El Consejo de Defensa del Estado (CDE) contraatacó con fuerza la demanda de la pesquera Camanchaca, que exige al fisco una indemnización de 100 millones de dólares por los efectos de la Ley de Fraccionamiento Pesquero. En su contestación, el organismo de defensa fiscal sostiene que aceptar la pretensión de la empresa equivaldría a castigar con dinero la voluntad popular expresada por el Congreso, sentando un precedente que inmovilizaría cualquier reforma legislativa futura.
La acción judicial fue presentada en febrero de este año por Camanchaca, firma controlada por las familias Fernández y Stengel, y se suma a una ola de demandas de otras compañías del sector. Blumar es la que reclama el monto más alto, con 216 millones de dólares, seguida por Camanchaca con 100 millones. Todas ellas cuestionan la modificación legal que alteró la distribución de cuotas de captura entre la flota industrial y la artesanal.
EL NÚCLEO DEL RECHAZO
El escrito presentado por el abogado del CDE, Leonardo Corral, desmonta la tesis de la pesquera con un argumento central: no existe un derecho de propiedad sobre una cuota global de captura, ni sobre la forma de distribuirla entre sectores. Lo único que existe, según la defensa del Estado, es una licencia otorgada por un plazo fijo que consigna una repartición específica entre las empresas.
«Nadie puede aprovecharse selectivamente de los términos de una ley para abultar sus proyecciones de supuestas utilidades reducidas a causa de la implementación de una ley y, al mismo tiempo, demandar al Estado exigiendo que esa misma norma sea tratada como un ilícito del cual emana su daño», plantea Corral en el texto. La defensa califica de «jurídicamente insostenible» la estimación económica de la demandante.
El CDE refuerza su postura recordando que la cuota de captura es definida técnicamente por la autoridad competente, la distribución entre sector industrial y artesanal es determinada por una ley del Congreso, y la asignación de áreas de pesca es facultad de la administración. Por tanto, la empresa no es dueña de una cantidad específica de peces, sino de su respectiva licencia.
EL RIESGO PARA EL PROGRESO SOCIAL
Uno de los planteamientos más contundentes del CDE utiliza la doctrina del jurista español Eduardo García de Enterría: si los jueces acogieran la indemnización, estarían «sancionando» pecuniariamente la voluntad popular expresada en la ley, lo que contradice el sistema democrático. El legislador debe tener libertad para adaptar el derecho a circunstancias sociales y políticas cambiantes.
«Imponer indemnizaciones por cada cambio normativo impediría el progreso social al obligar a pagar una especie de ‘peaje’ a quienes se beneficiaban de la legislación anterior», advierte el documento. De lo contrario, el ordenamiento jurídico quedaría congelado, imposibilitando reformas necesarias en distintas áreas del derecho.
La defensa del Estado va más allá y alerta sobre el riesgo fiscal: «una responsabilidad generalizada por los efectos de las leyes podría llevar a la quiebra del Estado y a la ruina de la Hacienda Pública, especialmente en reformas que afectan a grandes grupos de ciudadanos». Añade que la Constitución permite al legislador delimitar el contenido de la propiedad según su función social, sin obligación de indemnizar esas limitaciones.
VISIÓN DEL GOBIERNO ACTUAL
Las demandas se originaron por una ley aprobada durante la administración del presidente Gabriel Boric. Con el cambio de gobierno, surgieron dudas sobre si la nueva administración de Kast mantendría la defensa. El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, aclaró hace meses que la postura del Ejecutivo es apoyar plenamente el trabajo del CDE. «Evidentemente, la judicialización de este tipo de acciones es algo que no es de corto plazo. Probablemente, estas demandas van a durar años», declaró.
De esta manera, el litigio entre el fisco y las pesqueras por el fraccionamiento de las cuotas se perfila como una batalla judicial extensa, donde el CDE ha sentado una línea argumentativa firme: la voluntad democrática del legislador no puede ser indemnizada a través de los tribunales.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
Acerca del Autor
