Exjefe de gabinete de Coquimbo no logra revertir su destitución: justicia laboral rechaza demanda
La destitución de Juan Carlos Rojas Pizarro, quien fuera jefe de gabinete durante la administración del exalcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, se mantiene en pie. El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena rechazó íntegramente la demanda con la que el exfuncionario pretendía dejar sin efecto la medida disciplinaria y recuperar su puesto en el municipio. La sentencia, dictada el 22 de octubre por el juez Cristian Rodrigo Álvarez Mercado, concluyó que no se acreditó la vulneración de derechos fundamentales invocada por el demandante.
El caso se remonta a un sumario administrativo abierto a partir de observaciones de la Contraloría Regional de Coquimbo, que derivó en la separación de Rojas de sus funciones y que ahora queda ratificada en sede laboral, mientras las investigaciones penales vinculadas a la gestión municipal anterior siguen su curso.
EL FALLO
En su acción, Rojas sostuvo que su salida del municipio afectó garantías constitucionales ligadas a la igualdad, la no discriminación y la libertad de trabajo, y pidió la reincorporación. El tribunal estimó que los antecedentes reunidos no bastaban para tener por acreditada una conculcación de esos derechos.
El fallo agregó que las sanciones aplicadas a los funcionarios involucrados se explicaron por criterios objetivos, entre ellos la responsabilidad de cada uno, su posición jerárquica y el monto de los recursos observados. El magistrado también precisó que la acción de tutela laboral no está destinada a revisar la legalidad completa de un sumario administrativo, sino a establecer si hubo afectación de garantías fundamentales. El pronunciamiento, según el mismo fallo, se limita al ámbito laboral y no define responsabilidades penales.
LOS PAGOS QUE CUESTIONÓ CONTRALORÍA
Los hechos revisados por el tribunal se remontan a 2020, cuando Rojas era funcionario de planta de la Municipalidad de Coquimbo y, en paralelo, mantenía un contrato a honorarios vinculado al programa municipal Promoción de la Confianza en la Ciudadanía. Ese contrato contemplaba pagos brutos de $1.888.889 mensuales por asesorías en participación ciudadana que, según lo pactado, se ejecutarían fuera de la jornada ordinaria.
Una auditoría del organismo contralor objetó pagos por $6.743.332 correspondientes al período enero-mayo de 2020, por no estar debidamente acreditadas ni justificadas las labores contratadas. Rojas restituyó esos recursos antes de que se formularan los cargos administrativos, lo que no detuvo el procedimiento disciplinario.
Uno de los elementos consignados en la sentencia es que el propio exjefe de gabinete admitió en el sumario que el contrato adicional le había sido ofrecido para compensar la caída de sus ingresos al incorporarse a la planta municipal. La investigación administrativa, surgida de los informes N.º 9 y N.º 917 de Contraloría, ambos de 2021, alcanzó a 12 funcionarios con sanciones diferenciadas; dos fueron destituidos, entre ellos Rojas. En su caso se sumó un cargo por haber usado su posición jerárquica para obtener bonos o mejoras remunerativas para determinados funcionarios. La destitución se formalizó en septiembre de 2024 y su recurso de reposición fue rechazado en julio de 2025.
LAS INVESTIGACIONES PENALES QUE SIGUEN ABIERTAS
El conflicto se inscribe en un escenario de mayor alcance. En agosto de 2021 la Municipalidad de Coquimbo, encabezada por el alcalde Ali Manouchehri, presentó una querella criminal por eventuales delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, asociada a presuntas irregularidades detectadas durante la administración de Pereira. En 2023 el Consejo de Defensa del Estado sumó una querella por fraude al fisco y otros eventuales ilícitos que pudieran acreditarse en la investigación.
Fuentes de la Municipalidad de Coquimbo indican que, pese a los años transcurridos desde las primeras denuncias y querellas, aún no se conocen resultados concretos de esas investigaciones, que permanecen bajo competencia del Ministerio Público. El contraste lo aportan otras causas de impacto regional: en el denominado Papaya Gate la Fiscalía avanzó durante septiembre de este año con nuevas formalizaciones y reformalizaciones por presunto fraude al fisco, mientras la investigación por el millonario fraude en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena ya registra condenas confirmadas por la Corte de Apelaciones durante octubre.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes litigan en materia laboral y administrativa, la sentencia delimita el objeto de la tutela laboral cuando se impugna una destitución decidida en un sumario: el examen se concentra en la eventual afectación de derechos fundamentales y no en la revisión integral de la legalidad del procedimiento disciplinario. El fallo, además, distingue expresamente el plano laboral del penal, de modo que la ratificación de la sanción no prejuzga las querellas por malversación de caudales públicos y fraude al fisco que siguen en manos del Ministerio Público.
En nuestra lectura, el caso muestra la distancia que puede abrirse entre las instancias disciplinaria y laboral, por un lado, y la investigación penal, por otro, sin que el desenlace de una permita anticipar el de la otra. Parece prudente, en consecuencia, leer el fallo por lo que efectivamente resuelve: el rechazo de una demanda de tutela laboral.
Fuente: elmostrador.cl
Documento original: https://www.elmostrador.cl/aqui-coquimbo/2026/11/03/exjefe-de-gabinete-de-coquimbo-y-hombre-fuerte-de-exalcalde-pereira-pierde-juicio-laboral/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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