trabajo poco serio y es muy curioso porque todavía no logramos saber quién es el redactor del proyecto, lo tienen guardado bajo siete llaves, nadie ha querido reconocer la autoría, por más que hemos emplazado al gobierno».
Por su parte, el senador Andrés Longton atribuyó las falencias del texto «a la falta de rigurosidad técnica de algunos equipos y fortaleza de la parte política y falta de especialistas en determinadas áreas». El parlamentario de RN añadió que «me parece que a veces hay un exceso de juventud e inexperiencia en algunos equipos».
El biministro Alvarado fue requerido este lunes por el rol de Guerrero en la redacción del proyecto. En Radio Biobío explicó que «todo proyecto de ley nace y se genera en los ministerios sectoriales», y que una vez con el borrador se socializa con los demás ministerios, se coordina con la Segpres y, tras los acuerdos, se procede a las firmas.
Sobre el subsecretario, indicó que «es parte del equipo. Como subsecretario de Prevención del Delito, él coordina equipos y dentro de las ideas que van surgiendo, van haciendo las redacciones que correspondan. Es un trabajo técnico que va haciendo un abogado que conoce estos temas».
Alvarado restó peso a la idea de una autoría individual: «Sindicarlo como el padre no tiene mucho sentido, porque esto se va construyendo en equipo. Siempre va a haber una cabeza que dirige, pero aquí son equipos», sostuvo.
El ministro Arrau, en tanto, asumió la responsabilidad política de la iniciativa con otra formulación. «Esa reforma tiene la firma del ministro quien le habla, quien es responsable de las políticas de seguridad de este gobierno, y, por tanto, yo soy el responsable de ese proyecto de ley», aseveró. Y agregó: «Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas», reconociendo que han conversado con parlamentarios para analizar críticas y sugerencias de mejora.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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