Alvarado defiende reforma de seguridad y asegura que no se privará de salud a internos
El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió este lunes la reforma constitucional de seguridad que el Ejecutivo ingresó al Senado y llamó a los parlamentarios a revisar el texto completo antes de sacar conclusiones.
La iniciativa ha generado debate luego de que el senador Matías Walker la calificara como un eventual “retroceso constitucional”, opinión compartida por personeros de la oposición e incluso con reparos desde el oficialismo.
“Me gustaría que los parlamentarios reaccionaran respecto a la presentación de esta reforma constitucional una vez que conocieran los fundamentos del texto completo”, aseveró Alvarado, quien destacó que Walker integra la Comisión de Constitución del Senado y que las diferencias deberán resolverse en la discusión legislativa.
La propuesta contempla ocho modificaciones a la Constitución, entre ellas establecer la seguridad pública como un mandato constitucional y un deber del Estado, crear un registro de organizaciones vinculadas al crimen organizado y el terrorismo asociado a un régimen penitenciario especial, y habilitar un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Este mecanismo podría ser decretado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta se encuentre gravemente afectada. Tendría una duración de hasta 120 días, con posibilidad de prórroga por igual período; para nuevas extensiones se necesitaría el acuerdo del Congreso. Entre las facultades previstas están restringir o suspender la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y de asociación, interceptar comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
Uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de restringir beneficios sociales a personas condenadas por delitos de crimen organizado, narcotráfico o terrorismo. El primer borrador incluía una inhabilitación para acceder a prestaciones como salud, educación, trabajo y seguridad social, incluso después de cumplida la condena. El texto finalmente ingresado mantiene la posibilidad de establecer determinadas restricciones, pero entrega su regulación a una ley de quórum calificado, acotando el alcance que había sido cuestionado.
En ese marco, Alvarado salió a despejar una de las principales críticas: que los reclusos pudieran quedar sin atención médica u otras prestaciones básicas. “No hay ningún incumplimiento de prestar atención de salud o de otras necesidades para los internos. Eso, yo creo que ahí hay una mala interpretación”, afirmó.
El biministro añadió que “lo que hemos hablado siempre es que determinados beneficios sociales pueden ser restringidos para aquellos que han cometido delitos y han atentado contra la sociedad”, y precisó que “eso es muy distinto a privarlos de atenciones de salud o de otras necesidades que tengan los internos”.
Finalmente, insistió en que la propuesta del Ejecutivo solo abre la posibilidad de que el legislador establezca limitaciones específicas a beneficios sociales para quienes han cometido graves delitos, un debate que deberá darse en el Parlamento.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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