Una querella por presunta obstrucción a la investigación sacude el mundo corporativo chileno y expone las tensiones entre dos gigantes industriales. Molycop, empresa productora de bolas de molienda, presentó una acción penal ante los tribunales en contra de Jean Paul Sauré, gerente general de la Compañía Siderúrgica Huachipato, integrante del Grupo CAP. La acusación apunta a que el ejecutivo habría entregado información falsa en el marco de una investigación penal, con el objetivo de desviar el foco del Ministerio Público hacia una hipótesis delictiva inexistente.
El conflicto se inserta en un prolongado proceso arbitral y una serie de juicios civiles entre ambas compañías. Según la querella, patrocinada por el abogado Darío Silva, Sauré concurrió a la fiscalía para impulsar una nueva línea investigativa basada en un supuesto delito de apropiación indebida. La tesis del ejecutivo se sustentaría en la existencia de un contrato de “consignación” que, a juicio de Molycop, nunca se ejecutó en los términos que él describe. La querella sostiene que el gerente general conocía la falsedad de sus afirmaciones cuando las entregó al ente persecutor.
CONTEXTO ARBITRAL Y DEMANDAS CRUZADAS
El origen de la disputa se remonta a junio de 2022, cuando Huachipato y Molycop suscribieron un contrato de abastecimiento de barras de acero. El acuerdo, renovado hasta mayo de 2024, establecía un plan anual de compras y una estructura de precios que debía ser acordada entre las partes. Sin embargo, las negociaciones se tensionaron a partir de mayo de 2024, cuando Huachipato habría desconocido los precios previamente pactados y comenzó a facturar montos superiores.
Molycop denuncia que la siderúrgica retuvo despachos de productos, configurando un incumplimiento grave. Ante esa situación, la empresa se vio forzada a pagar los precios reclamados bajo reserva y a recurrir al mercado internacional para asegurar suministros entre octubre y noviembre de 2024, asumiendo sobreprecios. En ese escenario, Molycop optó por rechazar algunas facturas emitidas por Huachipato, lo que escaló el conflicto.
Una de las acciones legales emprendidas por CAP fue una demanda de cumplimiento forzado del contrato de compraventa de barras despachadas en septiembre de 2024. En esa demanda, CAP reclama a Molycop el pago de un saldo superior a los 7.500 millones de pesos.
ACUSACIÓN DE OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
El punto central de la querella es la conducta atribuida a Jean Paul Sauré. Molycop afirma que el ejecutivo, en su calidad de gerente general, presentó ante el Ministerio Público una versión distorsionada de la relación contractual. Según la acusación, Sauré sostuvo que la operación relativa al pedido de barras para diciembre de 2024 no era una compraventa, sino una “consignación”, en virtud de la cual Molycop debía pagar solo por las barras utilizadas y devolver las no usadas.
La querella califica esa afirmación como absolutamente falsa y constitutiva de delito. Agrega que Sauré no solo aportó un antecedente falso, sino que su actuación tuvo un efecto concreto en la dirección de la investigación penal, según consta en las diligencias ordenadas por la fiscalía. La acusación apunta directamente a que el ejecutivo buscó desviar la atención de la fiscalía hacia una hipótesis de apropiación indebida inexistente, utilizando para ello un correo electrónico enviado el 28 de julio de 2024.
LA TESIS DE CONSIGNACIÓN Y EL CORREO ELECTRÓNICO
En ese correo, dirigido a Gustavo Alcázar, gerente general de Molycop, Sauré mencionó la palabra “consignación” al referirse a las condiciones de pago para el volumen de diciembre de 2024. Molycop interpreta ese mensaje como una fórmula comercial para facilitar la venta de la siderúrgica, no como la creación de un título fiduciario. La empresa sostiene que aceptó adquirir mercadería que no necesitaba de inmediato para ayudar a Huachipato a asegurar sus ventas y evitar que Molycop recurriera al mercado asiático.
Sin embargo, la querella sostiene que Sauré manipuló ese correo para construir una nueva tesis del conflicto: pasar de un contrato de compraventa a un acuerdo basado en la consignación. Esa tesis, añade Molycop, fue presentada ante la fiscalía como si reflejara la intención real de las partes, pese a que el ejecutivo sabía que no era cierta. La acusación afirma que Sauré declaró sin pudor que Molycop debía devolver las barras no utilizadas, lo que según la querella es incompatible con la naturaleza de compraventa que rigió la operación.
CIERRE Y PERSPECTIVAS
La querella fue interpuesta contra Jean Paul Sauré y todos los que resulten responsables por el delito de obstrucción a la investigación. Molycop solicita que, tras el proceso, el Ministerio Público formalice la investigación en contra del ejecutivo y los demás imputados.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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