El gobierno chileno dio un giro en la tramitación de la reforma que busca agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros, al modificar la controvertida indicación que obligaba a clínicas, hospitales y colegios a reportar antecedentes de migrantes con procesos migratorios pendientes. La nueva propuesta, presentada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, excluye expresamente a los recintos de salud y a los establecimientos educacionales de nivel parvulario, básico y medio, recogiendo las críticas que cruzaron al oficialismo y a la propia administración.
El cambio fue detallado este martes ante la Comisión de Gobierno del Senado, en una sesión que se preveía clave para destrabar la iniciativa. Sin embargo, la votación prevista para el miércoles debió suspenderse debido a que no hubo falta de quorum, postergando la decisión hasta la próxima reunión de la instancia legislativa. Pese al contratiempo, el Ejecutivo busca salvar una indicación que generó un fuerte rechazo transversal, incluyendo reparos de la ministra de Salud, May Chomali.
LA INDICACIÓN ORIGINAL Y LAS APREHENSIONES
La polémica surgió cuando se conoció la redacción inicial de la indicación presentada por el gobierno en el marco de la modificación legal destinada a mejorar el procedimiento de expulsión administrativa. Esa propuesta obligaba a instituciones previsionales, de salud y establecimientos educacionales a informar a la Contraloría General de la República, a la Policía de Investigaciones (PDI) o al Servicio Nacional de Migraciones sobre la situación de extranjeros cuyos procesos migratorios estuvieran en tramitación.
Inmediatamente surgieron voces críticas desde la oposición y también desde el propio oficialismo. La ministra Chomali fue una de las más enfáticas: señaló que el Ministerio de Salud no puede entregar esa información porque está amparada por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. “Eso lo vamos a defender absolutamente”, afirmó la secretaria de Estado, dejando en claro que la norma chocaba con el secreto sanitario.
LA NUEVA PROPUESTA Y LAS EXCLUSIONES
Ante la presión, el subsecretario Pavez compareció ante los senadores para aclarar el sentido de la indicación y proponer un texto sustitutivo. “Jamás se ha insinuado siquiera, ni en el texto ni en el espíritu de la indicación del Presidente de la República, que haya una obligación de denuncia o reporte a ningún tipo de persona”, afirmó Pavez, buscando despejar la interpretación de que se trataba de una medida represiva.
No obstante, reconoció que “la política es lo que es y se generó una sensación de que la redacción podría inhibir o tener complicaciones adicionales”. Por ello, propuso que sea el Servicio Nacional de Migraciones el que pueda requerir información a cualquier organismo público o privado, pero exclusivamente en el contexto de un proceso de expulsión. Y puntualizó tres exclusiones clave: los establecimientos de salud, los colegios de educación básica, media y parvularia, y los datos relativos a menores de edad.
Además, Pavez agregó que Migraciones debe dar “estricto cumplimiento al tratamiento de datos personales”. Para el gobierno, esta fórmula permite que la PDI pueda consultar a ciertas entidades sin que eso desaliente la asistencia de niños a la escuela o la atención sanitaria de los menores junto a sus padres.
SIGUE LA TRAMITACIÓN Y LAS DUDAS PERSISTEN
La sesión del miércoles en la Comisión de Gobierno fue suspendida debido a que no hubo falta de quorum, lo que retrasa la definición sobre si la indicación modificada será aprobada o si se requerirán más ajustes. El gobierno espera que la nueva redacción disipe las aprensiones y permita avanzar en una ley que, en su opinión, es necesaria para hacer más eficientes las expulsiones administrativas.
Sin embargo, persisten dudas entre los parlamentarios sobre el alcance de la facultad que se le otorgaría a Migraciones para solicitar información en pleno proceso expulsivo, incluso con las exclusiones. La confidencialidad de la relación médico-paciente sigue siendo un punto sensible que podría reabrir el debate.
LA POSTURA DE LA MINISTRA DE SALUD
La posición de la ministra Chomali fue clave para que el Ejecutivo diera marcha atrás. En sus declaraciones, la secretaria de Estado insistió en que el Ministerio de Salud no puede informar sobre datos obtenidos en una atención sanitaria, porque esa información está resguardada por el Código Sanitario y la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. “Eso lo vamos a defender absolutamente”, reiteró, enviando una señal clara de que el gobierno no puede ignorar los límites legales en materia de salud.
Con la modificación propuesta, el gobierno espera sortear el obstáculo y que la iniciativa pueda seguir adelante. La próxima sesión de la Comisión de Gobierno será el escenario donde se defina si la indicación, ahora acotada, logra el respaldo necesario.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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