Imagen generada por inteligencia artificial para fines ilustrativos — Veredictum.cl
La inclusión de un crédito tributario para el financiamiento de enfermedades catastróficas en la megarreforma tributaria encendió las alarmas de expertos en salud pública y economía, que advierten que la medida podría profundizar las inequidades del sistema y generar un costo fiscal difícil de controlar. La norma, impulsada a petición del senador Rodolfo Carter e incorporada por el gobierno, ya fue aprobada por el Congreso y ahora enfrenta el cuestionamiento de especialistas que ven fallas en su diseño.
CONTEXTO DE GASTO EN SALUD
Según cifras de la Ocde correspondientes a 2023, el 57% del gasto en salud de las personas en Chile era financiado por el seguro médico obligatorio, es decir, Fonasa o isapre. El 35% correspondía a gasto de bolsillo y solo un 6% era cubierto por seguro voluntario de salud.
Ese gasto de bolsillo ha venido aumentando desde el 33% registrado en 2018, y la Ocde proyecta que continúe al alza hasta situarse aproximadamente en 39% en 2024. Es justamente este escenario el que motivó la búsqueda de nuevos mecanismos para aliviar la carga de las familias.
LA NORMA APROBADA
El artículo 33° quáter de la megarreforma permite que las empresas accedan a un crédito contra el impuesto de primera categoría de hasta 150 UTM, equivalentes a unos 10,7 millones de pesos, por cada trabajador. El beneficio opera para aquellas compañías que financien a sus empleados o a determinados familiares —hijos de 25 años o menos, cónyuge o conviviente civil— los tratamientos requeridos por enfermedades catastróficas, en la parte que no es cubierta por el seguro obligatorio o voluntario.
La medida se aplica para cubrir gastos de bolsillo de trabajadores con una antigüedad laboral igual o superior a dos años continuos. La propia norma señala que un decreto supremo suscrito por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud determinará las enfermedades, los diagnósticos y los tratamientos que podrán ser cubiertos.
CRÍTICAS DE EXPERTOS
El exministro de Salud Pedro García, quien ocupó el cargo entre 2003 y 2006, sostiene que se trata de una idea bien intencionada, pero que adolece de varios flancos que pueden generar más conflictos que las certezas que requieren las personas afectadas y sus familias.
El académico del Instituto de Salud Pública de la UNAB, Manuel Inostroza, afirma que la medida rompe la lógica con que se han construido los instrumentos de equidad y priorización clínica en salud, como el plan Auge y la Ley Ricarte Soto. Estos mecanismos, explica, han sido virtuosos en dar cobertura con enfoque de equidad, priorizando a quienes más lo necesitan por condición socioeconómica para disminuir el gasto de bolsillo.
En cambio, esta nueva medida, según Inostroza, se relaciona más con la capacidad financiera y el flujo de caja de las empresas para disminuir el gasto de bolsillo de sus propios trabajadores, sin ningún foco de equidad ni criterio de priorización clínica.
RIESGOS FISCALES Y LABORALES
El académico advierte además que la inclusión del empleador introduce una distorsión. Las pymes, por ejemplo, por su flujo de caja no tienen posibilidad de incidir en este beneficio ni de obtener el descuento tributario. También cuestiona cómo se fiscalizará la medida y plantea que pueden generarse fraudes por parte de las empresas con tal de obtener créditos tributarios o devolución de impuestos.
El decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, Mauricio Villena, reconoce que la finalidad de apoyar a trabajadores y sus familias frente a enfermedades catastróficas es atendible. Sin embargo, el problema está en el diseño del instrumento, porque transforma a las empresas y eventualmente a los sindicatos en intermediarios de un beneficio financiado por el Estado, al que no todos los trabajadores podrían acceder en igualdad de condiciones.
Villena identifica varios riesgos. El primero es un costo fiscal elevado y difícil de controlar, especialmente si no existe un límite efectivo para los tratamientos más costosos. Aunque formalmente se trate de un crédito tributario, económicamente es gasto público mediante una renuncia de ingresos fiscales, y una vez creado el beneficio habrá presión política para ampliar montos, reducir requisitos de antigüedad e incorporar nuevos grupos.
En segundo lugar, el decano señala que se introducen distorsiones en el mercado laboral, pues el acceso al beneficio dependería de tener un empleador dispuesto y capaz de administrarlo, lo que favorecería principalmente a trabajadores formales de empresas grandes, del sector público o con sindicatos fuertes.
En tercer lugar, sostiene que podrían producirse efectos no deseados en el sistema de salud. Parte de los beneficiarios podría trasladarse desde Fonasa hacia prestadores privados de alto costo financiados por el fisco, sin una adecuada evaluación de costos, resultados sanitarios o costo-efectividad. Esto podría elevar los precios de los tratamientos y desplazar a los seguros catastróficos privados, especialmente los colectivos.
ALTERNATIVAS PLANTEADAS
La economista de la salud y consultora de Sugg y Asociados, Daniela Sugg, estima que la medida busca movilizar recursos privados, pero su diseño presenta problemas sanitarios, distributivos, operativos y fiscales. Afecta el acceso equitativo, pues el financiamiento dependerá de la situación laboral del paciente y de la voluntad y capacidad económica de su empleador, y no exclusivamente de su necesidad clínica.
Sugg propone como alternativa más coherente permitir que las empresas realicen aportes no nominativos al Fondo de la Ley Ricarte Soto y reciban por ellos un beneficio tributario. El problema, agrega, no es que las empresas contribuyan al financiamiento de tratamientos de alto costo, sino que el Estado subsidie tributariamente coberturas parciales y selectivas, en lugar de fortalecer un mecanismo público, solidario y equitativo.
En tanto, la directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, Carolina Velasco, reconoce que la necesidad de reducir el gasto en salud es un problema real, pero cree que este mecanismo no es la mejor manera de abordarlo. Asegura que no se ha logrado mejorar la cobertura primaria de Fonasa e isapre, e incluso los seguros complementarios están proliferando. Eso, dice, debe enfrentarse con reformas que ya están discutidas y acordadas desde el punto de vista técnico, pero que permanecen paralizadas en el Congreso.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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