El área de derecho migratorio de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica concentra hoy su trabajo en un fenómeno específico: la regularización de personas extranjeras que ingresaron al país por pasos no habilitados. Así lo describió Daniela Valencia, profesora y coordinadora de esa área, en el sexto capítulo de la segunda temporada del podcast Código Abierto, espacio conducido por Alberto Labra, director de comunicaciones de la facultad, y disponible en el canal de YouTube Derecho UC.
CONTRATACIÓN Y PROTECCIÓN LABORAL
Uno de los temas abordados fue el empleo. La profesora precisó que la premisa legal es que una persona en situación irregular no puede trabajar, pero que si presta servicios el empleador queda igualmente obligado: pago de remuneraciones, respeto del ingreso mínimo mensual, cumplimiento de la jornada y pago de cotizaciones previsionales.
En la clínica los conflictos más frecuentes son el no pago de remuneraciones y de cotizaciones, materias que pueden reclamarse ante la Inspección del Trabajo. Añadió una dificultad práctica: como muchos trabajadores no acceden a cuenta bancaria, los pagos se depositan en cuentas de terceros, lo que ha generado nuevos conflictos.
DEMORAS QUE SE MIDEN EN AÑOS
Respecto de la gestión institucional, la entrevistada distinguió dos contrapartes: el Servicio Nacional de Migraciones, en materia de residencias temporales y nacionalizaciones, y la Subsecretaría del Interior, en regularizaciones. El problema transversal, sostuvo, es el tiempo de respuesta, que se extiende por meses e incluso años.
Como en las regularizaciones no existe una plataforma para consultar el estado del procedimiento, la salida habitual ha sido presentar solicitudes de acceso a la información pública y reclamos ante la Contraloría General de la República.
A lo anterior sumó una crítica a la modernización del Estado en esta materia: hay avances parciales, pero no una cobertura completa, y el aumento sostenido de solicitudes no ha ido acompañado de una solución concreta. Pese a ello, afirmó que los usuarios de la clínica no abandonan: llegan en situación de desesperación y el acompañamiento se sostiene hasta la última instancia.
UN DEBATE PENDIENTE
Consultada por los desafíos país, la profesora puso el acento en dos puntos. Por un lado, agilizar residencias y nacionalizaciones; por otro, definir qué ocurrirá con quienes ya tienen familia, empleo estable y arraigo en Chile. Recordó que antes se examinaron casos de personas irregulares que trabajaban, cotizaban y no registraban antecedentes penales, fórmula que a su juicio merece volver a discutirse. Advirtió además que la regularización suele ser rechazada y que muchas personas quedan en un limbo jurídico, sin instancias disponibles.
La migración, concluyó, es un asunto de política pública que cruza salud, educación y empleo, y donde falta una definición clara que entregue certezas.
LAS DOS VEREDAS DE LA ASESORÍA
La invitada explicó que la clínica acompaña a personas de distintas nacionalidades desde dos frentes. El primero es la asesoría administrativa, que se traduce en trámites ante el Servicio Nacional de Migraciones, como solicitudes de residencia temporal y cartas de nacionalización. El segundo es la asesoría judicial, reservada para situaciones más complejas, donde se debe accionar contra una autoridad pública.
Según indicó, más del noventa por ciento de los casos actuales dice relación con regularizaciones, lo que ha exigido ampliar el apoyo más allá de lo estrictamente jurídico: obtención de un rol único tributario provisorio, problemas previsionales, contratos de arriendo y derivación a otras áreas de la misma clínica.
En cuanto al origen de los usuarios, señaló que la mayoría son venezolanos, muchos de ellos indocumentados. La interrupción de las relaciones diplomáticas les impide renovar pasaporte u obtener documentos de identidad, de modo que el primer obstáculo aparece antes de cualquier trámite.
UNA BARRERA ADICIONAL
A juicio de la profesora, otro muro es la desinformación. Junto con el desconocimiento de los procedimientos, circula información errónea en sitios web y existen relatos de personas que pagaron a asesores particulares y nunca recibieron respuesta. En la clínica han recibido varios casos de ese tipo, lo que refuerza la necesidad de orientación confiable.
CAMINO JUDICIAL Y CASOS DE NIÑOS
Entre los resultados favorables mencionó solicitudes de residencia temporal presentadas hace tres o cuatro años, sin pronunciamiento alguno, que derivaron en acciones judiciales y en resoluciones dictadas por la autoridad. También destacó el trabajo con niños, niñas y adolescentes, que cuentan con una categoría especial de residencia a la que pueden optar.
CÓMO ACCEDER A LA CLÍNICA
Las personas interesadas pueden solicitarlo a través del sitio web de la clínica. Luego de inscribirse, se realiza una entrevista inicial con la profesora y el estudiante a cargo, donde se evalúa la viabilidad jurídica del caso, y una entrevista socioeconómica a cargo del equipo social, que determina el acceso al servicio gratuito, siempre conforme a los principios y estándares de la universidad.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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