El biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, compareció ante la comisión investigadora que indaga el uso de bots, desinformación y manipulación algorítmica en procesos electorales, identificada como CEI 13. En su exposición acotó su intervención a los actos de gobierno posteriores al 11 de marzo de este año y sostuvo que la actual administración no ha promovido la difusión de contenidos oficiales por vías ajenas a los órganos del Estado, en una sesión donde los diputados insistieron en sus oficios de fiscalización y en la revisión de contratos con empresas del rubro.
EL PERÍMETRO DEL MANDATO
El personero explicó que las comisiones investigadoras fiscalizan actos de gobierno y que, por esa razón, su exposición podía referirse únicamente a lo ocurrido a partir del 11 de marzo del presente año. El encargo de la instancia apunta a los actos del Ejecutivo vinculados al conocimiento, la prevención, la detección y la fiscalización del uso de bots, desinformación o manipulación algorítmica de plataformas y redes sociales en el marco de procesos electorales.
TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
Alvarado abrió su intervención con una declaración de principios: «la transparencia, la integridad de los procesos electorales y la confianza de los ciudadanos en la democracia son bienes públicos que se deben proteger siempre sin ningún tipo de distinción política». En la misma línea, afirmó que las comunicaciones institucionales se realizan mediante canales formales e identificables, con sujeción a la probidad, la transparencia y la responsabilidad de la función pública.
CONSULTAS SOBRE CONTRATOS
Los diputados Juan Santana y José Montalva reiteraron al ministro consultas que ya habían formulado por oficios de fiscalización, referidas a posibles contratos con algunas empresas del rubro investigado. Alvarado respondió que toda la información sobre adquisiciones está disponible en los canales de transparencia.
FACULTADES Y REGULACIÓN
Consultado sobre si el gobierno ha adoptado o tiene previsto adoptar alguna medida ante los antecedentes surgidos en los últimos meses, el biministro señaló que las redes sociales están sujetas a la regulación de, por ejemplo, los delitos informáticos, y que tanto el Ministerio Público como el Servicio Electoral tienen facultades en ese ámbito. Añadió que el Ejecutivo está disponible para conversar y revisar las propuestas que se planteen en el debate legislativo.
MERCENARIOS DIGITALES
La comisión también escuchó a Francisca Skoknic, subdirectora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística y parte del proyecto de investigación denominado Mercenarios digitales. Ese trabajo, iniciado en 2023, revisó la acción de estrategas de campañas de desinformación en distintos países de América Latina. La periodista explicó que al cruzar la información se repitió el nombre de Fernando Cerimedo y que, en el caso chileno, aparecía vinculado a las campañas de entrada y salida del primer proceso constituyente.
Legisladores como Paz Charpentier, Francisco Orrego, José Carlos Meza, Gonzalo Winter y Luis Cuello plantearon consultas a la profesional. Entre los temas abordados figuraron el impacto que estos mecanismos de desinformación pueden tener en los cambios de votación y si la investigación incluyó los aportes realizados por el anterior gobierno a medios en medio de la campaña del primer proceso constitucional.
EL DEBATE SOBRE EL ALCANCE
Previo a escuchar a los invitados, la comisión abordó un asunto planteado por la diputada Chiara Barchiesi, quien se refirió a informes sobre una posible manipulación de espacios digitales en el marco del estallido social de 2019, con intervención incluso de cuentas desde el extranjero. Los diputados de oposición, promotores de la instancia, recordaron que ésta tiene un mandato específico aprobado por la Sala y que, por lo tanto, no es posible añadir otros objetivos. Recalcaron que el encargo consiste en investigar la manipulación en procesos electorales desde el año 2020 en adelante.
APLICABILIDAD PARA ABOGADOS
Para quienes siguen materias electorales, administrativas o penales, la sesión identifica los frentes que el propio biministro mencionó: la regulación aplicable a las redes sociales a través de los delitos informáticos, las facultades del Ministerio Público y las del Servicio Electoral. En materia de compras y contrataciones, el personero remitió a los canales de transparencia, donde según dijo está disponible toda la información sobre adquisiciones, mientras que el perímetro temporal de la comisión quedó delimitado por el mandato aprobado por la Sala y por la regla de que las comisiones investigadoras fiscalizan actos de gobierno.
En nuestra lectura, la sesión refleja una instancia que intenta ceñirse a un objeto acotado mientras recibe antecedentes que exceden ese perímetro, y el resguardo del mandato aprobado por la Sala parece el punto más delicado del debate. Sería prudente que la distinción entre los actos de gobierno que se fiscalizan y las conductas que corresponden a otros órganos quede explicitada en las próximas citaciones.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile
Documento original: https://www.camara.cl/cms/2026/10/22/cei-aborda-antecedentes-sobre-campanas-de-desinformacion/
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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