El proyecto de megarreforma impulsado por el gobierno de Kast fue despachado esta semana por la Cámara de Diputados al Senado, donde enfrentará un escenario más complejo en términos de apoyos. Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz; del Interior, Claudio Alvarado; y de la Segpres, José García Ruminot, celebraron el avance en la Cámara Baja, pero saben que la Cámara Alta pondrá a prueba su capacidad negociadora.
La correlación de fuerzas en el Senado es distinta a la de la Cámara. El oficialismo confía en tener asegurados al menos 26 votos para aprobar la idea de legislar y para salvar el núcleo del proyecto. Sin embargo, lograr una mayoría amplia para los cerca de 50 artículos será más difícil. Entre las medidas clave están la rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, cambios a la permisología, reintegración e invariabilidad tributaria, crédito al empleo y modificaciones a contribuciones, donaciones y al pago de IVA en viviendas nuevas.
LOS SENADORES BISAGRA
Senadores como Matías Walker (Ex-Demócratas), Miguel Ángel Calisto (Independiente) y Alejandro Kusanovic (Independiente, ex-RN) serán determinantes. Walker anticipa su voto a favor de la idea de legislar, pero pide que el gobierno busque una mayoría consolidada para dar legitimidad. Kusanovic ha puesto en duda su respaldo, mientras que Walker y Calisto han solicitado ajustes. Otros senadores de oposición, como Pedro Araya (PPD) y Karim Bianchi, también han planteado cambios.
Walker respalda la invariabilidad tributaria y el crédito al empleo. “Llevamos creciendo por 12 años al 2%, lo que ha generado aumento del desempleo. El proyecto parte de un diagnóstico correcto”, señaló. Por su parte, el jefe de la bancada de diputados de RN, Diego Schalper, destacó que el Senado puede consolidar la Ley de Reconstrucción y que “el crecimiento no es un lujo ideológico, sino una urgencia social”.
AJUSTES EN LA MESA
El gobierno ha mostrado apertura a cambios en la invariabilidad tributaria, que propone 25 años para proyectos superiores a US$50 millones. Se evalúa reducir el plazo a 20 años y elevar el piso a US$500 millones. También se analiza eliminar el pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años, con un límite de valor comercial de entre $500 y $600 millones. Otra opción es considerar el ingreso del propietario en lugar del valor del inmueble.
El crédito al empleo, con un costo fiscal de US$1.400 millones, es la medida más polémica. Recibe críticas por su alto costo y bajo impacto en nuevos puestos de trabajo. El ministro Quiroz lo defiende firmemente y ha dicho que no aceptará cambios sustanciales. Una posible salida es hacerlo más transitorio. El Consejo Fiscal Autónomo ha alertado sobre los riesgos fiscales.
LA GRAN BATALLA EN EL SENADO
Desde la oposición, el senador PS Gastón Saavedra sostiene que el crédito al empleo “incentiva a pagar el ingreso mínimo y no genera empleos”. Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda de Piñera, estima que el proyecto se aprobará con ajustes marginales, pero duda de una mayoría amplia. “El gobierno puede sorprender con ajustes relevantes sin alterar el corazón del proyecto, pero la probabilidad es baja”, señaló.
El primer Informe de Finanzas Públicas del gobierno, postergado dos veces, se publicaría esta semana y podría mostrar números fiscales desfavorables, lo que aumentaría la presión sobre el crédito al empleo. El oficialismo reconoce que los senadores oficialistas serán especialmente inquisidores con esta medida.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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