La UDI ha logrado un invicto de 16 proyectos de resolución aprobados en la Cámara de Diputados durante los primeros tres meses de la legislatura, una estrategia que ha convertido estas votaciones simbólicas en una herramienta de confrontación política que comienza a incomodar a la izquierda. Aunque estas iniciativas no tienen carácter vinculante ni producen efectos administrativos directos, permiten a la bancada gremialista obtener triunfos simbólicos y emplazar a sus adversarios, buscando imponer su agenda en el debate parlamentario. El gobierno del Presidente Gabriel Boric, que inicialmente no prestó atención a estas votaciones, ahora enfrenta un escenario donde la oposición capitaliza cada pronunciamiento.
ESTRATEGIA DE CONFRONTACIÓN
Según el reglamento de la Cámara de Diputados, entre uno y diez diputados pueden presentar un proyecto de resolución para obtener un pronunciamiento de la corporación sobre temas de interés general, nacional o internacional. La UDI ha aprovechado este mecanismo al máximo, presentando iniciativas que apuntan directamente a temas sensibles para la izquierda y el gobierno anterior. La ausencia de efectos vinculantes no ha restado impacto político a estas resoluciones, que han generado debates intensos en la sala.
Uno de los momentos más álgidos ocurrió cuando se discutió la eliminación del lenguaje inclusivo en establecimientos educacionales. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) defendió la iniciativa, mientras que Gonzalo Winter (Frente Amplio) justificó la política educacional y acusó a la UDI de «pelear con el diccionario del futuro». La resolución fue aprobada con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención.
HITOS DE LA OFENSIVA
La primera victoria de la UDI se produjo el 8 de abril, con una resolución que respalda el accionar de Carabineros durante las protestas de 2019 y condena a diputados de izquierda del FA y el PC por supuestas acusaciones falsas contra la institución. Una semana después, el 15 de abril, se aprobó otra iniciativa que condena un intento de golpe de Estado blando en octubre de 2019, atribuido a sectores y partidos de izquierda.
El 5 de mayo, la Cámara visó un proyecto que solicita indemnizaciones para víctimas del terrorismo en la Macrozona Sur, criticando la «indolencia» de la administración anterior. Al día siguiente, otra resolución pidió medidas para garantizar igualdad de derechos para las mujeres, en contraste con la gestión del gobierno de Boric, a quien se acusó de reducir compromisos a declaraciones y consignas.
El 12 de mayo, la UDI obtuvo un amplio respaldo de 100 votos a favor, 20 en contra y 23 abstenciones, para reafirmar la postura del Presidente Kast respecto a la detención de Nicolás Maduro, a quien calificaron como «narcodictador de Venezuela». Otra resolución golpeó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), solicitando una nueva gobernanza que garantice imparcialidad técnica, denunciando una supuesta «captura de ideologías de extrema izquierda».
TRIPLE GOLPE AL GOBIERNO ANTERIOR
El 2 de junio, la bancada de la UDI propinó tres resoluciones consecutivas contra la administración Boric. La primera pidió garantías para evitar políticas públicas populistas como el fallido «Gas a Precio Justo», liderado por el ex ministro Giorgio Jackson. La segunda, con 117 votos a favor, solicitó una política de emergencia para reducir la deserción escolar, criticando el desempeño del Plan de Reactivación Educativa. La tercera, con 113 respaldos, exigió modificar el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG) a través de acciones administrativas y legislativas.
Al día siguiente, el 3 de junio, la UDI volvió a la carga con una resolución que respaldaba el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el incumplimiento de la meta de balance estructural para 2025. El 9 de junio, la Cámara aprobó una iniciativa que solicita la revocación de todas las pensiones de gracia otorgadas durante el «octubrismo» a personas con antecedentes penales.
IMPACTO Y REACCIÓN DE LA IZQUIERDA
Inicialmente, la izquierda no consideró relevante estas votaciones, pero la acumulación de 16 resoluciones aprobadas sin ninguna derrota ha comenzado a generar molestia y presión política. Aunque no tienen fuerza legal, estos pronunciamientos sientan posturas y obligan a los partidos de gobierno a defender públicamente sus acciones pasadas, especialmente en temas sensibles como derechos humanos, seguridad y gestión pública.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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