
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Jaime Mulet, calificó como «un misterio» que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, siga en el gabinete en medio de las presiones por su salida debido a las rebajas de condenas otorgadas a personas condenadas por delitos sexuales. En entrevista con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario cuestionó el respaldo del Presidente José Antonio Kast al secretario de Estado y advirtió que el conflicto podría escalar hacia una acusación constitucional.
Mulet describió un Ejecutivo con «serios problemas en esta materia y eso es evidente», y agregó que también existen contradicciones dentro de la propia oposición, donde hay parlamentarios que se han mostrado dispuestos a apoyar o aprobar una acusación constitucional si es que se presenta.
CONTRADICCIÓN CON EL DISCURSO DE SEGURIDAD
A juicio del diputado, el caso constituye un grave error político por el contraste entre las decisiones del Ministerio de Justicia y el discurso de seguridad impulsado por el gobierno de Kast. «Estamos hablando de rebajas de condena de violadores, de abusadores sexuales, incluso algunos violadores de derechos humanos», sostuvo, y reprochó que el Ejecutivo haya fijado como eje central el combate a la delincuencia y la protección de menores mientras «aliviana el trámite» y termina reduciendo las condenas de un grupo importante de esas personas.
LA PREGUNTA POR LA RENUNCIA
El parlamentario apuntó directamente a la insistencia del Ejecutivo en respaldar a Rabat pese a los cuestionamientos sobre su interpretación de la normativa y las decisiones adoptadas. «¿Por qué el Gobierno no le pide la renuncia? ¿Por qué el ministro no renuncia? La verdad es que es un misterio», afirmó.
LA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y SUS FUNDAMENTOS
Sobre la eventual acusación constitucional, Mulet sostuvo que la oposición tiene derecho a impulsarla, aunque advirtió que será necesario revisar sus fundamentos jurídicos para determinar si hubo infracciones a la Constitución o a las leyes. «El punto es que hay que ver esa acusación constitucional para ver la infracción de ley. ¿De qué manera se infringe o infringió la ley o la Constitución el ministro?», planteó. Anticipó además que, si no hay renuncia, la presentación podría concretarse durante los próximos días, abriendo un escenario de votación incierto, con eventuales apoyos desde la derecha.
EL COSTO POLÍTICO PARA KAST
El diputado también se refirió al costo que implica para el Presidente mantener al secretario de Estado en el cargo. «Esta permanencia del ministro y donde el Presidente de la República asume directamente la responsabilidad, ya que el hecho de mantenerlo y no pedirle la renuncia, creo que genera una situación muy rara, a mi juicio políticamente muy compleja que va a seguir permeando y va a seguir deteriorando el Gobierno, su nivel de apoyo», comentó.
LA REMOCIÓN DE SILVA Y EL VIDEO
Consultado por la remoción del subsecretario Luis Silva y el video que publicó en redes sociales durante la controversia, Mulet cuestionó su actuación y apuntó a un eventual intento por deslindar responsabilidades en el ministro. «Da la impresión, por su video, que él trata de salvar y deslindar la responsabilidad en el ministro», sostuvo. Además, descartó que se tratara de un simple error comunicacional: «Una persona como Silva no es una persona nueva en la política que uno pueda atribuirle eso a un error. Había un propósito ahí, y no una improvisación».
EL ORIGEN DE LA NORMATIVA
El diputado planteó que la crisis también debe mirarse desde el origen de la legislación que permitió estas rebajas de condenas. Recordó que la norma data de 2003 y cuestionó que el sistema político no haya corregido sus alcances, pese a que en 2022, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro Hernán Larraín impulsó una propuesta para eliminar la posibilidad de rebajar condenas a delincuentes sexuales. «Lo curioso es que el sistema político entero no fue capaz de detectar esta situación antes, a mi juicio, y en eso también hay que pensar qué está pasando. O hay cierto nivel de hipocresía del sistema completo en ese sentido. A mí eso me preocupa», manifestó, y aludió a las cientos de rebajas de condenas que se habrían otorgado durante los últimos años por distintos delitos, incluidos los sexuales.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para los operadores jurídicos, el punto que fija el parlamentario es el estándar de imputación de una acusación constitucional: la revisión de si existió infracción de la Constitución o de las leyes por parte del ministro, cuestión que Mulet condiciona a la revisión previa de los fundamentos del libelo.
En paralelo, el debate sobre la norma de 2003 y la propuesta impulsada en 2022 instala una discusión legislativa sobre los alcances de las rebajas de condenas, materia que el diputado vincula con la incapacidad del sistema político de corregir la situación.
El estado actual del asunto es de presión política sin renuncia: la salida del ministro no se ha concretado y la presentación de una acusación constitucional aparece, según Mulet, como una posibilidad para los próximos días.
En nuestra lectura, el caso desplaza la discusión desde la actuación individual del ministro hacia una normativa que data de 2003 y que el sistema político no corrigió, y la revisión de los fundamentos jurídicos que reclama el propio Mulet parece el punto donde ese debate debería ordenarse. Sería prudente que la discusión parlamentaria se detenga en el contenido de esa norma y no solo en la permanencia del secretario de Estado.
Fuente: radio.uchile.cl
Documento original: https://radio.uchile.cl/2026/11/02/mulet-frvs-cuestiona-respaldo-de-kast-a-rabat-el-presidente-asume-directamente-la-responsabilidad/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.








