El Gobierno salió este martes a defender el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal y anunció que introducirá ajustes a su redacción, luego de que alcaldes cuestionaran una de sus disposiciones y advirtieran que podría configurar una causal de cesación del cargo para una autoridad elegida por votación popular. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó que el Ejecutivo esté creando sanciones nuevas por vía reglamentaria y atribuyó el conflicto a un texto que, admitió, da espacio a interpretaciones equívocas.
La controversia se instaló en pleno proceso de revisión administrativa del reglamento, que fue ingresado a Contraloría y que todavía debe sortear el examen del organismo antes de su aplicación definitiva.
LA ADVERTENCIA DE LOS ALCALDES
El alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), Felipe Alessandri (RN), fue uno de los rostros del reclamo. A su juicio, «no corresponde que un reglamento avance sobre una materia tan delicada como la eventual destitución de una autoridad elegida democráticamente».
Junto con el cuestionamiento político, los municipios plantearon que la disposición sería inconstitucional, lo que obligó al Ejecutivo a explicar el alcance real del texto y a comprometer cambios en su redacción.
LA DISPOSICIÓN CUESTIONADA
El reglamento fue ingresado a Contraloría el pasado 2 de septiembre. En su articulado se dispone que corresponderá a cada municipalidad verificar los requisitos antes de proceder a la designación del director de seguridad pública o al nombramiento de los inspectores de seguridad municipal.
El punto conflictivo aparece enseguida, cuando el texto señala que la infracción a esa obligación dará lugar a una sanción administrativa de conformidad con lo establecido en la ley N° 18.883 y que, en el caso del respectivo alcalde, podría configurar la causal de cese del cargo dispuesta en el literal c) del inciso primero del artículo 60 de la ley N° 18.695.
Esa referencia a una norma que regula la permanencia de las autoridades comunales fue la que encendió las alertas en los municipios y abrió el flanco de la inconstitucionalidad.
LA EXPLICACIÓN DEL EJECUTIVO
Arrau explicó que el reglamento ingresado a Contraloría se ha conversado con varias oficinas de municipios y que contó con un trabajo previo importante por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según el secretario de Estado, la norma «simplemente remite a una ley ciertos casos que estaban en la ley», precisando qué ocurre cuando se cumplen o no se cumplen ciertas condiciones.
El ministro insistió en que «bajo ningún punto estamos creando sanciones que no existan de manera legal vía reglamentaria» y afirmó que, si uno lee el texto, lo único que hace es remitir a una ley.
Reconoció, sin embargo, que ante el «revuelo» generado el Ejecutivo aprovechará el proceso de revisión del texto para realizar precisiones. «Por supuesto que vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido», señaló, y agradeció a los municipios que hicieron ver una redacción que puede dar espacio a interpretaciones equívocas.
LOS PRÓXIMOS PASOS
El titular de Seguridad adelantó que un reglamento tan extenso y un sistema tan complejo seguramente tendrá varias observaciones por parte de Contraloría. Cuando llegue el momento de introducir correcciones, aseguró, se harán para evitar este tipo de malentendido. «Haremos los ajustes correspondientes para evitar estas malas interpretaciones», agregó.
Arrau también comentó que el Ejecutivo ha tomado contacto con las asociaciones de municipios y con los alcaldes para explicarles la situación y para que haya tranquilidad, en medio de la implementación de una ley que, destacó, busca entregar mayores facultades a los municipios y a sus inspectores de seguridad.
Más allá del episodio, el caso deja instalado un debate relevante para el mundo municipal: hasta dónde puede avanzar la potestad reglamentaria cuando su texto parece incidir en materias reservadas al legislador, como la permanencia en el cargo de una autoridad elegida por votación popular. La respuesta final quedará, en parte, en manos del examen que realice Contraloría y de los ajustes que el Ejecutivo comprometió.
Fuente: Emol
Documento original: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/09/15/1211545/gobierno-hara-clarificaciones-seguridad-municipal.html
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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