Ley de Delitos Económicos cumple tres años con evaluación mixta en directorios chilenos: más conciencia de riesgos, pero críticas a incentivos legales
La Ley de Delitos Económicos, vigente desde 2023, ha transformado la dinámica en los directorios de las empresas chilenas, aunque sin generar un consenso entre sus integrantes sobre el balance entre costos y beneficios. Así se desprende del seminario «Ser director hoy: cómo decidir en un entorno más exigente», organizado este jueves por el Centro de Gobierno Corporativo UC con apoyo de Deloitte, donde expertos y directores analizaron el impacto de la normativa.
Para Marcela Toledo, subdirectora de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional, la implementación de la ley ha tenido resultados inesperados. «Nos hemos sorprendido», afirmó, al constatar que la aplicación se ha concentrado en delitos de «segunda categoría» como los tributarios, la administración desleal y, sobre todo, los delitos medioambientales, en lugar de los delitos eminentemente económicos que originalmente se preveían.
CRÍTICAS A LOS INCENTIVOS DE LA LEY
El abogado penalista Alex van Weezel fue categórico al señalar que la ley marca «un antes y un después» en los directorios, pero advirtió que los incentivos incluidos en el cuerpo legal «no son correctos». Como ejemplo, mencionó el delito de corrupción entre particulares, tipificado en la primera categoría, donde la víctima principal no sería la empresa sino los competidores del proveedor.
Van Weezel explicó que si una empresa detecta que su encargado de proveedores recibió dinero ilícito, debe meditar cuidadosamente si denunciarlo, porque la justicia podría preguntar si ese delito constituye base para la responsabilidad penal de la propia compañía. «No tiene ningún sentido para la empresa, en la práctica, denunciar un acto de corrupción entre privados porque los incentivos que pone la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas están mal puestos», enfatizó. A su juicio, el cambio ha sido, en cierto sentido, «para peor».
Por el contrario, Tamara Agnic, directora de empresas como Codelco, sostuvo que en los directorios «evidentemente han cambiado las conversaciones» debido a una mayor conciencia sobre la responsabilidad de la gobernanza en prevenir estos delitos. Agnic descartó que el aumento de los riesgos regulatorios lleve a los directorios a ser más conservadores, pues su tarea es verificar que la gobernanza gestione razonablemente los riesgos a los que se enfrentan.
VISIONES DEL SECTOR FINANCIERO Y LA RENOVACIÓN DE DIRECTORIOS
Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial, señaló que las normas sobre riesgos legales afectan no solo a directores sino a todos los ejecutivos. «Hay gente que está, no paralizada, pero preocupada, ejecutivos intermedios», comentó, recordando que incluso tuvieron a un oficial de cumplimiento formalizado.
Trivelli coincidió con lo expuesto por la fiscal Toledo y opinó que la ausencia de delitos para los cuales fue creada la ley se debe a dos factores: la lentitud de la justicia civil, que ha llevado disputas a tribunales privados, y la mayor agilidad de la justicia penal, que ha sido usada por personas con disputas económicas más que penales. No obstante, destacó que recientes casos en las noticias muestran que la ley de lavado de activos se está utilizando para su propósito original, lo que anticipa una «ola» de presión para controlar el dinero malo que ingresa al sistema formal.
Enrique Ostalé, director de empresas, se refirió a la composición de los directorios en Chile. Si bien reconoció avances, afirmó que «todavía tenemos harto espacio» comparado con Estados Unidos u otros países. Criticó que muchos accionistas quieren ser directores sin ser las personas indicadas, permaneciendo décadas en el cargo. «Es curioso, porque es el patrimonio de ellos el que está en juego, pero está esa validación», agregó, señalando que esto dificulta la renovación y la llegada de nuevos talentos.
UN AJUSTE NECESARIO QUE AFECTA LA PRODUCTIVIDAD
Josefina Montenegro, directora de empresas como Cencosud e Invercap, consideró que la Ley de Delitos Económicos «amplía el mapa de riesgos legales, penales», pero lo calificó como «un ajuste necesario» más que un obstáculo.
En contraste, Guillermo Tagle, director de Indumotora y presidente del DCV, criticó la «cantidad de horas dedicadas a ver, no si hemos cometido los delitos, sino a entender los procedimientos» para establecer protocolos. «La cantidad de horas dedicadas a eso evidentemente afecta a la productividad», sostuvo, y agregó que Chile se ha llenado de normas que alguien consideró necesarias, en desmedro del dinamismo y crecimiento económico.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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