Comisión Mixta revisa secreto bancario y crimen organizado
La comisión mixta encargada de zanjar las diferencias entre el Senado y la Cámara de Diputados en el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta de actividades vinculadas al crimen organizado, boletín 15.975-25, destinó su sesión del 28 de octubre a recibir las propuestas de la banca y del Ejecutivo en materia de secreto bancario y plazos procedimentales. La transmisión de TV Senado Chile registró las exposiciones de José Manuel Mena, presidente del directorio de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, y del subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, invitado a la instancia, comunicó que no podría asistir por razones de agenda.
En la cuenta, la secretaría informó que el diputado Leandro Kunzman reemplaza de manera permanente a Cristian Araya como integrante de la comisión y que, durante esta sesión, sería sustituido por Alejandro Riquelme. La presidencia explicó que la jornada se dedicaría a las exposiciones pendientes y fijó el plazo para presentar indicaciones hasta el viernes, a las 23:59 horas, con el fin de que la secretaría pueda elaborar el comparado.
PROPUESTAS DE LA BANCA
Mena expuso por videoconferencia y advirtió al comenzar que tenía problemas de audio. Su diagnóstico fue que el acceso a información cubierta por el secreto bancario sin control jurisdiccional debe examinarse a la luz del equilibrio entre el mandato legal de la UAF y el resguardo de las garantías constitucionales del debido proceso y de la vida privada. Sostuvo que ese control opera como un seguro tanto para el titular de los datos como para la autoridad administrativa que los requiere, y que una revisión posterior puede resultar ineficaz cuando la afectación ya se produjo. Recordó que entre 2017 y 2025 la UAF pidió el levantamiento del secreto en 64 oportunidades y que lo obtuvo dentro del plazo de tres días que fija la ley.
Sobre ese marco, planteó reducir de tres días a uno el plazo del ministro de Corte de Apelaciones para resolver y bajar a cinco días hábiles bancarios la entrega de información por parte de las instituciones financieras. También propuso facultar al Ministerio de Hacienda para reglamentar los formatos de requerimiento que la UAF envía a la corte y a los sujetos obligados, con base en la experiencia desplegada junto al Ministerio Público, donde, según su relato, un formato estándar y contactos disponibles las 24 horas permitieron responder oportunamente, y donde se trabaja en un esquema de transmisión por API que ya cuenta con un piloto.
A ello sumó la creación de un repositorio centralizado de operaciones sospechosas, accesible a los sujetos obligados autorizados por la UAF, con facultades para regular su contenido y para fijar sanciones penales por acceso no autorizado, citando experiencias de México, Brasil, Singapur, Estados Unidos y el Reino Unido. Propuso, además, habilitar a la UAF para ordenar el cierre de productos financieros dentro de dos meses desde recibido el reporte, o para exigir que no se cierren por un máximo de tres meses, cuestión que vinculó a la falta de retroalimentación que, según dijo, han tenido los bancos.
En el mismo listado incluyó eliminar el secreto que hoy cubre a las tarjetas de pago prepagadas, reguladas en el artículo 154 de la Ley General de Bancos, limitar sus saldos máximos, aspecto que hoy regula el Banco Central, y ampliar el alcance del levantamiento ya autorizado a las operaciones derivadas de una transacción reportada como sospechosa.
INTERVENCIONES PARLAMENTARIAS
El senador Núñez consultó por esa última propuesta y señaló que, aun cuando prefiere el levantamiento administrativo del secreto, veía allí un punto de posible consenso; pidió al Ejecutivo recoger la idea de la asociación como indicación propia y mencionó una indicación más avanzada presentada junto al senador Castro. El senador Vial leyó en la exposición de la banca una coincidencia en que el problema central está en el procedimiento y no en el control de legalidad, y sugirió vías expeditas según el riesgo que arroje el análisis de inteligencia.
En la Cámara de Diputados se valoró que la asociación llegara con propuestas concretas y se consultó por el plazo de dos meses para el cierre de cuentas; también se pidieron precisiones sobre el alcance de la facultad de monitoreo y sobre la suspensión de productos. El senador Lonton preguntó, en cambio, por el modo en que los bancos entregan la información a la UAF y al Ministerio Público, y si existe un protocolo uniforme para facilitar su revisión.
LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO
Vallebona precisó que la comisión mixta debe pronunciarse sobre el artículo primero, relativo al objeto y los integrantes; el artículo séptimo, inciso tercero, sobre el comité de coordinación; el artículo 11, número 2, letra B, literal 3, y el artículo 15, numerales 5 y 6, referido a la Comisión para el Mercado Financiero. Detalló que el Ejecutivo propone mantener un sistema y no un subsistema, compuesto por la UAF, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas a través de sus unidades de inteligencia y análisis económico, con un ámbito que cubre lavado de activos y conductas terroristas y que se extiende a personas, agrupaciones y asociaciones. La UAF actuaría como coadyuvante del Ministerio Público, sin dirigir la investigación ni ejercer la acción penal.
En materia de secreto bancario, planteó rebajar de tres días a 24 horas el plazo para la autorización judicial; un monitoreo de los productos involucrados por hasta 30 días, prorrogable una vez, sin que los bancos puedan cerrarlos ni restringirlos por causa de ese monitoreo; una habilitación judicial complementaria, mediante anexo, cuando el dinero pase a otra cuenta; el plazo de cinco días hábiles para remitir información; un expediente con carácter de secreto y de tramitación electrónica, y una suspensión de productos en transacciones de alta prioridad por 15 días, ampliable por otros 15, coordinada con el Ministerio Público. Añadió que, con indicios fundados de delito, la UAF podrá remitir antecedentes al Ministerio Público y que se contemplan trámites paralelos para que los bancos adelanten sus procesos internos. En el artículo 15 se reemplaza la tesorería comunal por el Servicio Nacional de Tesorería y se amplía de dos a tres años la prescripción de la acción de cobro.
El senador Vial insistió en restituir la figura del subsistema dentro del sistema de inteligencia del Estado; la presidencia aclaró que ese punto no forma parte de la discrepancia en resolución y que requeriría unanimidad. Mena, consultado nuevamente, precisó que la ampliación que propone no es automática, sino referida a operaciones ligadas a la cuenta investigada, y dejó su redacción al ámbito legal.
En nuestra lectura, el interés de esta sesión está en que las propuestas de la banca y del Ejecutivo se ordenan sobre un mismo problema de diseño procedimental, más que sobre la procedencia del control jurisdiccional, que la propia asociación defendió. Parece prudente seguir con atención el comparado que se prepare tras el plazo de indicaciones, porque allí se podrá apreciar qué fórmulas quedan efectivamente sobre la mesa.
Nota del Editor: Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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