El pleno de la Corte Suprema recibió en audiencia pública las exposiciones de seis postulantes al cargo de ministro suplente abogado del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. La instancia, transmitida por el canal Poder Judicial Chile, se enmarca en el concurso para conformar la quina que se remitirá para la designación. Al inicio de la sesión se informó el desistimiento de Enrique Gilmore, por lo que la audiencia continuó con los seis postulantes restantes, cada uno con cinco minutos para presentar sus antecedentes.
LOS POSTULANTES
La primera en exponer fue Paula Candia y Nostrosa, abogada de la Universidad Diego Portales, magíster en derecho energético y cambio climático de Queen Mary University of London y actualmente consultora independiente en derecho ambiental y recursos naturales. En su intervención destacó su trayectoria como litigante civil y comercial y su trabajo con empresas, organismos del Estado, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, y subrayó que su candidatura no presenta vínculos laborales con mandantes de ningún sector.
El segundo turno correspondió a Francisco Fuenzalida, abogado de la Universidad de Concepción y magíster en derecho público de la Universidad Austral. Relató que se desempeñó como abogado asesor del propio Tercer Tribunal Ambiental entre 2016 y 2022, etapa en la que participó en la creación de herramientas de vinculación con el foro, como el concurso nacional de comentarios de sentencias y el anuario de jurisprudencia del tribunal. También relevó el papel de la Corte Suprema para fijar estándares y unificar la jurisprudencia ambiental.
Ángeles Mascano, abogada de la Pontificia Universidad Católica y magíster en derecho regulatorio, actual asesora del Tercer Tribunal Ambiental, planteó un diagnóstico de gestión. Sostuvo que en lo que va del año el tribunal ha recibido casi la misma cantidad de causas que durante todo el año anterior, lo que exige una mirada estratégica. Propuso metas de seguimiento mensuales y semestrales, el uso de herramientas tecnológicas para clasificar la carga de trabajo y una simplificación de la redacción de sentencias.
Amelia Sagredo Sepúlveda, abogada de la Universidad de Chile y magíster en derecho de los recursos naturales y medio ambiente de la Universidad del Desarrollo, centró su presentación en el desarrollo sostenible. Planteó que la judicatura ambiental debe ponderar la protección del medio ambiente, el desarrollo económico y el bienestar social, y que la revisión de la legalidad de los actos administrativos exige evaluar las consecuencias de las decisiones para las comunidades y el desarrollo regional.
Jenny Silva Barría, abogada de la Universidad de Chile y magíster en derecho ambiental de la misma casa de estudios, actual gerente legal de un sistema de gestión de la Ley REP, destacó su paso por el sector público, el ejercicio privado, la docencia y el trabajo con comunidades. Sostuvo que la demora en la resolución de los conflictos ambientales ha generado desconfianza institucional y que una justicia eficaz debe ser también oportuna, sin perder de vista los criterios jurídicos y técnicos.
El último en intervenir fue Felipe Tapia Valencia, abogado de la Universidad Alberto Hurtado y magíster en gobernanza de riesgos y recursos naturales de la Universidad de Heidelberg. Relató su experiencia como director regional de aguas en Tarapacá y su participación en la implementación de la reforma al Código de Aguas. Ofreció su especialización en recursos hídricos como un aporte relevante, dada la dimensión hídrica de una proporción significativa de las causas que conoce el tribunal.
DESAFÍOS DE LA JUDICATURA AMBIENTAL
Durante las exposiciones se repitieron ciertos ejes temáticos. Varios postulantes coincidieron en la necesidad de reducir los tiempos de tramitación y en el valor de conocer previamente el funcionamiento interno del tribunal. También se abordó la relación entre el derecho y las ciencias ambientales, en particular la integración del ministro de ciencias en esta institucionalidad.
En esa línea, Fuenzalida valoró el trabajo interdisciplinario y recordó que las resoluciones deben pronunciarse conforme a derecho. Tapia Valencia, por su parte, señaló que los antecedentes técnicos permiten comprender el conflicto, pero la decisión del tribunal debe estar fundada jurídicamente. Candia y Nostrosa indicó que su experiencia en propuestas legislativas junto a científicos le permitiría integrar los razonamientos jurídicos con las consideraciones técnico-científicas que requieren las causas ambientales.
GESTIÓN Y LEGITIMIDAD
La gestión del tribunal también fue central en las presentaciones. Mascano advirtió que la vacancia de ministros y el aumento de las reclamaciones exigen una planificación estratégica para evitar la profundización de las demoras. Silva Barría, en tanto, afirmó que la eficacia de la justicia ambiental depende de que las decisiones lleguen a tiempo, junto con un análisis riguroso de cada caso.
El conocimiento del territorio también tuvo espacio. Candia y Nostrosa expresó que es del sur de Chile y conoce las preocupaciones de quienes viven, trabajan e invierten en la zona. Tapia Valencia se definió como un abogado de terreno, con experiencia en distintas regiones del país y en conflictos asociados a los recursos hídricos y al medio ambiente.
Con estas presentaciones, el pleno de la Corte Suprema quedó en condiciones de elaborar la quina para la designación del ministro suplente del Tercer Tribunal Ambiental. La audiencia completa está disponible en el canal de YouTube del Poder Judicial Chile.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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