El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por presunto fraude al fisco en el caso Junaeb, la indagatoria que revisa irregularidades en contratos de alimentación escolar, sin individualizar a los políticos que figuran vinculados a la causa. La acción, dirigida contra todos quienes resulten responsables, según conoció La Radio, deja abierta la interrogante sobre cómo se traducirá esa decisión en el desarrollo penal del caso, que permanece en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
EL PERJUICIO FISCAL
El CDE cuestiona desembolsos superiores a 14 mil millones de pesos por onces escolares que no se habrían ejecutado. La causa, además, apunta a pagos a la empresa Soser por servicios que tampoco se habrían entregado, y suma modificaciones contractuales que habrían favorecido a proveedores. La presentación también habilita al Consejo para intervenir activamente en la investigación y pedir diligencias orientadas a esclarecer el eventual perjuicio fiscal, y plantea la necesidad de indagar posibles delitos de soborno y cohecho.
LOS NOMBRES QUE NO APARECEN
En la causa figuran los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el abogado y lobista Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro” y defendido por Samuel Donoso. Ninguno de ellos aparece, sin embargo, como querellado en la acción del Consejo, lo que abrió interrogantes sobre las consecuencias judiciales de esa omisión.
EL ALCANCE DEL QUERELLANTE
El académico de Derecho de la Universidad Diego Portales Cristián Riego explicó que la omisión no impide a la Fiscalía investigar ni imputar a personas determinadas, porque es el Ministerio Público el que dirige la persecución penal. “El Consejo de Defensa del Estado tiene la facultad solo de un querellante que, como quien dice, es la de ayudar al fiscal. Por lo tanto, más allá de lo que diga el Consejo o no diga, el fiscal puede tomar las medidas que correspondan, imputar a quien le parezca”, apuntó.
UNA ACCIÓN QUE PUEDE AMPLIARSE
El abogado y académico de la Universidad Central Cristóbal Contardi sostuvo que el Consejo podría ampliar su acción contra otras personas si surgen nuevos antecedentes en el curso de la investigación. “Según se vaya desarrollando la investigación por parte del ente persecutor, esto podría eventualmente cambiar en el futuro. Es más, el propio Consejo de Defensa del Estado puede el día de mañana ampliar la querella deducida”, explicó.
DILIGENCIAS Y COMUNICACIONES PRIVADAS
Entre las diligencias de la causa está el análisis de dispositivos electrónicos incautados a algunos investigados. La Corte de Apelaciones de Santiago estableció límites para revisar comunicaciones privadas ajenas a los hechos, sin impedir el examen de la información pertinente.
MONTO Y EVENTUALES SANCIONES
El docente de Derecho de la Universidad del Desarrollo Diego Muñoz destacó que la acción también busca determinar los montos comprometidos y podría permitir recuperar recursos públicos, y advirtió que una eventual condena por fraude al fisco podría significar penas de cárcel. “Estamos hablando de cerca de 14.000 millones de pesos que, según los informes de Contraloría, no se habrían integrado. Pero eso convierte al caso en un fraude al fisco agravado. Obviamente, las sanciones en su caso estamos hablando de penas que parten de 5 años y un día a 10 años”, sentenció.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para los abogados consultados por la fuente, la querella del CDE convive con una persecución penal que dirige el Ministerio Público: el querellante colabora con el fiscal y puede solicitar diligencias, mientras la imputación de personas determinadas queda en manos del ente persecutor. A ello se suma la posibilidad de ampliar la acción si aparecen nuevos antecedentes y el control que la Corte de Apelaciones de Santiago fijó sobre la revisión de comunicaciones privadas, que acota el examen de información ajena a los hechos sin bloquear la pertinente.
SIN RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS
Por ahora no existen responsabilidades penales establecidas. La investigación deberá determinar el destino de los recursos, las eventuales gestiones irregulares y si aparecen nuevos antecedentes que involucren a otros participantes de la trama.
En nuestra lectura, resulta llamativo que la querella del Consejo no individualice a los políticos cuyos nombres sí figuran en la causa, aunque los académicos citados descartan que esa omisión cierre la persecución penal. Sería prudente seguir el curso de las diligencias antes de extraer conclusiones sobre responsabilidades individuales.
Fuente: BioBioChile
Documento original: https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/10/22/caso-junaeb-cde-omite-a-politicos-en-querella-por-presunto-fraude-de-14-mil-millones.shtml
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
