La reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno enfrenta un momento decisivo en el Senado y, en ese escenario, cualquier gesto con los parlamentarios clave adquiere relevancia política. El movimiento ocurrió esta mañana: el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, viajó a Antofagasta junto al Mandatario, quien lo conminó a hacerlo en el avión presidencial, en pleno despliegue por la emergencia climática que afecta a Tocopilla.
Ayer, Kast decretó estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, luego del aluvión causado por la activación de tres quebradas en la comuna. De acuerdo con el último reporte de Senapred, la zona registra 423 personas albergadas, 400 clientes sin suministro de agua potable y nula capacidad de luminaria pública.
En su despliegue, el Mandatario participó en una mesa técnica en la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta, con el gobernador, la delegada, subsecretarios y otras autoridades, para monitorear el sistema frontal. Luego estaba previsto que se trasladara a Tocopilla para inspeccionar los efectos del temporal.
Junto a Kast viajaron los subsecretarios de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, y de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, y también el senador del PPD Pedro Araya, a quien el Mandatario conminó a viajar en el avión presidencial.
El acercamiento no es menor. Araya preside la comisión de Constitución del Senado, instancia por la que debe pasar el proyecto de reforma de seguridad antes de que se vote en general en la sala de la Cámara Alta. Sus integrantes son los oficialistas Arturo Squella (Partido Republicano) y Andrés Longton (RN), y las opositoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC). Si se rechaza en sala, el proyecto se archivará y el Ejecutivo no podrá ingresar otra iniciativa de esa naturaleza por la misma Cámara en el plazo de un año.
Araya ha sido uno de los detractores más duros de la propuesta. Ha dicho que la reforma parece escrita con inteligencia artificial y que «no tiene ningún sentido». También ha cuestionado las restricciones de derechos y beneficios penitenciarios para condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo, pues afectaría a exagentes de la DINA y la CNI, condenados por asociación ilícita.
Pese al gesto, el senador aclaró a Emol que la reforma no fue abordada con el Presidente durante la mañana. «Solo de la situación de las comunas por el temporal», dijo. También expresó su esperanza de que la visita permita coordinar las ayudas a las familias afectadas y avanzar en un plan de reconstrucción de infraestructura pública y apoyo a las pymes.
La reforma no solo enfrenta reparos en la comisión. Las voces en contra se han multiplicado tanto en la oposición como en sectores oficialistas y aliados. El punto más controvertido es el nuevo estado de excepción constitucional: el Presidente podría decretarlo por hasta 120 días y prorrogarlo una sola vez por el mismo plazo, sin intervención del Congreso.
El senador Cristian Vial sostuvo en Radio Pauta que «las Fuerzas Armadas no están para eso. Eso no debe ser así, porque esto es un problema policial». Agregó que el proyecto «tiene que ser perfeccionado» y que «hay muchos que nos hace ruido la extensión sin control del Congreso».
La senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, dijo a 13C Radio que «a mí, en general, no me parece apoyable. A menos que se hagan reformas importantes, no me parece que resuelva los problemas de los chilenos». Y añadió: «Yo no estoy disponible para apoyar el proyecto. Muchas cosas debieran ser materia de ley y no de reforma constitucional».
Estas voces se suman a la cortapisa que ya puso el senador Matías Walker al Ejecutivo. «No cuenten con mi voto para esta locura, porque así mueren las democracias, estableciendo estados de excepción que pueden durar ocho meses, sin la autorización del Congreso», sostuvo.
Por su parte, el senador Miguel Ángel Calisto reprochó que el ministro de Seguridad, Martín Arrau, «nos sorprendió por la prensa», en tanto «no existió un diálogo prelegislativo y hoy, para poder votar a favor, hay que revisar necesariamente el articulado».
En el oficialismo también hay inquietud. La senadora Andrea Balladares, presidenta de RN, dijo ayer a Tele13 Radio que todavía tiene «hartas dudas por delante» y que hay espacio para mejorar el texto. «Faltó un mayor trabajo prelegislativo que hubiese evitado la filtración del borrador, los comentarios», acotó.
El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, fue terminante en Radio Duna: «por ningún motivo» aprobará el estado de excepción propuesto. Reclamó que «acá lo que ha faltado ha sido diálogo, ha sido diálogo con los propios» y advirtió que 120 días prorrogables sin control del Congreso otorgan al Presidente atribuciones peligrosas en un Estado de derecho.
El panorama para la reforma es incierto en el Senado. La invitación a Araya a viajar en el avión presidencial puede interpretarse como una señal del Ejecutivo para intentar acercar posiciones, aunque el propio senador del PPD desmintió que el tema se haya conversado. La emergencia climática en Antofagasta se cruzó así con el complejo tránsito legislativo de una de las iniciativas centrales del gobierno.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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