TITULAR: Empresa de la alcaldesa de Hijuelas habría sumado 87 órdenes de compra con el Estado pese a nueva ley
La alcaldesa de Hijuelas, Verónica Rossat (Ind.-exUDI), es propietaria del 75% de una empresa de seguridad privada que, de acuerdo con información de El Mostrador, habría sumado 87 órdenes de compra con organismos públicos emitidas después de que comenzara a regir la Ley 21.659, la norma que impide a las firmas de ese rubro con participación de alcaldes y concejales contratar con instituciones del Estado. El caso se conoció luego de que un contrato por más de $50 millones con el Registro Civil terminara anticipadamente tras una revisión de la normativa vigente.
La sociedad en cuestión es Sociedad Profesionales de la Seguridad Ltda. Según el mismo medio, la firma ha recibido 501 órdenes de compra de 37 instituciones estatales desde julio de 2021. De ese total, 87 se emitieron a partir del 28 de noviembre de 2025, fecha en que entró en vigencia la Ley 21.659.
Entre los organismos que contrataron a la compañía figuran el Servicio de Salud de Coquimbo, el Hospital de Putaendo, el Cesfam de Llay Llay y el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio.
LA DEFENSA DE LA ALCALDESA
Rossat recalcó que no se dedica a labores de administración de la compañía y que su vínculo se limita a su condición de socia. «Yo no soy administradora, yo no veo nada de la empresa. Soy socia nomás de una sociedad y eso me lo permite la ley: ser socia de una empresa, pero en la cual yo no trabajo. Hay administradores, hay gerente, gerente general, gerente de administración…», apuntó la autoridad comunal.
La Ley 21.659, precisa la información difundida, impide a las empresas de seguridad privada con participación de alcaldes y concejales contratar con organismos públicos.
CUESTIONAMIENTOS A LOS MECANISMOS DE CONTROL
El caso derivó en un cuestionamiento a los mecanismos con que el Estado detecta este tipo de situaciones. Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, puso el acento en esa capacidad institucional. «Siendo el año 2026, este es un problema de tecnología y de voluntad de querer aplicar tecnología. Esto con inteligencia artificial se detecta inmediatamente; lo que pasa es que tenemos un Estado en blanco y negro, de la era del hielo, que tiene que andar revisando con un cuadernito, con una planilla Excel, para descubrir cosas obvias; porque esto en 2026 no tiene ninguna justificación», afirmó.
Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, situó la responsabilidad en el otro extremo de la cadena. Sostuvo que el resguardo del cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada corresponde, en primera instancia, a los organismos públicos que contratan estos servicios. «Es por ello que es el propio servicio público que llamó a la licitación o a la contratación de estos servicios quien debiese haber tomado todos los resguardos necesarios», advirtió.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes asesoran a autoridades comunales y a proveedores del Estado, la información disponible ofrece dos aristas. La primera es la entrada en vigencia, el 28 de noviembre de 2025, de la Ley 21.659, que impide a las empresas de seguridad privada con participación de alcaldes y concejales contratar con organismos públicos; a partir de esa fecha, y según los datos atribuidos a El Mostrador, se emitieron 87 de las 501 órdenes de compra de la sociedad.
La segunda es el control que corresponde a las instituciones públicas contratantes, punto sobre el cual Figueroa afirmó que la obligación, en primera instancia, recae en la entidad que generó la contratación. El contrato con el Registro Civil, por más de $50 millones, terminó anticipadamente tras una revisión de la normativa vigente, sin que la información dé cuenta de quién la efectuó ni del detalle del procedimiento.
En nuestra lectura, la distancia entre una prohibición legal recién estrenada y los mecanismos con que los servicios públicos revisan a sus proveedores parece un punto que merece atención sostenida. Sería prudente observar esa brecha con el mismo detalle que el vínculo societario que dio origen al cuestionamiento.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2026/10/20/empresa-de-la-alcaldesa-de-hijuelas-habria-sumado-87-ordenes-de-compra-con-el-estado-pese-a-nueva-ley.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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