La Comisión de Obras Públicas del Senado sesionó este 5 de agosto de 2026 con la presencia del ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, en una jornada transmitida por el canal TV Senado Chile. La instancia buscaba destrabar el proyecto de ley que modifica las normas sobre autocontrol de pesaje para empresas generadoras de carga (Boletín N° 8654-15), luego de que el Ejecutivo retirara sus indicaciones anteriores y presentara un nuevo paquete de modificaciones con fecha 29 de julio.
La cuenta de la secretaría también dio cuenta del ingreso de una moción firmada por los senadores Gatica, Órdenes, Carter y De Urresti, que propone modificar la Ley de Concesiones de Obras Públicas para imponer al concesionario nuevas obligaciones de información y transparencia.
PUNTOS VARIOS Y PETICIONES LOCALES
Antes de entrar a la tabla, los senadores plantearon diversos asuntos. El senador Urrutia recordó el compromiso de recibir al director de Vialidad para abordar la situación de los caminos rurales, especialmente tras la destrucción de rutas en sectores rurales. La presidenta de la comisión señaló que se extenderá la invitación al Ministerio para conocer una nueva tecnología de asfaltos que reduce tiempos, costos y aumenta la durabilidad.
La senadora Órdenes, en tanto, solicitó retomar un proyecto de paseo peatonal o costanera en la playa de Coñaripe, en Panguipulli, financiado por Obras Públicas y detenido por la oposición de una minoría. Pidió que la Dirección de Obras Portuarias reevalúe la iniciativa. También planteó priorizar la conservación, recapado y reparación de la ruta 213H, entre Lanco y Malalhue, en la Región de Los Ríos, solicitud que atribuyó al alcalde Rocha y a dirigentes locales, por el mal estado del camino.
El senador De Urresti, por su parte, manifestó su preocupación por la suspensión de la licitación de las concesiones del Gran Concepción y pidió una jornada amplia sobre el estado de las concesiones, incluido el puerto de San Antonio. Puso especial énfasis en los accesos norte y sur a Valdivia, esperados hace décadas. La presidenta se sumó al requerimiento y recordó que uno de esos accesos, el de Pichoy-Paillaco, ha sido calificado como «la ruta de la muerte». Se acordó invitar a una próxima sesión al titular de la Dirección Nacional de Concesiones.
El senador Urrutia también pidió un oficio para conocer el estado de la concesión de la ruta 5 en el tramo Talca-Chillán, adjudicada a empresas chinas que, según dijo, no han ejecutado obras.
LAS NUEVAS INDICACIONES DE PESAJE
Sobre el proyecto de pesaje, el ministro reconoció que las posiciones de transportistas y generadores de carga son difíciles de conciliar y que se trata de un «juego suma cero». Pese a ello, se mostró disponible para seguir dialogando. El coordinador legislativo del Ministerio, Diego Pérez de Arce, explicó que las indicaciones reemplazan el texto anterior y contemplan cuatro artículos.
El artículo 53 fortalece el control de peso con tecnología automática. Se incorpora el sistema WIM, que permite pesar camiones en movimiento a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, aunque no se impondrá legalmente, quedando su implementación al reglamento, siempre que sea autorizado por la Dirección de Vialidad. Se establece una jerarquía de certificados con valor probatorio.
El artículo 53 bis define las empresas afectas: generadoras y de transferencia de carga que superen las 60.000 toneladas anuales, considerando cada punto de embarque. Quedan excluidas, por ejemplo, las empresas que reciben carga para abastecimiento directo al consumidor final, como los centros comerciales. También se contempla un régimen de excepción aleatorio para casos justificados, pensado en empresas agrícolas de temporada.
El artículo 53 ter mantiene la fiscalización en la Dirección de Vialidad y agrega sanciones por operar sin autorización, mantener sistemas descalibrados, manipular información de pesaje o usar indebidamente el control aleatorio. El artículo 53 quáter, en tanto, regula las responsabilidades: ante sobrepeso detectado en el despacho o en la ruta, responde la empresa generadora y el dueño de la carga; el conductor o propietario del vehículo podrá eximirse si acredita que la carga no fue manipulada. Los reglamentos deberán dictarse en un plazo de 12 meses y el umbral será revisado periódicamente.
DEBATE SOBRE EL UMBRAL Y NUEVO PLAZO
Durante la exposición surgió una duda sobre si el umbral de 60.000 toneladas se refiere solo a la carga o al camión con carga. Se explicó que la obligación recae sobre las generadoras que producen esa cantidad de carga, pero que lo que se pesa es el camión cargado. El senador Urrutia insistió en que quien daña el pavimento es el vehículo completo.
La votación, en todo caso, volvió a postergarse. El senador De Urresti propuso entregar al Ejecutivo 15 días más para reunirse con los gremios, moción que fue secundada por la mesa. El senador Carter condicionó su apoyo a que sea la última prórroga y aprovechó de criticar la presión de los grupos de interés, el comportamiento de los camiones en las carreteras y el uso de vías exclusivas para el transporte público en Santiago, que a su juicio afecta a los automovilistas.
Con el acuerdo de 15 días, la comisión citará a una nueva sesión para votar el proyecto, una vez que el Ministerio intente un acercamiento final entre transportistas y generadores de carga.
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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