El Tribunal Constitucional vuelve a quedar en el centro de la disputa por la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica, aunque esta vez el cuestionamiento no proviene de la oposición, sino del propio Presidente de la República. En uso de sus atribuciones constitucionales exclusivas, José Antonio Kast presentó un requerimiento para impugnar el artículo 31 de la iniciativa, que obliga a las empresas distribuidoras de agua potable, electricidad y gas a reconectar gratuitamente los servicios en las zonas afectadas por los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, incluso cuando la interrupción haya sido causada por no pago.
El escrito, que también firman los ministros José García, Jorge Quiroz, Ximena Rincón y Louis de Grange, sostiene que la disposición no guarda relación directa con las ideas matrices del proyecto, lo que a su juicio infringe el artículo 69 de la Constitución. Con esta presentación ya son cuatro los requerimientos que acumula la megainiciativa: dos de diputados opositores, uno de senadores del mismo sector y ahora el del Ejecutivo.
LA NORMA IMPUGNADA
El artículo cuestionado surgió de una indicación de la diputada Sofía González, del Partido Comunista, representante de Valparaíso. La propuesta fue apoyada por su bancada y por otras fuerzas de oposición, y también contó con el respaldo de algunos parlamentarios del oficialismo, tanto en la Cámara como en el Senado.
Según el texto aprobado, las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas quedaban obligadas a reconectar, de forma gratuita y sin condición previa de pago, a usuarios residenciales y a micro, pequeñas o medianas empresas con domicilio en zonas declaradas en estado de catástrofe conforme a esa ley. La obligación regía para quienes hubieran sido desconectados con anterioridad o durante la vigencia de dicha declaración por causales vinculadas al no pago de obligaciones dinerarias.
La norma fijaba plazos para la reconexión, contados desde la solicitud del usuario: 48 horas para los suministros eléctrico y de gas, y 24 horas para el agua potable y alcantarillado. Además, prohibía a las empresas cobrar cargo alguno por reconexión, reposición, visita técnica, revisión de instalaciones u otro concepto similar, y permitía al usuario demandar el cumplimiento forzoso de las obligaciones.
LOS ARGUMENTOS DEL EJECUTIVO
El requerimiento presidencial, patrocinado por los abogados Joaquín Palma y Vicente Gómez, consta de 74 páginas. En él se plantea que el megaproyecto, pese a su carácter misceláneo, tenía un mensaje acotado: el financiamiento y la aceleración de la reconstrucción de una catástrofe específica y la reactivación económica.
El documento sostiene que ninguna de las disposiciones originales se refería, siquiera tangencialmente, a la reconexión de suministros de electricidad, gas o servicios sanitarios, ni introducía modificación alguna a la Ley N° 16.282, que fija el régimen general y permanente para casos de sismos o catástrofes.
El Ejecutivo también argumenta que la indicación de la diputada González fue rechazada en la Comisión de Hacienda de la Cámara, en una votación de bloque, sin discusión separada. Su incorporación al texto se habría producido por la vía de su renovación ante la Sala, sin que mediara estudio particular por una comisión técnica ni audiencia de los órganos e interesados atingentes a la materia. Ese déficit deliberativo impediría analizar adecuadamente el impacto de la norma.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había hecho reserva de constitucionalidad durante el debate en el Senado, tras la aprobación en segundo trámite, al igual que respecto de otras tres normas. Sin embargo, el artículo de los servicios básicos no fue parte de los vetos presentados por el Presidente la semana pasada.
LAS OBSERVACIONES PRESIDENCIALES
Además del requerimiento ante el TC, el Mandatario hizo uso de sus facultades constitucionales excepcionales para formular tres observaciones al proyecto. Estas apuntaron a suprimir el derecho al olvido financiero por deudas, el impedimento de cobro de intereses sobre intereses, conocido como anatocismo, y los ajustes para garantizar el pago a 30 días para las pymes.
En el oficialismo había evaluado originalmente que fueran sus parlamentarios quienes recurrieran al Tribunal Constitucional contra la norma de los servicios básicos, pero aparentemente no existía disposición a asumir los costos de una medida que podía resultar impopular, especialmente entre los legisladores de zonas siniestradas. El requerimiento fue presentado directamente por el Presidente.
RECHAZO DE LA OPOSICIÓN
La diputada Sofía González calificó el requerimiento como una decepción. Según sus declaraciones, el gobierno de los ricos demuestra una vez más sus verdaderas intenciones al llevar al Tribunal Constitucional el único artículo que buscaba ayudar directamente a las familias afectadas por los incendios. Sostuvo que, aunque no esperaban nada, aún así los decepcionan.
En paralelo, la oposición había barajado presentar otro requerimiento por el tema del financiamiento municipal. No obstante, al final se optó por un oficio con la calidad de Téngase Presente, debido a que esa norma sobre platas municipales debía ser revisada obligatoriamente por el TC.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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