El exministro del Interior Gonzalo Blumel contradijo este martes al ministro de Seguridad Martín Arrau y afirmó que preferiría ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos antes que por los de El Salvador, en medio del debate generado por las declaraciones sobre el modelo penitenciario de Nayib Bukele.
La controversia surgió tras el despliegue comunicacional de la llamada Operación Cancerbero, que inició el traslado de reclusos al nuevo recinto penal de La Laguna, en Talca. El ministro Arrau profundizó la comparación en una entrevista con Tolerancia Cero, donde señaló que si él fuera preso preferiría estar en una cárcel salvadoreña antes que en una chilena.
El actual titular de Seguridad reconoció que no defiende la política del presidente Bukele, pero calificó como triste el estado de abandono de las cárceles chilenas. Sus dichos abrieron un debate sobre la eventual influencia del modelo centroamericano en las reformas de seguridad que impulsa el Ejecutivo.
CONTEXTO DE LA POLÉMICA
Blumel, quien fue ministro durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, abordó el tema en conversación con Desde la Redacción de La Tercera y descartó que las reformas del gobierno se asimilen al modelo de El Salvador.
A su juicio, el mensaje y el articulado propuesto por el Ejecutivo establecen principios que deben compatibilizarse: democracia, libertad, estado de derecho y seguridad. Agregó que en las materias más relevantes serán los tribunales y los órganos jurisdiccionales quienes determinen las responsabilidades penales de las personas.
En cambio, sostuvo que en El Salvador es el poder político el que encierra y encarcela sin control de una judicatura independiente. Para Blumel, esa línea no se ha cruzado en las propuestas chilenas, que preservarían esos principios.
LA RESPUESTA DE BLUMEL
El exministro se distanció explícitamente de la comparación realizada por Arrau la noche del lunes. Señaló que prefiere mil veces ser perseguido y juzgado por tribunales chilenos antes que por los de El Salvador, y calificó esa opción como indiscutible.
Blumel fundamentó su postura en que Chile cuenta con un Estado de Derecho, mientras que El Salvador es un régimen criticado por los organismos internacionales de derechos humanos. Cuestionó la separación de poderes y el ordenamiento jurídico del país centroamericano.
Pese a la diferencia pública con el ministro de Seguridad, Blumel restó importancia al aspecto comunicacional de la discusión. Planteó que le preocupa más que el ordenamiento jurídico e institucional de las normas de seguridad sea sólido y fuerte, pero que respete de manera estricta el Estado de Derecho y los derechos fundamentales.
REFORMA CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD
La noche del lunes, el Ejecutivo ingresó al Senado su reforma constitucional en Seguridad, que contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental. Entre ellas se mantienen la creación de un nuevo estado de excepción constitucional y las inhabilidades en derechos para condenados por terrorismo o crimen organizado.
Consultado sobre estas medidas, Blumel reconoció que mantiene preocupaciones sobre las modificaciones propuestas por el gobierno. Advirtió que siempre hay que tener cuidado al entregar herramientas poderosas al Estado para afectar derechos fundamentales y garantías.
En su razonamiento, un buen gobierno puede usar esas herramientas por buenas razones, pero un mal gobierno podría emplearlas por malas razones. Esa tensión, dijo, debe ser considerada al momento de evaluar el contenido de la reforma.
PREOCUPACIONES SOBRE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
En particular, Blumel centró su inquietud en el nuevo estado de excepción y en la extensión propuesta por el gobierno de hasta 240 días con posibilidad de prórroga. También cuestionó la interceptación de comunicaciones sin control jurisdiccional.
Aclaró que comparte la necesidad de intervenir comunicaciones del crimen organizado y de grupos terroristas. Sin embargo, recordó que la normativa vigente ya permite solicitar autorizaciones a los jueces y que ese mecanismo ha funcionado razonablemente bien en numerosas investigaciones recientes.
Con ello, el exministro marcó distancia frente a los alcances de la iniciativa gubernamental y llamó a preservar los mecanismos de control judicial existentes. Su postura refuerza el debate sobre los límites entre seguridad y garantías en la discusión legislativa que recién comienza.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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