La Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó prisión preventiva para Michael Clark y otros cuatro excontroladores de Sartor, en el marco de la audiencia de formalización del denominado Caso Sartor. La petición se produjo esta jornada ante el tribunal, que también resolvió medidas cautelares de diversa intensidad para el resto de los imputados.
La magistrada Paulina Moya informó que el Ministerio Público pidió prisión preventiva respecto de Pedro Pablo Larraín, Carlos Emilio Larraín Mery, Michael Clark Varela, Rodrigo Eduardo Bustamante y Sergio Manuel Yáñez. Los cinco forman parte del grupo de excontroladores de la administradora general de fondos, acusados de utilizar dineros de inversionistas para fines personales y para beneficiar a sus propias empresas.
SOLICITUD DE PRISIÓN PREVENTIVA
La medida más gravosa fue solicitada para cinco de los imputados, todos vinculados al control de Sartor. El tribunal deberá resolver la procedencia de la prisión preventiva en las próximas jornadas, luego de escuchar los argumentos de las partes.
Para Óscar Ebel Sepúlveda y Alfredo Harz Castro, el Ministerio Público pidió arresto total y arraigo nacional. En el caso del primero, el tribunal ya decretó su arresto. Para el segundo, la medida se discutirá el lunes, jornada en que también se debatirán las demás cautelares.
En tanto, Mauro Valdés Racyznski, Miguel León Núñez y Hugo Baranda Peralta quedaron sujetos a medidas de menor intensidad. Los dos primeros deberán cumplir arresto parcial, arraigo nacional y firma. Baranda Peralta, en cambio, quedó con arresto total y arraigo nacional.
DELITOS ECONÓMICOS IMPUTADOS
Durante la audiencia, el Ministerio Público terminó de exponer los hechos acusatorios contra los imputados. Los formalizados enfrentan cargos por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones, conocida como OPA.
En términos generales, la acusación sostiene que los controladores de Sartor usaron los dineros invertidos en la administradora para priorizar el beneficio de sus propias empresas o de sus personas, por sobre el deber fiduciario de proteger los recursos de los aportantes. El perjuicio estimado por la fiscalía supera los 190 millones de dólares.
EL ESQUEMA DE DEFRAUDACIÓN
El fiscal Juan Pablo Araya explicó que el Caso Sartor constituye una defraudación financiera en la que quienes administraban patrimonios de fondos públicos —no dinero fiscal, sino recursos de aportantes públicos captados a través de un jefe— utilizaron esos fondos para realizar operaciones con relacionados.
Según el persecutor, los imputados desarrollaron negocios mediante triangulaciones con sus propias empresas y con fondos privados que administraban y que no están regulados por la Comisión para el Mercado Financiero. Así, lograron desviar recursos para hacer negocios que beneficiaron a ellos y a sus sociedades, en desmedro de los aportantes.
Araya subrayó que esas operaciones produjeron grandes pérdidas que, finalmente, no fueron asumidas por los socios ni por los directores que se beneficiaron, sino por los aportantes. Esa estructura de desvío es el núcleo de la imputación fiscal.
SITUACIÓN DE MICHAEL CLARK
El fiscal dedicó un apartado especial al rol de Michael Clark dentro del esquema global de Sartor. Según Araya, a Clark se le imputó la administración desleal con la penalidad más alta, considerando los montos defraudados.
Además, se le atribuye una negociación incompatible con operaciones específicas, entre ellas la compra del bono Nexus, realizada a través de su sociedad. De acuerdo con los antecedentes que maneja el Ministerio Público, Clark ocultó a varios directores los fines para los cuales pidió un financiamiento de la propia sociedad en la que participaba como director.
PRÓXIMOS PASOS
La audiencia de formalización continuará el lunes, cuando se discutan las medidas cautelares pendientes. El tribunal deberá pronunciarse sobre la prisión preventiva solicitada para los cinco excontroladores y resolver la situación de Alfredo Harz Castro, cuya cautelar quedó pendiente.
El caso mantiene en vilo al mundo financiero chileno, tanto por el monto del perjuicio como por la naturaleza de las conductas imputadas. La decisión del tribunal marcará un hito en la tramitación de una de las causas económicas más relevantes de los últimos años.
Fuente: EMOL
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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